Por: Eduardo Esquivel Torres
A pesar de que el Río Santiago es considerado uno de los cuerpos de agua más contaminados del país, el crecimiento de fraccionamientos y asentamientos irregulares en sus inmediaciones, particularmente en El Salto y Juanacatlán, ha triplicado la población local en la última década, exponiendo a miles de familias a graves riesgos sanitarios.
En municipios como El Salto y Juanacatlán, los nuevos desarrollos habitacionales conviven con el hedor a “huevo podrido” que emana del cauce, producto de la descarga de desechos de más de 250 industrias y aguas negras sin tratar. Investigaciones de instituciones como el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) han detectado la presencia de metales pesados y bacterias tanto en el aire como en el suelo de estas zonas habitacionales.
Se encontró, en primer término, un promedio de 51% de arsénico de la muestra, seguido por cadmio,, mercurio, plomo, níquel y zinc. Las partículas fueron encontradas en el suelo debido a que la cascada de El Salto las dispersa por el aire y luego se queda en la tierra.
Todo este cóctel se agudiza con las afectaciones a la salud pública de nuestro municipio con un registro de víctimas que crece cada día. En los últimos 18 años, tenemos dos mil 503 personas afectadas por la insuficiencia renal crónica terminal, además de 421 personas con cáncer de diferentes tipos, aseguró Raúl Muñoz Delgadillo, activista de varias décadas en defensa del medio ambiente de El Salto.
De las personas fallecidas, contabilizó tres mil 388 en los últimos 18 años, sin olvidar las 174 personas fallecidas en todo el año de 2025. El total de personas afectadas por la contaminación del río Santiago, es de cinco mil 869 con afectaciones en la piel, los ojos, digestivos, respiratorios y cardíacos.
Para los residentes de fraccionamientos que se promocionan como “vivienda a bajo costo”, la realidad cotidiana incluye enfermedades crónicas, casos de insuficiencia renal y cáncer vinculados a la exposición prolongada a contaminantes y agentes biológicos ya mencionados.
En los dos municipios referidos se estima que existen aproximadamente 85 asentamientos -entre fraccionamientos formalizados, colonias populares y zonas irregulares- que colindan directamente con el cauce del Río Santiago o se encuentran en su zona de influencia inmediata y que han crecido masivamente en los últimos 15 años.
De de esa cantidad de 35 a 40 son considerados formales, entre los que se encuentran desarrollos como La Azucena -uno de los más afectados por cercanía al río-, El Castillo, Parques del Triunfo y Las Lilas en el Municipio de El Salto, mientras Villas de Andalucía y Aurora, que han extendido la mancha urbana hacia la zona de la cascada y el cauce bajo en Juanacatlán.
Los asentamientos considerados irregulares incluyen barrios antiguos, delegaciones municipales y zonas de autoconstrucción sin planeación hidrogeológica.
“Tenemos el crecimiento desordenado de nuestro municipio. Con la aprobación de la construcción de 20 nuevos parques industriales, aparecen también innumerables fraccionamientos para servir de dormitorios para todos los trabajadores que los parques industriales necesitan para entrar en operación. Lo que más nos preocupa, es la cercanía de varios de esos fraccionamientos al cauce del Río Santiago”, subrayó Raúl Muñoz, también coordinador del Comité Ciudadano De Defensa Ambiental de El Salto Jalisco.
Entre las colonias están Las Lilas, bonito Jalisco, Las Azucenas, Álvarez del Castillo, en El Salto, además de la cofradía en Juanacatlán, todas ellas están a pocos metros del cauce contaminado del río Santiago.
Con su postura crítica, mencionó Muñoz Delgadillo que los parques industriales se están instalando en la ribera del canal del ahogado, desde La Azucena hasta Jardines del Castillo, incluyendo a la Delegación Municipal de La Alameda, en Tlajomulco de Zúñiga y denunció que todas estas colonias fueron aprobadas en el gobierno municipal de la presidenta, Bertha Alicia Moreno Alvarez.
Hay una estimación superior a las 20 mil viviendas que están expuestas directamente a los gases (ácido sulfhídrico) y posibles desbordamientos del río, como el ocurrido recientemente en agosto de 2025 que afectó a más de 300 casas en un solo evento.
