Martes 16 de febrero.- La familia Martínez Ornelas hizo pública una carta dirigida a la opinión pública y a las autoridades del estado de Jalisco, en la que expresa su preocupación por lo que considera una “grave distorsión” en el uso del poder judicial.
En el documento publicado en un medio local, señalan a la diputada local Mónica Paola Magaña Mendoza y a su esposo Sergio Salinas Escutia de haber denunciado un supuesto fraude por cerca de 13 millones de pesos que, aseguran, fue entregado en efectivo sin respaldo documental ni acreditación de su origen. Dinero que, por cierto, no presentó en su declaración patrimonial.
También cuestionan que, tras la denuncia, se haya obtenido con rapidez una orden de aprehensión sin que —afirman— se agotaran previamente los citatorios.
La carta refiere que Diego Martínez Ornelas ha permanecido privado de la libertad por casi seis meses bajo prisión preventiva por un delito que, según sostienen, no amerita esta medida de forma automática. Además, señalan que no se ha fijado una prórroga del plazo de investigación, lo que —argumentan— prolonga indebidamente la medida cautelar.
Los firmantes responsabilizan de la actuación judicial al juez Gildardo Joel Landeros Parra, a quien acusan de mantener la prisión preventiva pese a una presunta falta de evidencia, cuando la ley —subrayan— obliga a considerar medidas distintas a la cárcel.
En la publicación, la familia sostiene que la prisión preventiva debe ser excepcional y advierte que, cuando la libertad depende de decisiones discrecionales y no de pruebas sólidas, se debilita la confianza en la justicia.
Asimismo, aseguran que no buscan trato especial, pero sí “piso parejo”, respeto irrestricto al debido proceso y que el poder público no sea utilizado de manera desproporcionada.
Finalmente, solicitaron a las autoridades revisar el caso con objetividad para garantizar que la justicia se ejerza con imparcialidad y apego a la ley. También hicieron responsables de su seguridad personal a la legisladora y a su esposo, además de pedir a las dependencias gubernamentales abstenerse de acosar a sus empresas.
