Por: Eduardo Esquivel Torres
Viernes 27 de marzo de 2026.- El Gobierno de Jalisco, a través del Servicio Estatal Tributario (SET), anunció una prórroga de dos meses para el canje “gratuito” de placas, moviendo la fecha límite al viernes 29 de mayo de 2026.
Sin embargo, lo que la autoridad presenta como una facilidad, miles de automovilistas lo reciben como un cerco económico: para acceder al beneficio, es obligatorio haber pagado el refrendo 2025 y, el punto más polémico, presentar el comprobante de la verificación vehicular.
A través de un comunicado el gobierno estatal mencionó que para no pagar los 4 mil pesos que costará el trámite a partir de junio, el contribuyente debe estar “al corriente” en un sistema que muchos consideran recaudatorio.
La exigencia de la verificación vehicular sigue siendo el principal punto de fricción. Automovilistas en todo el estado han manifestado su inconformidad, denunciando que se utiliza un trámite administrativo (las placas) para forzar el cumplimiento de un programa ambiental cuestionado por sus fallas operativas y su enfoque punitivo.
Para quienes no logren concretar el canje antes del 29 de mayo, el golpe económico será severo. El costo de 4 mil pesos desglosado por la Secretaría de la Hacienda Pública incluye dos mil 500 pesos aproximadamente por el juego de placas y mil 500 pesos adicionales por “modificaciones en el padrón vehicular”.
Esta diferencia entre el costo cero y los 4 mil pesos es vista por los usuarios como una medida de presión para obligar la actualización masiva de los diseños anteriores (Minerva, Gota o Maguey) antes de que termine el semestre.
Para realizar el canje, los propietarios deben entregar físicamente sus placas viejas y presentar, además del pago del refrendo y la propiedad del auto, el certificado de verificación (aprobado o no aprobado), vinculando así permanentemente ambos trámites.
Con esta nueva extensión se intenta evitar el colapso en las oficinas, pero no logra disipar el malestar de una ciudadanía que se siente acorralada entre plazos fatales y cobros disfrazados de orden administrativo.
