Desazolve crítico; exigen frenar traslado de lodos posiblemente tóxicos en la periferia.

Martes 27 de octubre.- Las labores de remediación frente a la crisis del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara han encendido las alarmas sanitarias en la periferia, ya que los lodos extraídos del Sistema Antiguo están provocando graves afectaciones a la salud de los habitantes en El Salto, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga debido a la falta de protocolos de contención y manejo de sedimentos altamente contaminados.

A pesar de que las obras impulsadas por el Gobierno de Jalisco contemplan una bolsa de 100 millones de pesos para retirar más de 260 mil metros cúbicos de azolve del canal y la presa de Las Pintas, las maniobras se realizan sin presentar una caracterización fisicoquímica previa del material, aseveró la agrupación ambientalista Un Salto de Vida.

La posterior dispersión de polvos y partículas suspendidas tras el secado de los lodos al aire libre ha derivado en afecciones respiratorias y oculares entre la población, sumado a los intensos malos olores denunciados por los vecinos.

En este contexto, se ha documentado que los camiones de volteo encargados de trasladar el material extraído circulan sin medidas de confinamiento ni sellado, derramando los lodos en la vía pública. Existen evidencias de que el sedimento se está depositando en predios de la zona sin ningún control; si la autoridad demuestra que el lodo no está contaminado que use el monorrelleno de El Ahogado, infraestructura cercana destinada formalmente para este tipo de desechos.

Frente a esta situación, la agrupación Un Salto de Vida señaló directamente a las dependencias responsables de estas acciones. En el ámbito estatal, la Comisión Estatal del Agua (CEA) y el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) que son las autoridades responsables directas de las labores de desazolve.

La agrupación también denunció la responsabilidad por acción u omisión del Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), al tratarse de cuerpos de agua federales intervenidos sin apego a la normativa ambiental.