Por: Eduardo Esquivel Torres
Martes 31 de marzo de 2026.- Bajo el desgastado esquema de “lavar, tapar, voltear y tirar”, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) lanzó su campaña preventiva para el periodo vacacional de primavera 2026. La estrategia, que descarga la responsabilidad del control del mosquito Aedes aegypti en las familias y hasta en los niños de educación básica, surge en un contexto donde la participación ciudadana parece ser la única carta fuerte de un sistema de salud que arrastra un historial de reacciones tardías.
Roberto Carlos Rivera Ávila, Director de Salud Pública de la SSJ, insistió en que el dengue es una “enfermedad prevenible” siempre y cuando la población identifique criaderos en sus azoteas. Aunque las brigadas del OPD Servicios de Salud prometen recorridos casa por casa en colonias de riesgo, la realidad en las calles suele ser distinta: habitantes de zonas periféricas denuncian frecuentemente que las camionetas de fumigación brillan por su ausencia hasta que los brotes ya son incontenibles.
El llamado se extendió incluso a las escuelas, pidiendo a los alumnos que dediquen sus vacaciones a eliminar cacharros, una medida que para diversos sectores sociales evidencia la incapacidad del Estado para garantizar entornos urbanos libres de vectores sin depender exclusivamente del trabajo doméstico.
El optimismo de las cifras oficiales actuales —17 casos confirmados y ninguna defunción hasta la semana 11 de 2026— contrasta drásticamente con la memoria reciente del estado. Jalisco ha sido, en la última década, epicentro nacional del dengue en múltiples ocasiones, enfrentando crisis hospitalarias donde el desabasto de reactivos para pruebas y la saturación de clínicas obligaron a miles de jaliscienses a costear laboratorios privados.
En años previos, como el crítico 2019 y repuntes en 2024, la entidad ocupó los primeros lugares en defunciones y casos graves. La crítica constante de especialistas de la Universidad de Guadalajara ha sido la misma: el gobierno estatal suele recortar o retrasar presupuestos para insecticidas y contratación de brigadistas, reaccionando solo cuando las salas de espera están llenas de pacientes con fiebre alta y dolores articulares.
Queja en Puente Grande por “Nubes de Mosquitos”
El 24 de marzo de 2026 habitantes de la delegación de Puente Grande, en el Municipio de Tonalá, denunciaron ante medios de comunicación locales y redes de una proliferación inusual de mosquitos denominada por los vecinos como “nubes”.
Los ciudadanos señalaron que, al solicitar la fumigación a la Secretaría de Salud, la respuesta fue negativa, bajo el argumento de que “no había casos de dengue confirmados en la zona” y que, por protocolo, la nebulización solo se realiza de forma reactiva ante brotes detectados, ignorando la función preventiva que exige la población.
Por otra parte, el malestar del personal del programa de Vectores y Dengue del OPD Servicios de Salud Jalisco no es un hecho aislado, sino una crisis recurrente.
La manifestación más reciente fue el 12 de marzo de este año cuando un grupo de brigadistas realizó un paro de labores simbólico y una manifestación frente a oficinas administrativas para exigir el pago de retroactivos y bonos de riesgo que se les adeudaba desde el inicio.
Sin embargo, hay un antecedente crítico (agosto y septiembre de 2024) donde los trabajadores denunciaron que laboraban sin uniformes adecuados, con equipo de protección caduco y que las camionetas de fumigación no tenían presupuesto suficiente para combustible, lo que redujo la cobertura de las colonias en un 40% durante la temporada de lluvias.
En febrero de este año, al inicio de la actual estrategia “prevacacional”, el sindicato y trabajadores eventuales señalaron la falta de certeza jurídica en sus contratos, advirtiendo que la falta de personal capacitado y con salarios dignos impide cumplir con la meta de visitar todas las colonias de riesgo en Tlaquepaque y Guadalajara.
Los colectivos de salud señalan que mientras la SSJ gasta millones en campañas publicitarias de “Lava, Tapa, Voltea y Tira”, el presupuesto para la operación real en campo (gasolina para camionetas e insecticida) ha sufrido recortes o retrasos administrativos constantes.
