Jueves 2 de abril.- El Gobierno de México rechazó el informe emitido por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED), al considerar que es “tendencioso” y no toma en cuenta la información, análisis y actualizaciones presentadas por el Estado mexicano.
A través de un comunicado, el gobierno federal señaló que las conclusiones del Comité no coinciden con la definición de desaparición forzada del propio organismo internacional ni reflejan los avances institucionales alcanzados desde 2019, particularmente a partir de 2025.
La administración mexicana subrayó que el mecanismo de la Convención está diseñado para contextos donde las desapariciones son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado, situación que —aseguró— no corresponde a la realidad actual del país.
Asimismo, indicó que el informe se centra principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, además de limitarse a cuatro estados, por lo que calificó la evaluación como parcial y sesgada.
El Gobierno de México también lamentó que el Comité no haya considerado la información actualizada entregada el pasado 27 de marzo, previo a la publicación de su resolución.
En ese sentido, destacó que el propio CED reconoce en su informe que no existen indicios de una política federal orientada a cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, lo que —afirmó— refleja una diferencia con periodos anteriores.
El comunicado también cuestiona el rigor jurídico del documento, así como posibles conflictos de interés entre algunos de sus integrantes, señalando que al menos uno de ellos habría tenido vínculos con organizaciones que han presentado quejas contra el Estado mexicano.
El gobierno reiteró que en México no se toleran ni se ordenan desapariciones forzadas, y resaltó que en la actual administración se han impulsado reformas legislativas e institucionales en coordinación con colectivos de familiares de víctimas.
