Puntos y Contrapuntos
Criterios
Atrapado en su laberinto, los problemas políticos irritan y agobian al gobernador Enrique Alfaro Ramírez, sobre todo cuando percibe que podrían estar en riesgo dos de sus más ambiciosos proyectos: lo que él llama la “refundación de Jalisco” y la integración de un Congreso Constituyente que redacte una nueva Carta Magna para la entidad.
De paso por Jalisco, para participar el reciente sábado 24 de agosto del 2019 en la asamblea en la cual fueron electos los consejeros estatales y nacionales albiazules de nuestra entidad, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, hizo declaraciones que provocaron la irritación del gobernador de Jalisco, al señalar que en los comicios del 2021 podría romper su alianza electoral con Movimiento Ciudadano.
Cuando se le preguntó que si el PAN apoyaría la reforma a la Constitución de Jalisco para agregar un artículo que permita la instalación de un Congreso Constituyente que a su vez redacte una nueva Constitución para la entidad, Cortés Mendoza adelantó que la bancada de su partido en el Poder Legislativo local no tiene previsto acompañar la propuesta impulsada por el gobernador Enrique Alfaro.
Consideró que respaldar un planteamiento como el del mandatario emecista de Jalisco tendría algunos riesgos.
“Sería un precedente muy peligroso, muy delicado, en donde entonces, ahora sí, López Obrador nos podrá decir a nivel nacional ‘quiero un nuevo Constituyente para crear una nueva constitución’ y sería literalmente morder la manzana envenenada”, sentenció en declaraciones al periódico Mural.
Una reforma constitucional sólo prosperaría con el voto de las dos terceras partes de los 38 integrantes del congreso estatal. Es decir que 26 legisladores tendrían que estar a favor. Además del apoyo de por lo menos 63 de los 125 municipios de Jalisco. Movimiento Ciudadano tiene 16 votos y sumaría 2 del PRD, uno del Verde Ecologista y otro del Partido del Trabajo, para llegar a 20. Tendría en contra los 9 votos del PAN, 6 de Morena y 3 del PRI.
El pasado 5 de febrero del 2019 el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, presentó en el Congreso local una iniciativa de reforma a la Constitución Política del estado, para adicionarle un artículo 117-Bis, que tendría como propósito establecer las bases para convocar a un Congreso Constituyente que elabore una nueva constitución para nuestra entidad.
Según la iniciativa presentada, la convocatoria al constituyente la podría solicitar el titular del Poder Ejecutivo estatal, el Legislativo local, los ayuntamientos, o a través de una iniciativa ciudadana respaldada con firmas del cinco por ciento de la Lista Nominal de Electores de Jalisco, advierte la nota del periódico El Informador, publicada ese día en su plataforma digital.
Sobre la Iniciativa Ciudadana, la Fracción IV del Apartado “A” del Artículo 11 de la Constitución Política de Jalisco precisa actualmente: “es el mecanismo de participación mediante el cual los ciudadanos pueden presentar iniciativas de ley dirigidas al Congreso del Estado, o iniciativas de reglamento dirigidas al Poder Ejecutivo o a los ayuntamientos, para que sean analizadas y resueltas de conformidad con los procedimientos aplicables”.
Y explica quiénes podrían promoverla actualmente: “La iniciativa ciudadana dirigida al Congreso del Estado y al Poder Ejecutivo deberá ser solicitada al menos por el 0.05 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, correspondiente al Estado”.
Actualizada hasta el pasado viernes 23 de agosto del 2019, la Lista Nominal de Electores de Jalisco incluía a 5 millones 928 mil 272 ciudadanos con credencial de elector vigente, lo que significaría que el 0.05 por ciento equivaldría a 2 mil 964 ciudadanos.
Según la misma Constitución, la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de los mecanismos de participación ciudadana estarán a cargo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.
OTRAS VÍAS
Por otra parte, habría que considerar que entre los mecanismos de participación ciudadana que reconoce la Constitución de Jalisco actualmente, está la ratificación constitucional, contemplada en el Apartado “A” del artículo 11.
Se describe en los siguientes términos: “III.- Ratificación Constitucional: es el mecanismo de participación mediante el cual la ciudadanía podrá validar o derogar una reforma a la Constitución Política del Estado de Jalisco, siempre y cuando sea solicitada, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de su publicación, por: a) El Gobernador del Estado; b) El 50 por ciento de los ayuntamientos del Estado; o c) El 50 por ciento de los diputados integrantes del Congreso del Estado”.
Explica: “La votación de la ratificación constitucional se realizará el mismo día de la jornada electoral, salvo que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana autorice por unanimidad de votos su realización en una fecha distinta, fuera del periodo del proceso electoral, y siempre que exista suficiencia presupuestal para realizarla”.
En el supuesto de que la reforma constitucional al artículo 117, propuesta por el gobernador Alfaro Ramírez, pudiera ser aprobada en el cierre del 2019 o en el transcurso del 2020, la ratificación constitucional podría realizarse en la misma fecha de los comicios para diputados locales y alcaldes del 2021.
La ratificación constitucional podría ser promovida por el propio gobernador Alfaro Ramírez, para probar que es un político de buena fe, que escucha el pueblo, y para legitimar con el voto ciudadano sus pretensiones de impulsar una nueva Constitución para Jalisco.
