Nahuatzen, Michoacán.— A casi nueve años de los hechos ocurridos en la comunidad indígena de Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen, en la Meseta Purépecha, el caso entra en una fase relevante: por primera vez, la acción judicial alcanza a exfuncionarios de alto nivel vinculados al operativo de 2017.
Entre los señalados se encuentran el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, y su exsecretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, quienes enfrentan órdenes de aprehensión vigentes.
Los hechos ocurrieron el 5 de abril de 2017, cuando un operativo de la policía estatal en la comunidad purépecha de Arantepacua dejó un saldo de cuatro comuneros muertos y al menos 44 personas lesionadas, de acuerdo con investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Desde entonces, habitantes han denunciado que la cifra de personas lesionadas podría ser mayor, debido a agresiones dentro de domicilios, cateos sin orden judicial y presuntas golpizas durante detenciones.
La intervención policial fue cuestionada por organismos de derechos humanos, que documentaron posibles violaciones, entre ellas uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales y actos de tortura contra pobladores.
Durante años, el caso avanzó entre recomendaciones y señalamientos sin consecuencias penales visibles para mandos superiores. El escenario cambió tras la emisión de órdenes de aprehensión contra exfuncionarios del gobierno estatal.
De acuerdo con reportes recientes, un juez autorizó 16 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios, incluyendo al exmandatario, su exsecretario de Seguridad y 14 elementos de la policía estatal.
Las acusaciones incluyen homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura, en relación con el operativo del 5 de abril de 2017.
Hasta el momento, no se ha informado sobre detenciones derivadas de estas órdenes. Autoridades continúan con las diligencias para localizar a los implicados y dar seguimiento al proceso judicial.
La comunidad de Arantepacua ha mantenido durante años la exigencia de justicia, mediante movilizaciones y denuncias públicas por los hechos ocurridos en la región purépecha.
Las investigaciones señalan que la Fiscalía de Michoacán presentó elementos suficientes para proceder contra los implicados en este caso.
A pesar de estos avances, el proceso no cuenta aún con sentencias, por lo que la resolución judicial permanece en curso.
