Por: Josefina Real
Lunes 9 de noviembre.- La presidenta de Morena en Jalisco, Érika Pérez, afirmó que la incorporación de algunos presidentes municipales en funciones a Movimiento Ciudadano (MC) es consecuencia de presiones políticas y gubernamentales, más que de convicciones ideológicas.
Fue enfática al señalar que estas acciones obedecen a una estrategia de presión por parte del Gobierno estatal y no a un genuino convencimiento político.
“Sabemos de la presión que se ejerce a los diferentes presidentes del estado de Jalisco cuando no son del mismo partido… Los presidentes hacen lo que pueden con lo que tienen; entonces es un desprecio que le tienen a las y los jaliscienses… no es porque quieran, no es porque tengan esa convicción, sino porque si no, no les van a ayudar”.
Añadió que, al igual que ocurre con otros partidos de oposición, algunos ediles buscan respaldo presupuestal y administrativo para sus municipios, por lo que la falta de apoyo equitativo por parte del Ejecutivo estatal orilla a algunos perfiles a cambiar de partido. Sin embargo, advirtió que esto no garantiza que la sociedad vote por ellos en los próximos procesos electorales.
En otro tema, la dirigencia de Morena hizo un llamado al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para exigir total transparencia en la preparación y desarrollo de los comicios, así como en los procesos de selección de funcionarios de cara a las siguientes elecciones.
Destacó la importancia de que la ciudadanía tenga plena confianza en quienes encabezan las instituciones y los procedimientos electorales.
“Lo que queremos es que sean transparentes, sea un tema donde la ciudadanía esté, pues ahora sí que confiada de que quienes están encargados del tema más importante, que es la elección de sus representantes, sea un tema transparente, sea un tema donde sea una persona que no esté vinculada a ningún partido político”, dijo.
Remarcó que las instancias electorales locales deben conducirse bajo estrictos principios de imparcialidad, evitando que los procesos de designación y operación queden a merced de intereses políticos o de grupos partidistas que puedan mermar la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas del estado.
