Adultos mayores acumulan más de un año cubriendo descuentos hipotecarios y renta al mismo tiempo, mientras esperan viviendas que aseguran nunca les fueron entregadas en condiciones habitables.
Por Gloria Reza (información) / Miguel De Híjar (edición)
Guadalajara, Jalisco.- En mayo de 2024, María de Lourdes Villanueva Granados y su hermana Ana María pensaron que finalmente tendrían una vivienda propia.
Después de años de trabajo, ambas unieron sus créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para adquirir una casa en el fraccionamiento El Mirador, ubicado en el municipio de El Salto.
La operación quedó formalizada mediante escritura pública, créditos hipotecarios y registro de propiedad.
Más de un año después, aseguran que continúan pagando por una vivienda que no pueden habitar.
Los descuentos siguen apareciendo de manera puntual en sus recibos de nómina. Sin embargo, afirman que la casa que les fue asignada no reúne las condiciones prometidas durante el proceso de comercialización y que, además, continúan pagando renta para tener dónde vivir.
La situación fue expuesta en un escrito dirigido al delegado estatal del Infonavit, Lucio Ernesto Palacios Cordero, recibido por la delegación Jalisco el 27 de octubre de 2025, y del cual este medio tiene copia.
En el documento, las hermanas Villanueva señalan que la vivienda ofrecida por la constructora Bali carecía de condiciones adecuadas para ser habitada, no contaba con los servicios comprometidos y presentaba problemas que les impidieron recibirla.
“Cuando nos dijeron que sí nos daban la aceptación del crédito nosotros estábamos muy felices porque íbamos a tener una vivienda, pero hasta la fecha no nos han entregado ni las llaves”, relató María de Lourdes a la reportera.
Las afectadas sostienen que durante este tiempo han tenido que enfrentar una doble carga económica: los descuentos del crédito hipotecario y el pago mensual de una vivienda rentada.
De acuerdo con el escrito presentado ante Infonavit, para octubre del año pasado el adeudo acumulado ya superaba los 530 mil pesos.
Una casa en los papeles
Los documentos revisados para este reportaje muestran que la compraventa fue celebrada entre las hermanas Villanueva y la empresa Consorcio Bali, mediante una operación respaldada por financiamiento del Infonavit.
La escritura pública fue formalizada el 9 de mayo de 2024 ante el notario público Rafael González Navarro, titular de la Notaría 18 de Tlaquepaque.
La vivienda se localiza en el fraccionamiento El Mirador, en El Salto.
La documentación también acredita la existencia de créditos hipotecarios individuales asociados a la operación, así como la inscripción correspondiente en el Registro Público de la Propiedad.
Sin embargo, las afectadas sostienen que la formalidad jurídica de la operación nunca se tradujo en la entrega efectiva de una vivienda en condiciones de habitabilidad.
Lo que muestran los recorridos
Imágenes captadas por la reportera muestran las diversas viviendas del fraccionamiento El Mirador con deterioro visible, áreas que prometen ser parques sin terminar y condiciones que contrastan con las características ofrecidas durante la venta.
Las imágenes también exhiben el entorno urbano de la zona.
Las hermanas afirman que acudieron en diversas ocasiones ante personal del Infonavit para solicitar una solución.
“No nos han dado ninguna solución. Hemos ido con el delegado, hemos ido con quienes nos aprobaron el crédito y nos traen vuelta y vuelta”, señala una de las afectadas.
Más casos, un mismo patrón
La historia de las hermanas Villanueva no es un caso aislado.
La investigación periodística realizada por Gloria Reza documentó otros testimonios de trabajadores que denuncian presuntas irregularidades relacionadas con la contratación de créditos hipotecarios en Jalisco.
Entre ellos se encuentra Gabriela Arreguín Atilano, habitante de Acatlán de Juárez, quien asegura que fue convencida de tramitar lo que le presentaron como un préstamo en efectivo.
Años después descubrió que en realidad había firmado documentación relacionada con la adquisición de una vivienda mediante un crédito hipotecario.
Desde entonces, afirma, se realizan descuentos semanales a su salario.
“Yo pensé que era un préstamo. A fin de cuentas lo que me hicieron fue una estafa y terminé firmando una casa”, relata.
Documentación obtenida durante la investigación permitió identificar la participación de funcionarios y personal relacionado con procesos de colocación de créditos, información que actualmente forma parte de las denuncias y solicitudes de revisión promovidas por los afectados.
Los señalamientos no terminan en las viviendas
Los casos de acreditados que denuncian problemas en la adquisición y posesión de viviendas coinciden con señalamientos realizados desde el interior de la propia delegación del Infonavit en Jalisco.
Liliana Aguilar, empleada del instituto, denunció presuntas irregularidades en los procesos de cobranza social, el manejo de información de los derechohabientes y la actuación de funcionarios vinculados a procedimientos de recuperación de vivienda.
De acuerdo con su testimonio, dentro de la delegación se tendría acceso a información sensible de los acreditados, incluyendo domicilios y condiciones de ocupación de los inmuebles.
“Sacan las bases de datos y aparte hacen que los asesores anoten nombre completo, domicilio y si está habitada o no la vivienda”, afirmó.
La trabajadora también cuestionó que personal interno participe en procedimientos de mediación relacionados con créditos hipotecarios, funciones que anteriormente realizaban despachos externos.
“Es un delito fuerte hacer mediación cuando eres juez y parte del mismo instituto”, sostuvo.
Entre los señalamientos también figura la permanencia de funcionarios y directivos cuestionados por la denunciante. Aguilar menciona el caso de Leda Coral Castro, actual subdirectora de la delegación Jalisco, quien previamente ocupó cargos en Petróleos Mexicanos (Pemex) y fue objeto de denuncias ante la Secretaría de la Función Pública relacionadas con presuntas irregularidades administrativas durante su paso por la empresa productiva del Estado.
La trabajadora también cuestiona la estructura salarial de la delegación, donde, según documentación interna consultada por ella, los mandos directivos perciben ingresos que oscilan entre 116 mil y 184 mil pesos mensuales.
Aguilar sostiene que las observaciones fueron presentadas ante el ya referido delegado estatal del Infonavit, sin que se hayan iniciado investigaciones sobre los hechos denunciados.
