Guadalajara, Jalisco.- El anunciado acueducto para la Zona Metropolitana de Guadalajara funcionará de manera puramente preventiva para evitar un colapso en el suministro de la ciudad, pero no resolverá el problema actual del agua turbia y contaminada que llega a los hogares.
Así lo advirtió la diputada federal Marilyn Gómez Pozos, quien precisó que la infraestructura busca blindar a la metrópoli ante eventuales fallas del sistema actual, sin que esto signifique una solución inmediata a la crisis de calidad del líquido que enfrentan miles de familias.
“Este nuevo acueducto (Guadalajara – Chapala) es un tema preventivo, es decir, eso no va a resolver el agua cochina que hay en las casas de la gente; pero si llega a fallar el acueducto que actualmente hay, eso sí sería una tragedia, porque implicaría meses de desabasto para toda la zona metropolitana”, puntualizó.
Explicó que la mala calidad del suministro responde al deterioro y falta de mantenimiento oportuno en la planta potabilizadora número uno de Miravalle y a la gestión del SIAPA, instancias encargadas del saneamiento previo a la distribución domiciliaria.
La intervención del Gobierno Federal para asumir la obra por alrededor de 13,000 millones de pesos a través de la CONAGUA respondió, según Gómez Pozos, a la necesidad de frenar un esquema de financiamiento local que amenazaba con sobreendeudar a la entidad a largo plazo.
La diputada denunció que la propuesta técnica presentada a nivel estatal contemplaba una privatización disfrazada y un costo financiero desproporcionado, “lo que llamó la atención de la Federación es precisamente la parte financiera, que implicaba una inversión de casi 12,000 millones de pesos que a la larga los jaliscienses íbamos a terminar pagando casi 50,000 millones a 25 años”, aseveró.
Respecto a la materialización de los recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la congresista aclaró que las transferencias no se realizarán en una sola exhibición dada la naturaleza multianual de las obras.
Para la asignación presupuestal se contemplan tres vías; la etiqueta directa de recursos específicos en el presupuesto federal, la asignación mediante la bolsa general de infraestructura de CONAGUA dentro del Plan Hídrico Nacional o una ampliación presupuestal directa al gobierno estatal por parte de la Secretaría de Hacienda.
Gómez Pozos coincidió en la urgencia de escuchar a los especialistas e integrar la visión de expertos independientes que han señalado la necesidad prioritaria de sanear las cuencas y cuerpos de agua de la región antes de apostar de forma exclusiva a las grandes obras de infraestructura.
Con la fecha límite del 15 de noviembre para dictaminar el presupuesto federal, la legisladora aseguró que mantendrá el seguimiento al proyecto para garantizar que la inversión se consolide bajo una estricta vigilancia de los recursos públicos.