Este proceso también sería equivalente ─dependiendo del respaldo o rechazo de la gente─, en los hechos, de facto, a una ratificación o revocación de mandato del gobernador Alfaro Ramírez, aunque no tuviera efectos vinculantes en este sentido.
La Constitución señala que el resultado de la Ratificación Constitucional será vinculante cuando participe por lo menos el 33 por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores del Estado y que, de esos participantes, más del 50 por ciento emita su voto a favor de la derogación de la reforma.
Hasta el pasado viernes 23 de agosto del 2019, la Lista Nominal de Electores de Jalisco incluía a 5 millones 928 mil 272 ciudadanos con credencial de elector vigente. Esto significa que el 33 por ciento representa 1 millón 956 mil 329 ciudadanos. Para que una reforma constitucional impugnada quedara sin efecto se necesitaría el voto del 51 por ciento de los votantes, es decir, 997 mil 727.
Pero si el gobernador Alfaro Ramírez no se atreviera a someterse al escrutinio de los ciudadanos y a poner a consideración de los jaliscienses la referida reforma al artículo 117 ─que pretendería regular el establecimiento de un Congreso Constituyente, para redactar una nueva constitución para la entidad─, en la Constitución de Jalisco vigente existe otra disposición que el pueblo podría utilizar para emitir su opinión.
Se advierte en el artículo 117 actual: “Esta Constitución sólo podrá reformarse con los requisitos siguientes: iniciada la reforma y aprobada por acuerdo de las dos terceras partes del número total de diputados que integren la Legislatura, se enviará a los ayuntamientos del Estado con los debates que hubiere provocado; si del cómputo efectuado por el Congreso resultare que la mayoría de los ayuntamientos aprueban la reforma, se declarará que forma parte de la Constitución”.
En el Congreso de Jalisco hay 38 diputados, las dos terceras partes son 26 legisladores. En la entidad hay 125 municipios y 63 integran la mayoría.
Agrega el artículo 117 de la constitución local en la actualidad: “Si transcurriere un mes después de que se compruebe que ha sido recibido el proyecto de que se trata, sin que los ayuntamientos remitieren al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que aceptan las reformas”.
Y explica algo que para la sociedad en general es esencial: “Las reformas y adiciones a esta Constitución podrán ser sometidas a referéndum derogatorio, parcial o total, en los términos que esta Constitución y las leyes establezcan para las reformas, adiciones y creación de leyes que expida el Congreso, siempre y cuando, además de los requisitos ya establecidos por esta Constitución, los ciudadanos solicitantes radiquen en cuando menos la mitad más uno de los municipios del Estado”.
LEGITIMIDAD
Someter a consulta popular su propuesta de reforma a la Constitución o el dictamen de la reforma constitucional, en caso de que fuera aprobada por el Congreso de Jalisco, llevándola al terreno de la Ratificación Constitucional, en la jornada electoral del 2021, daría legitimidad a los afanes de “refundación” del gobernador de Jalisco.
Alfaro es gobernador constitucional de Jalisco porque en apego a las disposiciones jurídicas vigente ganó las elecciones del domingo 1 de julio del 2018, al sumar una mayoría relativa.
Sin embargo, el respaldo con el que ganó la gobernatura no representa que la voluntad mayoritaria absoluta de los jaliscienses esté detrás de su proyecto.
Ustedes recordarán que el actual mandatario obtuvo 1 millón 353 mil 974 sufragios en su favor, que representaron el 39.53 por ciento de los votos depositados en las urnas, según datos proporcionados el Instituto Electoral de Jalisco a Mural y publicados el martes 10 de julio del 2018. Se quedó muy lejos del 50 por ciento más uno, que en la elección presidencial sí logró el mandatario Andrés Manuel López Obrador con el 53.19 de los sufragios depositados en las urnas de todo el país.
El año pasado sufragaron en Jalisco 3 millones 424 mil 442 ciudadanos en los comicios de gobernador, el 58.76 por ciento de quienes aparecían en la Lista Nominal de Electores, que tenía registrados 5 millones 904 mil 211 personas con credencial de elector y con derecho a votar. La mayoría relativa de Alfaro Ramírez, en el conjunto de los votantes que acudieron a las urnas fue del 39.53 por ciento, pero frente al total de la Lista Nominal de Jalisco, fue del 22.93 por ciento.
La pretensión de reformar la Constitución debe pasar, primero, por una consulta a la sociedad, que es la que finalmente tendría que dar su aval a un gobierno que se presume respetuoso de la opinión de la gente. Sobre los buenos hechos y las sanas prácticas democráticas se sustenta la legitimidad de un gobierno sincero y honrado. Sería inaceptable que el futuro de Jalisco se construyera sobre la imposición y el autoritarismo.
Sólo la acción firme y digna de los diputados de oposición en el Congreso de Jalisco, que los hay, aunque no siempre ejerzan en plenitud su responsabilidad de moderar y ser contrapeso del gobernador, podría impedir una reforma que de origen parece orientada a poner en manos del mandatario de Jalisco una descomunal concentración de poder.
