Guadalajara, Jalisco.-En el marco del Día Internacional de las Mujeres, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) emitió un diagnóstico crítico sobre el estado de los derechos humanos en la región. El informe CR 017-2026 señala que la igualdad y la justicia enfrentan una “deuda estructural” agravada por retrocesos institucionales y recortes presupuestarios que comprometen la seguridad de las mujeres en el continente.
Retroceso institucional y crisis presupuestaria
La organización documenta un debilitamiento sistemático de los mecanismos estatales dedicados a la protección de género. En Argentina, se destaca la disolución del Ministerio de las Mujeres y un recorte promedio del 89% en partidas con perspectiva de género entre 2023 y 2026. Este fenómeno se replica en Centroamérica, donde países como El Salvador y Panamá registran la desaparición de entes técnicos y la centralización operativa que anula la autonomía de las respuestas institucionales.
“Este día no es una celebración; es una jornada de memoria, denuncia y movilización colectiva”, puntualiza el organismo en su pronunciamiento oficial.
En Perú, la alerta se centra en reformas normativas que buscan debilitar la paridad política y limitar la educación sexual integral, acompañadas de discursos que pretenden desmantelar políticas de igualdad preexistentes.
Radiografía de la violencia regional
El balance de 2025 refleja cifras críticas en materia de seguridad para las mujeres en diversas naciones:
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México: El Registro Nacional de Personas Desaparecidas contabiliza 28,770 mujeres no localizadas, mientras que el Secretariado Ejecutivo registró 5,020 homicidios de mujeres hasta octubre del año pasado.
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Brasil y Paraguay: Reportan un incremento en feminicidios y violencia familiar; en territorio paraguayo, más de 38,000 mujeres fueron víctimas de agresiones domésticas en 2025.
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Guatemala: Presenta un panorama de impunidad donde la mora judicial en delitos contra mujeres alcanza niveles del 98 al 99%.
Salud reproductiva y brecha económica
La crisis también alcanza la esfera de los derechos sexuales. En República Dominicana, CLADEM denuncia barreras estructurales en salud y la exclusión de las tres causales para el aborto en el Código Penal. Por su parte, Guatemala y Perú registran cifras alarmantes de embarazo infantil, vinculadas directamente a la violencia sexual y la falta de protección efectiva del Estado hacia menores de 14 años.
En el ámbito laboral, la desigualdad económica persiste de forma desproporcionada. En Bolivia y El Salvador, la informalidad laboral afecta a más del 70% de las mujeres. Asimismo, las brechas de género en el trabajo de cuidados no remunerado muestran que las mujeres dedican casi el triple de tiempo que los hombres a estas tareas.
Exigencias y organización
Frente a este escenario, la red regional demanda el fortalecimiento de la institucionalidad, presupuestos suficientes para la prevención de la violencia y la creación de sistemas integrales de cuidados. Pese al contexto adverso, la organización resalta que las redes feministas mantienen procesos de resistencia y protección ante el aumento de discursos de odio en el espacio cívico regional.
