Espías en Morena
Carlos Delgadillo Macías
A finales de junio, un reportaje de The New York Times sacudió el panorama político al revelar que gobernadores, legisladores y otros políticos de Morena colaboraban o buscaban hacerlo con autoridades de Estados Unidos, en una cascada de deserciones institucionales desatada tras las acusaciones formales contra el sinaloense Rubén Rocha Moya. En su momento, la presidenta Claudia Sheinbaum intentó apagar el fuego desde su conferencia matutina: cuestionó las fuentes del diario estadounidense y cerró filas en torno a los suyos.
Sin embargo, la realidad ha sido más terca que el discurso oficial. En días recientes, varios audios filtrados exhiben a Marina del Pilar Ávila, gobernadora morenista de Baja California, en conversaciones telefónicas con supuestos agentes del FBI. En las grabaciones, Ávila, cuyo exesposo enfrenta acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) por lavado de dinero, narcotráfico y tráfico de armas, muestra su absoluto terror a ser extraditada. Para evitarlo, ofrece entregar información confidencial de la Mesa de Seguridad del estado e incluso negocia posibles encuentros presenciales en Panamá, por considerarlo “territorio neutral”. En términos prácticos, lo que tendríamos es una gobernadora en funciones dispuesta a fungir como informante o espía de Washington.
La reacción en Palacio Nacional ante esta posible vulneración de la soberanía ha sido, por decir lo menos, complaciente. Utilizando al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, Sheinbaum se ha apresurado a disminuir la gravedad del asunto, asegurando que no se ofreció información clasificada y reduciendo la crisis a la versión de que la gobernadora solo gestionaba su visa con un abogado. La FGR, a pesar de su supuesta autonomía, ha descartado investigar a la mandataria bajacaliforniana.
El contraste con el trato que recibe la oposición es abismal. Sobra recordar el caso de Maru Campos, la gobernadora panista de Chihuahua. Cuando agentes estadounidenses fallecieron tras participar de manera irregular en operativos contra el crimen organizado en su estado, el oficialismo se fue con todo. Se le acusó de violar la Constitución y cometer traición a la patria, la FGR la citó a declarar y Morena organizó grandes manifestaciones para “defender la soberanía”.
Esta especie de justicia selectiva se acaba de confirmar de nuevo con la reciente detención del exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo. Justo en esta coyuntura, la maquinaria punitiva y el peso del Estado actúan de forma implacable. Pero si se trata de Marina del Pilar, el tema se minimiza a un “asunto personal”, despojado de cualquier peso político o judicial.
Washington está cerrando el cerco sobre los gobernadores de los estados fronterizos, la mayoría provenientes de las filas de Morena. El gran riesgo nacional es que, con tal de salvar el pellejo, estos políticos entreguen información que dé argumentos y herramientas a las agencias norteamericanas para intervenir directamente en México, bajo la premisa de que las autoridades mexicanas y los cárteles están coludidos. Todo esto, justo cuando figuras como Donald Trump insisten, una y otra vez, en que México está gobernado por criminales a los que ahora se cataloga como terroristas.
En su retórica nacionalista, el partido en el poder tiene un doble rasero insostenible: si se trata de opositores, todos son traidores a la patria que deben ser investigados o encarcelados; pero si se trata de morenistas ofreciendo datos de seguridad nacional al extranjero, son víctimas inocentes. Morena ha terminado por confundir la defensa de México con su propia defensa como partido en el poder.
