Trump, Venezuela, Cuba y México
Carlos Delgadillo Macías
La estrategia contra Raúl Castro y el régimen cubano por parte de la administración Trump es básicamente la misma que la que se usó contra Nicolás Maduro y el gobierno venezolano.
A Maduro se le acusó formalmente de formar parte de un cartel del narcotráfico, el llamado “Cartel de los Soles”. Su extracción fue justificada como el cumplimiento de una orden de aprehensión, es decir, como un asunto judicial, más que político o militar. El ahora expresidente ha cumplido ya cuatro meses en una cárcel de Nueva York.
A Raúl Castro se le ha imputado por asesinato. El caso es antiguo: el derribo, por parte de aviones militares cubanos, de dos avionetas norteamericanas en aguas internacionales el 24 de febrero de 1996, que provocó la muerte de tres ciudadanos estadounidenses y un ciudadano cubano con residencia legal en Estados Unidos.
Las avionetas eran operadas por Hermanos Rescate, una organización de exiliados cubanos que patrullaba el Estrecho de Florida buscando balseros. Raúl Castro era en ese entonces el ministro de Defensa. Según la justicia estadounidense, él tomó la decisión de derribar las aeronaves. Según la versión cubana, ese tipo de avionetas violaba el espacio aéreo de la Isla recurrentemente, para arrojar propaganda en contra del gobierno.
El escenario está puesto. Con la imputación formal contra Castro (y otros cinco militares cubanos), Washington podría justificar una intervención para capturar al expresidente de la República de Cuba y hermano menor del fallecido Fidel Castro, líder histórico de la Revolución Cubana.
Al embargo estadounidense de más de seis décadas, hay que sumarle ahora el bloqueo energético, que tiene a millones de personas en vilo, con apagones, problemas graves en el transporte, la producción y conservación de alimentos y medicinas, las cirugías, las actividades académicas y prácticamente todas las actividades cotidianas. Encima se puede temer una intervención militar, como la de Caracas el pasado 3 de enero.
La administración Trump recurre a estas argucias para evitar mayores procedimientos legislativos en el uso de la fuerza militar. En lugar de eso, actúa como si se tratara de operaciones policiales para cumplimentar órdenes judiciales en otros territorios. Como la Venezuela de Maduro y la Cuba de Díaz-Canel son países que considera hostiles, no cabe aplicar una solicitud de captura, sino que ésta tiene que ser realizada por las fuerzas norteamericanas.
Es la diferencia con México. En este caso hay tratados de extradición vigentes y entonces cualquier captura tendría que ser realizada por las autoridades locales. Por eso Rubén Rocha, gobernador con licencia de Sinaloa, tendría que ser aprehendido por la justicia mexicana, antes de ser extraditado. Si no es capturado, Estados Unidos podría recurrir a otras medidas de presión (como los aranceles), pero no sería factible una intervención como en Venezuela.
Tanto en Venezuela, como en Cuba y en México, Estados Unidos está ejerciendo fuertes presiones, tanto para forzar cambios de régimen, como en los dos primeros países, como para obligar al gobierno mexicano a cooperar en la estrategia contra las drogas y la migración ilegal, según los dictados de Estados Unidos.
Pero también se puede sospechar que a Trump le interesa golpetear al gobierno morenista, para favorecer otras opciones políticas más afines. Este tipo de injerencia lo hemos visto en países como Argentina, para favorecer a Javier Milei, o en Chile, para favorecer a José Antonio Kast. Son las variantes de la nueva Doctrina Monroe impulsada desde la Casa Blanca.
Frente a eso, el bloque de gobiernos de izquierda conformado por Brasil, México, Colombia y España no puede hacer mucho más que emitir declaraciones y seguir enviando ayuda humanitaria a Cuba. La defensa de la soberanía de la Isla, sin embargo, tendría que ser reforzada por sus aliados históricos, Rusia y China, pero la coyuntura es adversa: Moscú tiene como prioridad la guerra en Ucrania, y Pekín, el contencioso de Taiwán.
Una intervención militar en Cuba que forzara la caída del gobierno y tuviera como objetivo último un cambio de régimen y del sistema político y económico provocaría una crisis diplomática, pero también desembocaría en una atmósfera de inestabilidad en toda la región. Si a estas alturas nadie puede dudar de la hostilidad renovada de Estados Unidos, una agresión contra Cuba tendría que poner en guardia a todas las fuerzas de izquierda de América Latina, gubernamentales, de oposición, clandestinas e institucionales, pacíficas y armadas.
La administración Trump, en su afán por recuperar lo que considera su esfera de influencia en el continente americano, nos conduciría a un tablero geopolítico similar al de la Guerra Fría, con una enconada polarización de las fuerzas políticas en cada país. Y no es claro que eso termine por beneficiar a Washington y a ninguno de los países latinoamericanos.
