Morelia, Michoacán.-Hoy se cumplen 13 años del primer acto terrorista en México, ocurrido en Morelia, Michoacán, durante la Conmemoración de Grito de Independencia en la plaza Ocampo, frente a Palacio de Gobierno. Corría el 2008 cuando el entonces gobernador del estado Leonel Godoy Rangel se aprestaba para la ceremonia cuando granadas hicieron pedazos a casi una decena de espectadores.
El tiempo ha pasado y los responsables del atentado no han sido llevados ante la justicia. El saldo oficial fue de 150 personas heridas y nueve más que perdieron la vida. Un ataque terrorista que tiene efectos hasta nuestros días, pero cero respuestas y realidades de lo que sucedió realmente en ese día.
Las autoridades municipales encabezadas por el alcalde Alfonso Martínez Alcázar realizaron este miércoles un homenaje a la víctimas del fatídico día. Ahí, el político aseguró que no dio instrucciones de restringir la entrada a la plaza ─actualmente bloqueada por acuerdo del Comité Municipal de Salud─ a las víctimas del ataque, quienes aún exigen justicia.
Por su parte, afectados por el incidente señalaron que pese a los pronunciamientos de apoyos otorgados por autoridades en la entidad, enfrentan condiciones complejas por los altos costes de los medicamentos que requieren, la incapacidad permanente para laborar que manifiestan y los bajos montos de las pensiones y ayudas que reciben o la ausencia de éstas.
El ataque perpetrado con granadas hace 13 años en contra de las personas que festejaban el Grito de Independencia hecho inédito en nuestro país y calificado oficialmente como terrorismo, ha quedado impune hasta ahora.
Esto luego de la sentencia final emitida por un Tribunal en el 2019, Colegiado Federal cuyos magistrados resolvieron, en definitiva, la absolución de cuatro sujetos a los que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) acusó de pertenecer a Los Zetas, y de ser los responsables del ataque, pero que a la postre se descubrió que fueron detenidos ilegalmente y torturados para que se declararan culpables.
Como resultado el caso no está esclarecido, pero eso no es todo. Al no haber sentencia no se conoce la verdad de los hechos, y tampoco hay responsables que reparen el daño que más de ocho familias reclaman entre los que se encuentran, por ejemplo, una mujer que perdió una de sus piernas, o menores de edad que aun padecen secuelas de la explosión.
El 26 de septiembre de 2008, unos 14 días después del ataque con granadas de fragmentación, la extinta Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a tres sujetos a los que acusó ante un juez de ser los autores materiales del ataque. Posteriormente extendería la acusación en contra de otra persona más. Los delitos que les imputó iban desde el homicidio hasta el terrorismo.
Seis meses más tarde, en noviembre del mismo año, la hoy Fiscalía General de la República consiguió revivir temporalmente el caso luego de que un tribunal unitario revocó la sentencia absolutoria y ordenó la reaprehensión de los implicados, para que se les practicara el denominado Protocolo de Estambul, que sirve para confirmar huellas de tortura.
Sin embargo los implicados – ya liberados – promovieron y ganaron un juicio de amparo que nuevamente frenó el caso. La PGR intentó apelar dicha determinación y el expediente llegó este año al Primer Tribunal Colegiado cuyos magistrados resolvieron, en junio pasado, confirmar el amparo y absolución de los implicados, según datos de Animal Político
Tal como lo ha dado conocer la revista Proceso, los funcionarios consultados luego de que la ex subprocuradora Marisela Morales diera a conocer la captura de los tres supuestos integrantes del grupo de sicarios al servicio del cártel del Golfo, señalaron que los detenidos estaban en un fuerte estado de intoxicación al momento de arrojar las granadas, y solamente fueron contratados para realizar esos actos el 15 de septiembre.
La exfuncionaria afirmó que los detenidos “declararon ante esta autoridad federal haber sido quienes detonaron granadas de fragmentación contra las personas reunidas en esa ciudad a causa de los festejos populares”.
El atentado del 15 de septiembre en Morelia, Michoacán, buscó amedrentar y provocar al gobierno, confesó Juan Carlos Castro Galeana, uno de los tres presuntos sicarios usados por Los Zetas para perpetrar el ataque. También dijo que el ataque no fue dirigido contra alguien en especial y narró cómo escaparon frente a más de 500 policías.
