Por: Eduardo Esquivel Torres
Lunes 25 de mayo de 2026. – En un intento por contener la gentrificación y la escalada descontrolada en los precios de los alquileres, la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y de la Gestión del Agua del Congreso local aprobó una reforma que otorga dientes a los municipios para intervenir directamente en el mercado inmobiliario afectado por plataformas digitales como Airbnb.
La iniciativa modifica el Código Civil y el Código Urbano del Estado con el fin de priorizar la vivienda residencial asequible sobre el negocio del turismo masivo, aunque la medida llega cuando miles de habitantes ya han sido desplazados de las zonas céntricas.
La propuesta, impulsada bajo la gestión de la diputada Mariana Casillas Guerrero, crea la figura de “Áreas de Impacto Turístico”. Bajo este concepto, los ayuntamientos quedan facultados para aplicar medidas drásticas: solicitar a la Secretaría de Turismo del Estado la prohibición absoluta de nuevos registros de inmuebles para hospedaje temporal y topar el alquiler de las propiedades ya existentes a un máximo de 90 noches por año.
Los criterios técnicos establecidos en el dictamen exhiben la gravedad de la crisis habitacional en la entidad. Para que una colonia sea declarada zona de emergencia o “Área de Impacto Turístico”, deberá cumplir con al menos uno de dos focos rojos: registrar un incremento anual superior al 20 por ciento en los precios de renta durante los últimos tres años —con base en datos del INEGI—, o que los inmuebles destinados al hospedaje de corta estancia superen el 5 por ciento del total de viviendas del barrio.
Pese al tono punitivo de la reforma, la burocracia interna y la presión de los cabildos locales amenazan con diluir su efectividad. La delimitación de estas zonas críticas requerirá de complejos análisis geográficos, la aprobación por mayoría de los regidores municipales, su publicación en gacetas oficiales y la posterior notificación a las secretarías estatales de Turismo (Secturjal) y de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) en un plazo no mayor a 30 días.
Esta cadena de trámites abre la puerta al cabildeo inmobiliario y a retrasos prolongados en la aplicación real de las restricciones.
La reforma representa el primer reconocimiento legislativo formal de que el alojamiento digital deteriora la convivencia vecinal, encarece el suelo y expulsa a los residentes locales.
Sin embargo, la efectividad de la ley quedará totalmente en la cancha de los alcaldes, quienes históricamente han favorecido las licencias comerciales y el desarrollo inmobiliario de alta gama sobre las políticas de vivienda popular y ordenamiento urbano ordenado.
