Artículo 19.-El día 5 de octubre cerca de las 20:30 horas, Angela Gástelum Lizárraga, hija de la periodista y directora de Los Angeles Press, Guadalupe Lizárraga, fue víctima de privación ilegal de la libertad por un sujeto desconocido en Mexicali, Baja California .
Angela se encontraba esperando un taxi cuando pasó un automóvil que lo parecía, “la persona me miraba y me pareció extraño pero lo dejé pasar y me subí por el tráfico que había”, comentó la hija de Guadalupe para Artículo 19, organización que fomenta y protege el derecho a la libertad de expresión.
Posteriormente, “le di la dirección a donde iba pero el hombre puso el cerrojo de las puertas y se dirigió en sentido contrario a donde le indiqué y subió la velocidad. Le dije que por allí no era pero él me contestó de mala manera que conocía su ruta. Insistí, me colgué el bolso al hombro y expresé que me quería bajar porque se dirigía rumbo a la salida a Tijuana. El hombre se metió por unas calles residenciales sin hacerme caso y al frenar en un alto, quité el seguro y me logré bajar, aunque él aceleró.”
Esta privación de la libertad se da en un contexto en el que tanto Lizárraga como otro reportero de Los Angeles Press han recibido agresiones en su contra a lo largo del 2019. El 14 de febrero, el domicilio de la directora del medio fue allanado. Si bien ella no reside en este domicilio, sí lo frecuenta para trabajar y en ese momento, pese a que se encontraban diversos objetos de valor en él, únicamente le robaron una grabadora que contenía información sobre sus investigaciones periodísticas y una chamarra. También le abrieron cajones y movieron muebles.
Luego, en abril del mismo año, fue víctima de doxxing y campaña de desprestigio en Twitter. En las publicaciones realizadas a través de diferentes cuentas, se le señaló de colaborar con integrantes de la delincuencia organizada. Estos ataques continúan hasta el día de hoy por diversos medios.
En los primeros días del mes de octubre, la biografía de la periodista del portal Wikipedia fue editaba para incluir información deliberadamente falsa y que la expone a un riesgo de sufrir ataques físicos. En dicha página aparece de manera textual, la siguiente información:
“María Guadalupe Lizárraga Hernández (Mexicali, 1965), es una escritora y periodista independiente, fundadora, con dinero proveniente del narcotráfico, del medio digital estadounidense Los Ángeles Press (…). Además de escribir la novela de ficción El Falso Caso Wallace, por el cual ha obtenido jugosas ganancias.
En paralelo a este acto encaminado a desprestigiar a la periodista, Ramón Flores, colaborador del medio recibió un paquete en su domicilio por parte de una persona desconocida, cuyo contenido aún desconoce. De acuerdo con Flores, son muy pocas personas las que conocen la ubicación de su vivienda. Cabe mencionar que Ramón Flores acude a dar cobertura a las conferencias del Presidente de la República y el 24 de septiembre, días antes de recibir el paquete sospechoso, cuestionó al mandatario federal si el gobierno permitiría que el llamado Caso Wallace quede en la impunidad.
Esto derivado del seguimiento que ha hecho Lizárraga y su medio a partir de la publicación de su libro El Falso Caso Wallace, en 2018, donde la periodista afirmó que el secuestro y asesinato del hijo de Isabel Miranda de Wallace fue un montaje.
Todas las agresiones sufridas por Guadalupe, su familia y el colaborador de Los Ángeles Press, Ramón Flores, han sido denunciadas ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, y dadas a conocer al Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
No obstante lo anterior, ninguna de las indagatorias existentes han arrojado datos que permitan localizar a los perpetradores y las medidas de protección otorgadas por el mecanismo federal han sido ineficientes para frenar las agresiones en contra de Lizárraga.
Por otro lado, es importante mencionar que aun cuando la periodista se encuentra desplazada en otro país desde el año 2010, Artículo 19 ha documentado en 2016 y 2018 que ha sido acosada por parte de elementos de la Procuraduría General de la República, quienes en dos ocasiones abordaron a la periodista para que, sin notificación previa, se presentara en la Subsecretaría Especializada de Investigación sobre Delincuencia Organizada para declarar respecto al caso Wallace.
Por dichos motivos, Artículo 19 exige a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión coadyuvar con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California y, aplicando el Protocolo Homologado para Investigar Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, se analicen las diversas agresiones y delitos cometidos contra la periodista y su familia con el fin de inhibir que estos actos se sigan reiterando.
Con información de Artículo 19.