“Yo pienso en ese aspecto… para eso eran las granadas… para amedrentar y provocar al gobierno más que nada… ese era más o menos el objetivo que yo comprendí”, expuso, según información difundida por las autoridades federales.
─¿Arrojar las granadas no tenía como objetivo ninguna persona en específico?─, se le preguntó a Castro Galeana durante un interrogatorio.
—No, señor─, respondió el detenido.
La pregunta inmediata al presunto sicario fue: “entonces, ¿por qué lanzarla donde estaba toda la gente?”.
“Yo la verdad cuando la arrojé, yo sentía desesperación por deshacerme de ella”, respondió.
Julio César Mondragón, quien arrojó la otra granada en Madero y Quintana Roo, aceptó ante el fiscal que el artefacto explosivo le fue entregado una hora antes de detonarla, y siempre la tuvo en la bolsa de su pantalón.
Ambos acusados y presuntos miembros de Los Zetas que recibieron las granadas en un domicilio de Morelia, revelaron cómo llegaron hasta el lugar del ataque y su huida.
Además del interrogatorio, reportes sobre los detenidos indican que todos residían en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
De acuerdo con el expediente del caso, Raúl Espinoza de los Monteros, abogado de Alfredo Rosas Elicea, acusó al general Mario Arturo Acosta Chaparro Escápite de fabricar junto con el cártel de La Familia Michoacana y la PGR la detención de los tres michoacanos inculpados.
Espinoza de los Monteros demostró que sus representado y los otros dos implicados fueron privados de su libertad por delincuentes que no eran agentes de alguna corporación y obligados a firmar una confesión bajo tortura. Además, probó con testigos y documentos, que los acusados no estuvieron en Morelia el día del atentado.
“Es que hay una bola de mentiras en el procedimiento. La primera es que ellos hayan participado en el evento. A los implicados los pone el crimen organizado, conjuntamente con el Ejército y participa el general Acosta Chaparro en el operativo”, aseguró.
Además, se comprobó que las dos granadas de fragmentación que detonaron los criminales en Morelia pertenecen a un lote de 100 que fue robado por un cabo de infantería de un cuartel militar de Iguala, Guerrero.
Señaló que incluso, de acuerdo a los videos que obran en el expediente, la Policía de Michoacán detuvo a las tres personas que sí participaron en los atentados y las dejaron ir, y, por el contrario, sus defendidos, quienes se dedicaban al trabajo y a sus hogares, fueron detenidos el 21 de septiembre de 2008 como presuntos responsables materiales de los atentados en Morelia.
Detalló que uno, era trabajador de la construcción (de nombre Alfredo Rosas), el otro mecánico (Juan Carlos) y el tercero ingeniero civil (Julio César). Todos originarios del municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Espinoza de los Monteros detalló que su defendido fue torturado y por la gravedad de las lesiones con las que llegó a la Ciudad de México tuvo que ser traslado a una torre médica. En ese sentido, Espinoza de los Monteros explicó que Rosas Elicea no firmó la declaración porque estaba grave y en la PGR falsificaron la firma en la declaración preparatoria donde supuestamente confesaban su responsabilidad, lo cual probó mediante peritajes.
Aseveró que el conjunto de irregularidades en las investigaciones, la siembra de pruebas de la PGR, y todos los elementos antes señalados del expediente, permitieron que a través de un amparo, el abogado lograra que los tres implicados pudieran enfrentar el resto de su proceso en libertad condicional.
El 27 de mayo del 2015, los detenidos fueron absueltos de tres de los seis delitos que se les imputaban: delincuencia organizada con la finalidad de cometer terrorismo, terrorismo y delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud. Los cargos por los que todavía se les acusan son: delitos de Homicidio Agravado, Posesión de granadas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como Lesiones calificadas.
Sin embargo, el 30 de enero de 2016, fueron dejados en libertad bajo caución, luego de que la defensa confirmara en una segunda instancia que habían sido torturados para declararse culpables y la “siembra de pruebas” en su contra a manos de la PGR.
El atentado del 15 de septiembre del 2008 de Morelia, aún no tiene dueño.