Ya no queremos, dijo, más industrias porque de igual manera llegan los fraccionamientos. Tenemos un grave problema con los servicios públicos, como la falta de agua potable, la recolección de basura, la seguridad pública, falta de centros educativos, desde el kinder, hasta la educación medía.
El contraste es marcado,mientras el Gobierno de Jalisco proyecta destinar cerca de dos mil 905 millones de pesos para el saneamiento en 2026 y el Gobierno Federal otros 1,000 millones, los pobladores locales denuncian que estas inversiones no se reflejan en su calidad de vida.
Los gobiernos actuales siguen con la idea de sanear el Río Santiago con dinero, cuando la realidad, para Raúl Muñoz, es que desde el estado mexicano se siguen solapando las descargas de aguas residuales domésticas e industriales sin tratamiento alguno, además de proteger a los industriales, ya que solo se ha limitado a enviarles invitaciones para que instalen sus propias plantas de tratamiento para sus descargas de aguas residuales industriales.
“Tenemos que entender que todas las empresas son diferentes en sus artículos terminados, por ésa razón, tienen que tener sus propias plantas de tratamiento, adecuadas a sus productos desechables, Cómo los metales pesados y agentes químicos de diferentes tipos, formas y tamaño”, enfatizó
Por esa razón, no estamos de acuerdo con el gobierno federal y del estado de Jalisco en su proyecto de restauración del río. No queremos más dé lo mismo. Nos quieren tener sentados y tomando café con galletas en cada reunión bimestral”, puntualizó.
Ante este panorama, expertos señalan que la política de “vivienda extrarradio”, impulsada por la falta de coordinación metropolitana, ha permitido que se otorguen permisos de construcción en áreas que deberían ser de amortiguamiento ambiental.
Mientras tanto, la demanda de las comunidades es clara: suspender definitivamente nuevos permisos para parques industriales y desarrollos habitacionales en la cuenca de El Ahogado y el Río Santiago hasta que la restauración ambiental sea una realidad tangible.
Qué dicen las medidas cautelares
Las medidas cautelares son un mecanismo de protección internacional para personas en situación de riesgo grave y urgente. En el caso del Río Santiago, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la resolución MC-708-19 el 7 de febrero de 2020 para proteger a los habitantes de zonas aledañas debido a la contaminación ambiental y los riesgos a la salud.
Detalles de las Medidas Cautelares (MC-708-19)
Población Beneficiaria: Habitantes de zonas hasta 5 kilómetros del río en los municipios de El Salto y Juanacatlán, además de las localidades de San Pedro Itzicán, Agua Caliente, Chalpicote y Mezcala en Poncitlán.
Obligaciones para el Estado Mexicano:
Acceso a la Salud: Realizar diagnósticos médicos especializados para identificar enfermedades relacionadas con la contaminación (como insuficiencia renal y cáncer) y brindar tratamiento adecuado.
Saneamiento: Implementar acciones inmediatas para mitigar las fuentes de riesgo y frenar el vertido de desechos tóxicos industriales y aguas negras sin tratar.
Participación: Concertar las medidas a desarrollarse directamente con los beneficiarios y sus representantes legales.
Estatus y Cumplimiento en 2026
A marzo de 2026, las autoridades han reportado los siguientes avances y desafíos en respuesta a estas medidas:
Inversión Federal: El Gobierno de México anunció una inversión de 1,350 millones de pesos para 2026 destinada al saneamiento de la cuenca Lerma-Santiago. Esto forma parte de un plan multianual que proyecta gastar 7,000 millones de pesos hasta 2030.
Infraestructura: La Comisión Nacional del Agua (Conagua) trabaja en la rehabilitación y construcción de seis plantas de tratamiento de aguas residuales y la reconversión energética de otras siete para mejorar su operación.
Sin embargo, grupos de ciudadanos y organizaciones señalan que, aunque hay avances en infraestructura hidráulica, las medidas siguen siendo insuficientes porque no regulan con rigor las descargas de las 250 industrias del corredor.
Además, ha existido controversia debido a que, en 2023, la Secretaría de Relaciones Exteriores reservó información sobre el cumplimiento de estas medidas por un periodo de cinco años, limitando el acceso de las comunidades a datos actualizados.
Además de la CIDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 134/2022, donde constató violaciones al derecho a un medio ambiente sano y a la salud de los pobladores, urgiendo a las autoridades estatales y federales a coordinar una respuesta efectiva.
