Segunda Parte | Columna
Esta entrega es continuación de la columna publicada el 10 de febrero de 2026: “Con Sheinbaum, Conagua regresa a la construcción de presas”. En aquella primera parte se abordó el contexto político y presupuestal del macroproyecto de infraestructura hídrica. Ahora se profundiza en sus implicaciones sociales, territoriales y en el debate sobre derechos de los pueblos frente al nuevo ciclo de presas.
Julio César Ramírez | Yo río libre
Continuando con el tema de la semana pasada…
Tales proyectos fueron concebidos para complementar el Programa de Tecnificación de Riego, con lo que, según el gobierno, se liberaría agua potable para consumo humano “en beneficio de 36 millones de personas”.
En la Mañanera del Pueblo que encabezó Claudia Sheinbaum ese 12 de marzo, el director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, informó que de los 122 mil 600 millones de pesos que se destinarían en el sexenio, en 2025 se invertirían 15 mil millones de pesos para iniciar los 17 proyectos de infraestructura hídrica.
Además de los proyectos de presas se incluyó la Desaladora Rosarito en Baja California; el Plan Integral de la Zona Metropolitana del Valle de México; el Proyecto Agua para Colima; el apoyo a 10 municipios de la zona oriente del Estado de México; obras en el marco del Plan Acapulco se Transforma Contigo en Guerrero; el Acueducto Chiná y acuaférico en Campeche; obras de protección contra inundaciones en Tabasco; el acueducto Coatzacoalcos en Veracruz; el acueducto Solís-León en Guanajuato; el acueducto Ciudad Victoria II en Tamaulipas; y las Redes Troncales de Agua Saludable para La Laguna en la frontera Durango-Coahuila.
Las fuentes de financiamiento serían distintas, pero conciliadas: el Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social (FAIS); los programas federalizados de Conagua —como ProAgua, ProSanear y ProDDER—; y aportaciones estatales.
En aquella conferencia estuvieron también presentes el subdirector general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Conagua, Felipe Zataráin Mendoza; el subdirector de Infraestructura Hidráulica, Aarón Mastache; y el encargado del Proyecto de Desarrollo Sustentable de Agua para la Zona Metropolitana del Valle de México, Roberto Capuano.
Arreció desde ese 12 de marzo de 2025 la inquietud de pobladores que escucharon en la mañanera que las nuevas presas se construirían en sus territorios, sin que los hubieran informado ni consultado.
Comenzó entonces el viacrucis de diversos pueblos, comunidades, núcleos agrarios y organizaciones en busca de información y de peticiones ante autoridades.
Ahí donde luchan contra proyectos de represas de años atrás, vuelven a alzar la voz y refuerzan la movilización, exigiendo la cancelación de proyectos.
Ya el 12 de octubre de 2024, casi en el arranque de la administración Sheinbaum, el encuentro de fundación de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua cuestionó desde San Luis Potosí las políticas de presas.
En México, en décadas recientes, 15 han sido los derechos humanos y de los pueblos sistemáticamente violados antes, durante y después de la construcción de una presa.
Resurge, ahora en el “segundo piso” de la 4T, la temática de presas, derechos de los pueblos e impunidad.
Y todo esto en el contexto de las nuevas leyes nacionales de agua.
