Trump, los cárteles y Sheinbaum
Carlos Delgadillo Macías
A diferencia de Nicolás Maduro, no hay ninguna amenaza contra la presidenta Claudia Sheinbaum ni posibilidad alguna de que le suceda algo remotamente parecido a lo que hizo Estados Unidos con el presidente venezolano, ahora recluido en una cárcel de Nueva York.
Washington no ha acusado nunca a la presidenta de formar parte de ningún cartel. Lo que Trump ha declarado es que los carteles gobiernan en lugar de ella, con lo que quiere decir que el Estado mexicano no tiene el poder de combatir al narco. Y en buena medida es cierto.
Lo que quisiera Trump es que Estados Unidos pudiera combatir los carteles directamente en territorio mexicano, con todo su poderío militar. Y le resulta frustrante que el gobierno mexicano no acepte.
No comprende que Sheinbaum no puede dejar simplemente que la Casa Blanca decida qué mexicanos viven y mueren en México. Es un tema de soberanía nacional pero también de Estado de derecho. Las formas de Estados Unidos de matar desde aeronaves a todos los que parezcan sospechosos son inaceptables para la presidenta mexicana (y para cualquier persona con un mínimo de prudencia).
Si la base social de los carteles está en los jóvenes pobres sin oportunidades, sería una locura permitir que sobre ellos llovieran las bombas y los misiles de Estados Unidos. Sería un exterminio de la población más vulnerable que se ha visto conducida y en muchísimos casos reclutada de forma forzosa o engañosa por las organizaciones criminales.
La concepción dualista del bien y el mal que domina la mentalidad norteamericana resulta absurda frente a lo complejo de la realidad concreta mexicana. Los criminales no salen de la nada y la conducta delictiva tiene una base material, económica. No es un tema esencialmente moral que tenga como solución el castigo y la aniquilación masiva.
Un oligarca como Donald Trump puede haber concluido en su cabeza que los ricos y “exitosos” son los “buenos”, mientras que los miembros de carteles son “malos” y merecen la muerte. Pero la realidad de la división en clases, en la que personajes como él desempeñan el rol de opresores, es radicalmente distinta.
Si hay que quitarles la base social a los carteles eso no significa asesinar a los pobres en masa desde buques, aeronaves y drones de millones de dólares. Sino que implicaría redistribuir radicalmente la riqueza concentrada en pocas manos para mejorar la situación material de millones de personas. Y eso es parte de la lucha de clases.
Para 2026, Estados Unidos ha aprobado 901 mil millones de dólares para gasto militar. Y existe la propuesta de que para 2027 ese gasto se eleve a US$1.5 billones. Como comparación, todo el presupuesto mexicano para cubrir todas las áreas (salud, educación, seguridad, carreteras, pago de deuda, salarios de todos los funcionarios públicos) es menor que lo que gasta Estados Unidos sólo en su milicia. Si por lo menos una fracción del dinero que Washington gasta en armas y soldados lo invirtiera en el desarrollo económico regional con proyectos productivos y sociales, quizá no tendríamos que llegar al punto de tener que violar el derecho internacional y atentar contra la soberanía de otros países.
En 2025, Washington sólo destinó alrededor de 720 millones de dólares para el desarrollo de Centroamérica, proyectos de la USAID y la Fundación Interamericana (IAF, por sus siglas en inglés). Todos esos fondos y presupuestos han sido congelados o eliminados para este 2026.
La derecha mexicana puede imaginarse a Sheinbaum siendo encarcelada como Maduro, pero eso jamás va a suceder y nadie se lo plantea. El asunto más bien está situado en la diferencia de la concepción de la conducta criminal entre la tradición liberal de origen protestante y puritana, por un lado, y la tradición de izquierda materialista y socialdemócrata, por el otro.
El Estado mexicano no puede luchar contra los carteles en la medida en que ha sido incapaz de redistribuir la riqueza que está exageradamente concentrada en manos de personajes como Ricardo Salinas Pliego, justo el mismo que ahora encabeza el ala de la oposición más visceral.
Como no se puede contar con Estados Unidos para financiar proyectos de desarrollo social, económico o comunitario con políticas públicas que atiendan las causas de la criminalidad (y también de la migración ilegal) se vuelve ineludible la tan postergada como necesaria reforma fiscal progresiva, que apunte hacia el patrimonio, los altos ingresos, las herencias, las operaciones bursátiles y los rendimientos de las grandes compañías y fortunas.
México sigue siendo uno de los países que menos recauda en América Latina, en términos relativos a Producto Interno Bruto (PIB). Está por debajo del promedio regional, que es del 21.3%, con una recaudación promedio del 17.7%, menor a las de Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Colombia. Esta debilidad fiscal inhabilita al Estado mexicano en varias áreas. Comparado con los países sudamericanos mencionados, es el que menos gasta de todos en seguridad (0.9% del PIB), salud (2.5%) y educación pública (3.2%). El resultado es un panorama pésimo para afrontar las raíces de la delincuencia y también para proteger a la ciudadanía del reto de los carteles y la violencia del narco.
Pareciera que la dinámica de la historia está forzando a que por fin el gobierno de izquierda moderada de Morena dé los siguientes pasos en la tan cacareada “Cuarta Transformación”. Ya es un asunto de seguridad nacional.
