Hay números que uno lee y sigue de largo. Números que aparecen en una gráfica, en una noticia o en una publicación de redes sociales y que, por repetirse tanto, corren el riesgo de parecernos normales. Según datos del Observatorio de Violencia Social y de Género de la Red Lésbica Cattrachas, entre el 1 de enero y el 16 de septiembre de 2026 se han registrado 330 desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes en Honduras. Lo escribo y vuelvo a leerlo: 330. Pero ¿qué significa realmente ese número? Porque decir 330 es sencillo. Cabe perfectamente en una gráfica. Se puede poner en letras grandes, comparar por departamentos, convertir en porcentajes y ordenar de mayor a menor. Lo difícil es pensar que detrás de cada registro existe una persona que un día dejó de estar donde debía estar y alguien comenzó a preguntarse dónde estaba.
¿A qué hora comienza una desaparición? ¿Cuándo una niña no regresa a casa? ¿Cuándo una adolescente deja de contestar el teléfono? ¿Cuándo una mujer no llega a su trabajo? ¿Cuándo pasan las primeras horas sin saber nada de ella? Y aquí aparece una pregunta que debería incomodarnos: ¿a qué hora comienza a buscarla el Estado? ¿Desde la primera llamada? ¿Desde la primera denuncia? ¿Después de determinadas horas? ¿Cuándo el caso comienza a circular en redes sociales? ¿Cuándo la familia logra que un medio de comunicación publique su fotografía? Porque mientras una familia cuenta minutos, las instituciones no deberían contar requisitos.
Hay algo que me inquieta particularmente cuando observo estos datos del Observatorio de Violencia Social y de Género de Cattrachas: de las 330 desapariciones registradas, 200 mujeres, niñas y adolescentes continúan desaparecidas. Son el 60.6 % del total. Doscientas. Entonces me pregunto: ¿dónde están? Pero también: ¿quién tiene la obligación de buscarlas? No hablo solamente de las madres, padres, hermanas, hermanos, amistades o personas que comparten fotografías desesperadamente en Facebook y WhatsApp. Hablo de quienes tienen presupuesto, personal, bases de datos, capacidad investigativa y, sobre todo, una responsabilidad pública. ¿Qué ocurre después de que una familia denuncia una desaparición? ¿Quién recibe el caso? ¿Quién investiga? ¿Quién cruza información? ¿Quién revisa cámaras? ¿Quién reconstruye las últimas horas? ¿Quién determina posibles riesgos? ¿Quién mantiene informada a la familia? Y, sobre todo, ¿quién responde cuando pasan los días y no hay respuestas?
Porque 200 mujeres, niñas y adolescentes que continúan desaparecidas no deberían ser solamente un dato para el próximo informe. También deberían provocar preguntas sobre la capacidad institucional para buscarlas y localizarlas. Hay 96 que fueron localizadas con vida y ese dato, aunque representa una respuesta distinta, tampoco debería significar automáticamente que el trabajo terminó. ¿Qué ocurrió mientras estuvieron desaparecidas? ¿Fueron víctimas de violencia? ¿Necesitan protección? ¿Recibieron atención psicológica, médica o jurídica? ¿Se investigaron las circunstancias de su desaparición? ¿Alguien determinó si existía riesgo de que volviera a ocurrir? Porque encontrar a una mujer, una niña o una adolescente con vida no debería convertirse simplemente en “caso cerrado”. Localizarla debería ser también el comienzo de otras preguntas y, cuando corresponda, de otras respuestas institucionales.
Y después están las 34 encontradas sin vida. Treinta y cuatro. Ahí las preguntas se vuelven todavía más difíciles. ¿Cuánto tiempo estuvieron desaparecidas antes de ser encontradas? ¿Cómo fueron buscadas? ¿Qué diligencias se realizaron durante las primeras horas y días? ¿Existían antecedentes de violencia? ¿Había denuncias previas? ¿Existían medidas de protección? ¿Hubo información que pudo haberse utilizado antes? Y existe una pregunta particularmente incómoda: ¿alguna pudo haber sido encontrada con vida si la respuesta hubiese sido diferente? No afirmo que así haya ocurrido. Precisamente por eso pregunto. Porque también debería existir espacio para evaluar la respuesta estatal cuando una búsqueda termina con el hallazgo sin vida de una mujer, una niña o una adolescente. No solamente para determinar qué le ocurrió, sino también para preguntarse qué se hizo durante su búsqueda, qué funcionó, qué falló y qué debe cambiar.
