Por: Eduardo Esquivel Torres
Martes 17 de marzo de 2026.- La diputada, Itzul Barrera, lanzó una crítica contra el actual modelo ambiental en la entidad, calificándolo de “recaudatorio” y carente de resultados tangibles tras seis años de operación.
La legisladora de Morena reveló cifras que ponen en entredicho la eficiencia financiera del programa. Según Barrera, aunque el costo nominal para el ciudadano es de 500 pesos, el costo real para el erario es cinco veces mayor.
“Por los 900 millones de pesos anuales que el estado paga a la empresa verificadora extranjera, y dividiéndolo entre los poco más de 2 millones de vehículos efectivamente verificados en seis años, el costo real ronda los 2,500 pesos por coche”, señaló la diputada, subrayando que este gasto no se traduce en beneficios ambientales.
Itzul Barrera sostuvo que el programa ha fallado en su objetivo principal. Afirmó que, lejos de mejorar, la calidad del aire en Jalisco ha empeorado: “Desde que se implementó la verificación, cada año hemos tenido menos días de buena calidad de aire”.
Asimismo, cuestionó la opacidad del modelo tecnológico, el cual delega el manejo de datos a empresas extranjeras, lo que en su opinión compromete la transparencia y trazabilidad de la información ambiental del estado.
También enfatizó que la política actual carga la responsabilidad exclusivamente en los automovilistas particulares, ignorando otras fuentes contaminantes. “El programa lleva seis años castigando la pobreza. A la gente con un vehículo antiguo que no pasa la prueba, se le dice que su única opción es convertirlo en chatarra. Desde que se eligió este programa, se le falló a la gente más precarizada”, sentenció.
Finalmente, aclaró que su postura no es contra la regulación ambiental —la cual está regida por normas federales— sino contra un esquema que destina miles de millones de pesos a contratos privados en lugar de invertirlos en políticas públicas integrales.
Instó a las autoridades estatales a escuchar el malestar social y a replantear un modelo que actualmente cuenta con un amplio rechazo popular, evidenciado en que no se alcanza ni el 60% de verificación necesario para que el sistema sea funcional.
