Por: Eduardo Esquivel Torres
Jueves 9 de julio de 2026.-La crisis del agua contaminada en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) llegó por tercera vez al Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara. Ante el persistente suministro de agua turbia, fétida y de mala calidad, el regidor de Morena, Chema Martínez, presentó una iniciativa fulminante: exentar por completo del pago del servicio del SIAPA a las casas habitación hasta que el organismo garantice agua apta para el uso y consumo humano.
Bajo la premisa “si no hay agua limpia, no se paga”, la propuesta busca que el Congreso del Estado autorice congelar los cobros de un servicio que ha escalado de una falla de infraestructura a un riesgo sanitario inminente.
No es el primer intento por frenar los abusos tarifarios, pero sí el más contundente ante la inacción del gobierno de Movimiento Ciudadano.
El regidor morenista recordó que la actual administración mantiene congeladas dos iniciativas previas que buscaban mitigar el impacto económico en las familias:
Marzo de 2025: Propuesta para frenar aumentos excesivos del SIAPA y aplicar descuentos del 80% en colonias con fallas permanentes.
Marzo de 2026: Lanzamiento de la iniciativa original “Agua que no sirve, no se paga” para condonar el cobro por servicio deficiente.
Ambas propuestas permanecen archivadas y sin dictaminar por la mayoría oficialista, mientras la crisis del agua lejos de solucionarse, se agrava diariamente con tandeos y mala calidad en el suministro.
El núcleo de la crítica apunta al severo impacto financiero que sufren los tapatíos. La ineficiencia del SIAPA ha obligado a miles de familias a desembolsar un “doble pago” mensual para poder realizar actividades básicas como cocinar, bañarse o lavarse los dientes.
El gasto promedio extra es de $1,200 pesos mensuales que destina cada hogar para la compra de garrafones, filtros y pipas.
Mientras el Gobierno del Estado exige más recursos públicos para el SIAPA, la ciudadanía costea de su propio bolsillo el agua segura que el gobierno es incapaz de proveer.
“Es profundamente injusto. El acceso al agua potable es un derecho humano reconocido por la Constitución y resulta inaceptable cobrar como si el servicio fuera de primera”, advirtió Martínez, señalando que no se puede normalizar que los ciudadanos paguen dos veces por un derecho vital.
La iniciativa sostiene que el costo de la inoperancia del SIAPA no debe trasladarse a los bolsillos de las familias tapatías. El cobro del servicio sólo debería reanudarse una vez que existan garantías reales de potabilidad en las redes de distribución.
