Morelia, Michoacán.- La violencia no para en la Tierra Caliente, Michoacán. Una pequeña de tan solo ocho años de edad y su papá murieron a balazos, luego de que un grupo de presuntos sujetos ligados al crimen atacó el poblado de El Guayabo, en el municipio de Apatzingán.
Las víctimas fueron identificadas como Alexa “N” y su padre Jorge Luis “N”, quien apenas tenía un mes de haber regresado de los Estados Unidos, donde trabajó una temporada para obtener recursos para la manutención de su hija, la cual vivía al cuidado de sus abuelos al estar separados sus papás.
Familiares de las víctimas informaron que el ataque fue perpetrado la noche del pasado martes por un grupo de “pacificadores armados” que atacó el poblado de El Guayabo, pese a que cerca se encuentra una Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI), integrada por el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Guardia Civil (Policía Estatal).
Ante estos lamentables hechos, Guadalupe Mora Chávez, hermano del fundador de las autodefensas de Michoacán, Hipólito Mora, y jefe de tenencia de La Ruana, municipio de Buenavista, demandó una investigación exhaustiva sobre el ataque armado ocurrido en la comunidad de El Guayabo, Apatzingán, en el que murieron Alexa, de ocho años, y su padre, Jorge Luis.
En un pronunciamiento fechado el 15 de octubre, Mora Chávez también pidió esclarecer la denuncia sobre la presunta negativa de auxilio por parte de elementos de la Base de Operaciones Interinstitucionales destacamentados en la escuela de la comunidad. Según el señalamiento, los agentes no habrían atendido el llamado de la familia durante la agresión.
¿Y es costumbre o coincidencia? Lo mismo ocurrió el 29 de junio de 2023 en la localidad de La Ruana, municipio de Buenavista, cuando asesinaron de más de 800 impactos de armas Barrett, calibre .50 y 60, así como cohetes, justo donde había un puesto similar a este, que en el momento del ataque a Hipólito no estaban y llegaron minutos después del homicidio.
El activista sostuvo que corresponde a las autoridades determinar qué ocurrió, quiénes intervinieron y si hubo responsabilidades. Subrayó que la exigencia de esclarecer los hechos no implica emitir conclusiones anticipadas, sino garantizar que la denuncia sea investigada y que ninguna institución quede fuera del alcance de la ley.
Expresó que el caso vuelve a evidenciar el impacto de la violencia en las familias y comunidades de Michoacán, donde, dijo, la población vive bajo la amenaza del crimen organizado. Desde La Ruana, afirmó, conocen las consecuencias de la inseguridad en la vida cotidiana, el trabajo y la tranquilidad de sus habitantes.
También cuestionó los resultados del Plan Michoacán y señaló que la estrategia debe evaluarse por sus efectos en las comunidades. En su pronunciamiento, mencionó denuncias sobre la presencia de drones con presuntos explosivos y minas en caminos, además de la persistente sensación de desprotección entre la población.
Solicitó apoyo humanitario para la familia de Alexa, que enfrenta la pérdida de dos de sus integrantes y los gastos funerarios. Mora expresó su solidaridad con la familia y los habitantes de El Guayabo, y pidió que la muerte de la niña no quede reducida a una cifra ni la denuncia sea olvidada.
La violencia en la Tierra Caliente de Michoacán continúa alta debido a la disputa territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Viagras y células locales como el Cártel de Tepalcatepec.
Tras la desintegración y el fin formal de los grupos de autodefensas surgidos entre 2013 y 2015, la región no logró recuperar la paz:
Disputa por el territorio y extorsión: Los cárteles luchan por el control de rutas de tráfico y por el cobro de piso (“extorsión”) a economías locales clave como la producción de limón, aguacate y frutos rojos.
Narcobloqueos y enfrentamientos: Siguen ocurriendo balaceras frecuentes, quema de vehículos de carga y bloqueos carreteros en municipios como Buenavista, Apatzingán y Tepalcatepec.
Desplazamiento forzado: La violencia constante ha provocado que familias enteras abandonen sus comunidades ante la falta de un control institucional firme.
Presencia de fuerzas de seguridad: El gobierno federal ha desplegado operativos y elementos de las fuerzas armadas (como parte de estrategias estatales y federales en la región), aunque los grupos delictivos continúan reorganizándose en los vacíos de autoridad.
Insuficiencia de la fuerza militar: Pese a que la presencia de más de 18 mil elementos de soldados y guardias nacionales sirve para controlar territorio temporalmente, los analistas señalan que no sustituye la necesidad de ministerios públicos, jueces y policías locales capaces de investigar, judicializar y desmantelar las redes financieras de los cárteles.
Control social y arraigo de los grupos criminales: Las organizaciones delictivas en Tierra Caliente han suplantado funciones del Estado durante años (mediante amenazas, “apoyos” económicos o el control de precios de los alimentos), lo que les permite mimetizarse entre la población civil o utilizarla como escudo bloqueando las entradas a los pueblos cuando entra el Ejército.
Corrupción local: La delincuencia organizada ejerce una fuerte presión, subordinación o colusión sobre las autoridades y policías municipales de la región, lo que neutraliza o filtra los planes de los operativos federales antes de que se ejecuten.




