Guadalajara, Jalisco.- Durante la presentación de la iniciativa de ley enfocada en agilizar el ingreso a viviendas y predios abandonados para la localización de personas desaparecidas, celebrada en el Congreso de Jalisco, el periodista de investigación Lauro Rodríguez presentó un diagnóstico crítico sobre las deficiencias normativas y la gravedad de la crisis forense y de fosas clandestinas que enfrenta la entidad.
Enfatizó la urgencia de dotar de certeza legal y herramientas oportunas a las familias e instituciones, señalando que las omisiones institucionales han obligado a los colectivos a asumir labores de riesgo por cuenta propia.
*Fosas clandestinas y el vacío normativo*
El periodista aportó datos sobre la magnitud del problema en la entidad; de las 260 fosas clandestinas de inhumación localizadas en Jalisco en los últimos seis años, 100 de ellas se ubican únicamente en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, lo que deja al descubierto la concentración y la dimensión de la violencia en el territorio metropolitano.
Rodríguez remarcó que, ante la lentitud en la emisión de órdenes de cateo y la falta de respuesta oportuna por parte de las autoridades encargadas de la procuración de justicia, las familias de personas desaparecidas han tenido que intervenir predios deshabitados sin acompañamiento oficial desde hace años.
Jalisco acumula al menos cuatro años de retraso en la discusión de una reforma que brinde certeza jurídica a las familias para realizar labores de búsqueda en viviendas abandonadas”, afirmó.
*Colapso forense y retrasos en la justicia*
Durante su análisis, Rodríguez también expuso las limitaciones operativas que atraviesan las instancias periciales del estado. Indicó que las dilaciones administrativas no solo obstaculizan la localización inmediata, sino que agravan la crisis de identificación.
Dijo que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) enfrenta severas dificultades técnicas para procesar e identificar cuerpos en avanzado estado de descomposición debido a la falta de recursos y capacidad instalada.
Advirtió que, mientras no se eliminen los obstáculos burocráticos y no se fortalezcan las capacidades periciales, el acceso a la justicia y a la reparación integral para las víctimas continuará estancado.
