Por: Eduardo Esquivel Torres
Lunes 25 de mayo de 2026. – La Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso del Estado de Jalisco dio luz verde al dictamen que autoriza la donación de dos terrenos de propiedad estatal, con un valor catastral conjunto de 65 millones de pesos, a favor del Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI).
Esta transferencia patrimonial busca sustentar el programa “Legado”, una iniciativa diseñada para edificar viviendas de interés social destinadas a los cuerpos de seguridad pública de la entidad.
Sin embargo, el proyecto avanza hacia su segunda lectura en el pleno bajo la sombra de ajustes urgentes en materia de rendición de cuentas y una evidente disparidad entre la oferta proyectada y la demanda real de los uniformados.
El plan habitacional contempla el desarrollo de proyectos verticales en dos de los municipios con mayor presión inmobiliaria de la Zona Metropolitana de Guadalajara. El primer predio se ubica en Zapopan, cuenta con una superficie de 12 mil metros cuadrados y un valor catastral de 51 millones de pesos, donde se proyecta la construcción de 200 departamentos. El segundo terreno, localizado en Tonalá, está valuado en 14 millones de pesos y albergará 128 unidades habitacionales.
A pesar del anuncio oficial, la viabilidad técnica y operativa del programa mantiene interrogantes. La diputada presidenta de la comisión, Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, admitió la recepción de propuestas de modificación al dictamen original.
Según la legisladora, estas observaciones —que serán analizadas antes de la votación definitiva— tienen como propósito “fortalecer los lineamientos de transparencia y rendición de cuentas”, un reconocimiento implícito de que las reglas de operación actuales requieren candados más estrictos para asegurar el correcto uso del patrimonio público.
Frente a las críticas por la entrega de activos estatales, la defensa del modelo oficial argumenta que no se trata de un desfalco patrimonial. Cárdenas Rodríguez señaló que el esquema funcionará bajo un criterio de “aprovechamiento social”, donde el IJALVI comercializará las viviendas a los policías para recuperar el valor de la tierra.
Este dinero, teóricamente, retornará al instituto para capitalizar futuros proyectos habitacionales y asegurar la sostenibilidad financiera del organismo a largo plazo. De manera complementaria, el programa promete una red de apoyo integral que incluye becas educativas para los hijos de los agentes, estímulos al mérito y vinculación obligatoria con los exámenes de control y confianza.
El principal reto del programa “Legado” radica en su alcance. El propio Congreso reconoció que existe un universo de más de 4,000 elementos de seguridad interesados en acceder a una casa propia. Tan solo en Zapopan hay 600 solicitudes activas para 200 departamentos proyectados, mientras que en Tonalá 500 agentes compiten por 128 espacios.
Con apenas 328 viviendas planificadas en esta fase, la estrategia estatal apenas cubrirá el 8.2% de la demanda total, dejando fuera a casi el 92% de los policías que ganan hasta tres salarios mínimos y que dependen de este esquema para igualar las condiciones de la política nacional de vivienda.
En la misma sesión de la comisión, y de forma paralela, las y los diputados aprobaron la reforma a la Ley de Ingresos del municipio de Tequila para el ejercicio fiscal 2026, consolidando los ajustes hacendarios correspondientes para el próximo año.