Los datos del Observatorio de Violencia Social y de Género de Cattrachas también nos dicen dónde mirar. Cortés registra 89 desapariciones; Francisco Morazán, 51; y Yoro, 36. Entre los tres concentran 176 de los 330 registros. ¿Y de qué sirve saberlo? Esa es quizá una de las preguntas más importantes. Porque si los datos permiten identificar los territorios donde se concentra el mayor número de desapariciones, deberían servir para algo más que colorear un mapa. Deberían ayudar a decidir dónde reforzar las búsquedas, dónde destinar más personal, dónde mejorar la coordinación institucional, dónde investigar patrones y dónde implementar acciones de prevención. Si sabemos dónde están ocurriendo más desapariciones, ¿qué cambia en la respuesta institucional? ¿Se destinan más recursos a esos departamentos? ¿Se fortalecen los equipos de búsqueda e investigación? ¿Se analizan las circunstancias que se repiten? ¿Las instituciones cruzan información para identificar patrones? ¿Se diseñan respuestas específicas para niñas y adolescentes? Porque tener el dato y no utilizarlo para orientar decisiones convierte una alerta en una simple estadística. Un mapa puede mostrarnos dónde se concentra el problema; lo que no puede hacer es resolverlo.
También pienso en algo que pocas veces aparece dentro de una gráfica: el camino que enfrentan las familias entre instituciones cuando alguien desaparece. ¿Cuántas puertas tienen que tocar? ¿Cuántas veces deben contar la misma historia? ¿Cuántas fotografías tienen que imprimir y compartir? ¿Cuántas llamadas deben hacer? ¿Cuánto tiempo tienen que esperar antes de recibir información? ¿Y por qué una familia debería aprender por su cuenta a buscar, documentar, preguntar y presionar para conseguir respuestas? Una familia no debería tener que convertirse en investigadora para lograr que alguien investigue. Para eso existen instituciones. Y si existen instituciones, también debe existir responsabilidad. No basta con preguntarnos dónde están las desaparecidas. También debemos preguntar qué institución hizo qué, cuándo lo hizo y cuál fue el resultado, porque la responsabilidad pública no puede diluirse en una palabra tan amplia como “Estado” hasta que finalmente nadie tenga nombre, competencia ni obligación concreta.
Y aquí hay algo que personalmente me cuesta ignorar: a veces pareciera que sabemos contar mejor a las desaparecidas de lo que sabemos encontrarlas. Y esa diferencia debería incomodarnos. Sabemos cuántas son. Sabemos en qué departamentos se concentran. Sabemos cuántas fueron localizadas con vida. Sabemos cuántas fueron encontradas sin vida. Sabemos cuántas continúan desaparecidas. Tenemos números, porcentajes, mapas y registros. Entonces, ¿qué nos falta para tener respuestas? Quizá por eso también deberíamos cuestionarnos qué ocurre cuando una desaparición deja de ocupar titulares o desaparece de nuestras redes sociales. ¿La búsqueda continúa con la misma intensidad? ¿Quién verifica que continúe? ¿Quién pregunta qué nuevas diligencias se realizaron? ¿Quién vuelve sobre un caso después de semanas, meses o años sin resultados? ¿O desaparece también la urgencia?
Hoy miro nuevamente el número: 330. Pero hay otro que me resulta todavía más difícil de ignorar: 200 continúan desaparecidas. Doscientas historias abiertas. Doscientas familias esperando respuestas. Doscientas razones para preguntarle a las instituciones responsables qué se está haciendo para encontrarlas. Porque compartir una alerta ayuda, registrar una desaparición es indispensable, construir estadísticas permite dimensionar lo que está ocurriendo y hacer mapas permite identificar dónde se concentra. Pero ninguna base de datos puede buscar a una persona. Ninguna gráfica puede investigar un caso. Ningún porcentaje puede tocar una puerta, revisar una cámara, seguir una pista o exigir una respuesta. Para eso existen instituciones.
Por eso, después de mirar todos estos números, quizá la pregunta ya no pueda ser solamente ¿dónde están? También tenemos que empezar a preguntar quién las está buscando, cómo las está buscando, desde cuándo las está buscando y qué resultados están teniendo esas búsquedas. Porque mientras 200 mujeres, niñas y adolescentes siguen sin regresar, detrás de esa cifra siguen existiendo nombres, familias, historias y preguntas que no desaparecen simplemente porque pase el tiempo. Y mientras esas preguntas sigan abiertas, también debería permanecer abierta una exigencia dirigida a las instituciones responsables: ¿qué están haciendo para encontrarlas?
