Por: Eduardo Esquivel Torres
Lunes 3 de agosto de 2026. – El activista y ambientalista, Raúl Muñoz Delgadillo, criticó al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y las autoridades estatales, acusándolos de sostener un “doble discurso” criminal y de simular sorpresa ante una contaminación que ellos mismos provocaron y permitieron.
Muñoz Delgadillo denunció que la reciente aceptación del SIAPA sobre la contaminación en el Canal de Atequiza —provocada por descargas de aguas residuales domésticas de nuevos desarrollos inmobiliarios— es la prueba fehaciente de la ineficiencia y la falta de escrúpulos de los funcionarios.
De acuerdo con el activista, el gobierno del estado ha renunciado a su labor de vigilancia, permitiendo que las empresas inmobiliarias conecten de manera directa sus drenajes domiciliarios al Canal de Atequiza. Este cuerpo de agua es el que posteriormente se bombea y distribuye a millones de hogares tapatíos bajo la falsa etiqueta de “agua potable”.
“El agua no miente, está contaminada con heces fecales y su olor lo confirma”, sentenció el ambientalista, recordando que desde el inicio de esta crisis, los habitantes de más de 600 colonias afectadas alzaron la voz para denunciar el flujo de aguas pestilentes en sus hogares, recibiendo únicamente la negativa y el deslinde de las autoridades.
Ante lo que calificó como un “montaje mediático” y un “ecocidio que se está convirtiendo en un crimen de lesa humanidad”, Muñoz Delgadillo demandó acciones radicales que dejen de lado las promesas electorales.
Exigió que se finquen responsabilidades penales a todos los involucrados por atentar contra la salud y la vida de los usuarios, incluyendo de manera directa al gobernador Pablo Lemus Navarro.
Pidió remover de sus cargos a los funcionarios del SIAPA que han participado en la ocultación y manejo político de la crisis.
El activista hizo un llamado enérgico a los diputados locales para que aprueben la disolución definitiva de este organismo descentralizado, argumentando que “nunca debió existir”.
Propuso que la responsabilidad de la distribución del agua potable sea devuelta por ley a los ayuntamientos metropolitanos, tal y como lo mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El ambientalista concluyó advirtiendo que la ciudadanía vigilará “de qué tamaño es el compromiso” de los actores políticos que hoy debaten el tema, exigiendo que la ley se aplique sin distinciones y frenando la tendencia de utilizar la tragedia del agua como botín para atraer votantes en los próximos comicios.




