Guadalajara, Jalisco.-La administración municipal de Tequila, Jalisco, enfrenta un colapso institucional tras la captura de su titular, Diego “N”, quien fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano. La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que el primer edil encabezaba una estructura delictiva que utilizaba el aparato gubernamental para ejecutar secuestros y financiar a una organización criminal de alcance nacional.
El mecanismo del “cobro de piso” oficial
De acuerdo con las indagatorias integradas en la solicitud de orden de aprehensión, Rivera Navarro presuntamente operaba un esquema de extorsión basado en el sistema formal de multas y clausuras del ayuntamiento. Testimonios ministeriales de regidoras del propio cabildo señalan que el alcalde utilizaba al departamento de Padrón y Licencias para presionar a comerciantes y grandes consorcios tequileros.
La regidora Luz Elena Aguirre Sandoval detalló ante la FGR el modus operandi de la administración, según cita Proceso:
“Diego y su administración operan extorsionando a los empresarios y pequeños comercios mediante un sistema de multas ilegales y cierre de negocios; si no pagan, los clausuran, los amenazan con los nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y les llegan personas armadas de este grupo si no acceden a pagar”.
En otra denucia en contra del político morenista, se denuncia también un pacto con el Cártel Jalisco Nueva Generación, al que le habría prometido una entrega de 40 millones de pesos al año.
Sometimiento político y represalias
La investigación no solo abarca delitos patrimoniales, sino también el uso de la fuerza para el control político. Las regidoras Evelyn Sarahí Castañeda Chávez y Alondra Romero Cordero denunciaron haber sido víctimas de violencia política de género y coacción. Castañeda Chávez expuso que su salario fue reducido a la mitad como medida de presión para manipular sus votos en el cabildo y que, tras oponerse a un endeudamiento público de 20 millones de pesos, el negocio de su hija fue clausurado arbitrariamente.
Por su parte, Romero Cordero vinculó la administración de Diego “N” con la presencia de personal ajeno al municipio en la nómina pública, señalando la existencia de “colombianos y gente de Michoacán” presuntamente vinculados a grupos operativos del cártel.
Impacto en el sector industrial
El alcance de las extorsiones habría afectado a figuras clave de la industria emblemática de la región. En el expediente se mencionan presuntas exigencias económicas millonarias contra empresas como:
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José Cuervo
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Fábrica La Cofradía (con exigencias reportadas de hasta 6 millones de pesos)
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Fábrica Lieros y La Rienda
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Gasolinera ‘Tequila’
- Guías de turismo (con exigencias de cuotas para poder operar, además de uso obligatorio de uniforme vinculado al ayuntamiento)
Contexto judicial
La orden de captura contra el munícipe fue emitida el pasado 31 de enero por el juez de control Mario Elizondo Martínez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México. Se le imputan cargos de delincuencia organizada con fines de cometer secuestro y secuestro agravado.
Este caso se suma a los antecedentes de violencia política en la demarcación; cabe recordar que en 2021, Guillermo Cordero García —tío de una de las actuales regidoras denunciantes— debió declinar su aspiración a la alcaldía tras ser víctima de un plagio presuntamente orquestado por el hoy detenido.
