Jueves 5 de marzo.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 11/2026 dirigida a la Fiscalía del Estado de Jalisco y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), al concluir que ambas instituciones incurrieron en omisiones durante la investigación realizada en el inmueble conocido como Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán.
De acuerdo con el organismo nacional, las irregularidades detectadas provocaron violaciones a los derechos humanos relacionados con la legalidad, la seguridad jurídica y el acceso a la justicia, principalmente por deficiencias en el procesamiento de evidencias y en la preservación del lugar de los hechos.
La CNDH informó que el caso fue atraído el 18 de marzo de 2025 ante la posible existencia de violaciones a derechos humanos. Personal del organismo acudió al rancho los días 19 y 20 de marzo de ese mismo año para realizar diligencias de observación, cuando el sitio ya se encontraba bajo resguardo de la Fiscalía estatal.
Según la investigación, los hechos que dieron origen a la indagatoria ocurrieron el 18 de septiembre de 2024, cuando elementos de la Guardia Nacional detuvieron a diez personas y pusieron a disposición de la autoridad ministerial el inmueble, donde se localizaron siete vehículos, armas de fuego, indicios balísticos y un elemento óseo.
Posteriormente, el 3 de octubre de 2024, personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizó una exploración del lugar para buscar posibles sitios de inhumación relacionados con personas desaparecidas. Durante estas diligencias se localizó un lote óseo y diversos objetos que, según la CNDH, no fueron asegurados, clasificados ni registrados en los dictámenes periciales correspondientes.
El organismo también señaló que no se llevó a cabo un procesamiento técnico integral de los indicios, al no realizarse de forma adecuada su identificación, documentación, levantamiento, embalaje, sellado, etiquetado y traslado, lo que compromete la cadena de custodia y la eficacia de la investigación.
Entre las irregularidades detectadas también se menciona que tres de los siete vehículos asegurados en el lugar fueron sustraídos el 25 de noviembre de 2024, lo que evidenciaría fallas en el aseguramiento del inmueble. Además, se detectó un retraso en el análisis genético de muestras biológicas encontradas en el sitio, ya que su comparación con bases de datos de familiares de personas desaparecidas se realizó hasta marzo de 2025.
La CNDH también advirtió que el 20 de marzo de 2025 se permitió el ingreso de varias personas al rancho pese a que el lugar aún se encontraba bajo intervención pericial, lo que ocasionó alteraciones en la escena y posibles indicios.
Ante estas irregularidades, el organismo nacional solicitó a las autoridades estatales realizar, en un plazo de seis meses, un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública por las violaciones a derechos humanos detectadas.
Asimismo, recomendó elaborar o actualizar protocolos para la correcta preservación de los lugares de intervención, el procesamiento técnico de indicios, el manejo adecuado de la cadena de custodia y la elaboración de dictámenes periciales confiables.
Finalmente, se pidió a la Fiscalía estatal colaborar en los procedimientos administrativos contra los funcionarios involucrados y establecer programas de capacitación en derechos humanos y conducción de investigaciones, mientras que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses deberá reforzar la formación especializada de su personal en el manejo técnico-científico de evidencias.
