Debate Abierto
Criterios
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha puesto a la corrupción como eje central de su política. Para el presidente, es el cáncer que corroe a las instituciones, origen de todos los males, tales como pobreza, desigualdad y, además, herencia del largo período neoliberal. Casi diario, tanto en sus conferencias mañaneras como en sus giras por todo el país, pone el énfasis que su gobierno está trabajando en erradicar la corrupción de todas las instituciones públicas. Ese es el discurso central del gobierno. Sin embargo, para la población la principal preocupación es la inseguridad.
La Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción sobre Inseguridad Pública (ENVIPE) 2019, muestra que para este año 79% de la población se sentía insegura en las entidades federativas. La pregunta sobre cuál considera el principal problema que lo aqueja hoy en día, la población menciona que es la inseguridad: 67.2%. En tanto, la corrupción se encuentra en la sexta posición con 26.8%. Por tanto, la principal preocupación de la población no es la principal preocupación del gobierno.
Al mismo tiempo, el gobierno de López Obrador ha insistido mucho que el principal detonante de la inseguridad es la pobreza y la desigualdad; el diseño y el monto creciente del presupuesto canalizados a los programas sociales va enfocado en ese sentido: aumentar los apoyos a los sectores vulnerables, principalmente los jóvenes. Lo anterior tiene como objetivo disminuir la base social que alimenta a las empresas dedicadas al narcotráfico. Este programa busca que los jóvenes reciban una capacitación en una empresa, se les otorga un apoyo mensual con la esperanza de que al cabo de un año, sea contratado por esa empresa.
La ENVIPE muestra igualmente una radiografía clara de cómo el marco institucional dedicado a la impartición de justicia es totalmente disfuncional para otorgar mejores niveles de seguridad a la población. La encuesta muestra que durante 2018 se cometieron 24.7 millones de delitos en el país, por lo que el costo total de la inseguridad fue de 286.3 miles de millones de pesos; 1.5% como proporción del PIB. En 2018, el 93% de los delitos no fue denunciado, o bien, la autoridad no inició una carpeta de investigación. Dicho esto, la población no denuncia porque lo considera una pérdida de tiempo: 31.7%, por desconfianza en la autoridad, 7.4% o porque considera los trámites largos o difíciles, 8.9%. Es decir, 58% atribuible a ineficiencia en el desempeño de las instituciones que imparten justicia.
Por tanto en el momento por el que pasa México, es la inseguridad el principal problema social que preocupa a la ciudadanía y su principal detonante no es la pobreza y la desigualdad, sino la impunidad Los estados más pobres del país no son los que tienen los mayores niveles de violencia y desigualdad, sino los más poblados, los de mayor nivel económico, pero sobre todo, donde existen los mayores niveles de impunidad.
Los dos gráficos siguientes muestran la correlación que existe entre estas variables. El primero muestra la correlación que existe entre niveles de homicidios por cada 100 mil habitantes y el porcentaje de población en pobreza, cada punto representa a un estado del país. Como puede verse la línea recta muestra una tendencia negativa, lo cual sugiere que a medida que aumenta la pobreza disminuyen los homicidios; por su parte el gráfico dos, relaciona la tasa de homicidios y el índice de impunidad, la línea recta muestra una pendiente positiva, lo cual sugiere que a mayor impunidad, aumenta la tasa de homicidios. Además la nube de punto se encuentra más cercanos a la línea lo cual sugiere que la asociación entre las variables es mayor que con la variable de pobreza.
Fuente: Elaboración propia con base en índice Global de Impunidad, 2018. UDLAP. Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías, 2019 y Secretariado Nacional de Seguridad Pública Federal.
Adicionalmente, en una estudio reciente, Guillermo Zepeda y Guadalupe Jiménez (2019) publican el “Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías”, donde reportan un conjunto de indicadores que muestran una clara radiografía de los factores que determinan los niveles de impunidad en México. Nuestro país ocupa la posición 115 de 126 países del ranking del índice de Estado de Derecho, con 0.29, misma cifra que El Salvador, y muy cerca de Guatemala, 0.32.
En contraparte, Finlandia está en la primera posición, con 0.84. Este índice se compone de diversos factores, uno de ellos el número de ministerios públicos por cada cien mil habitantes, el promedio nacional es de 8.4; otro indicador es el presupuesto per cápita en la procuración de justicia, el promedio nacional es de 337 pesos por habitante. En la carga de trabajo atendido al año por ministerios públicos, el promedio nacional es de 160 asuntos por año. Estos indicadores llevan que la efectividad del sistema de impartición de justicia es sumamente bajo, el promedio nacional es de 1.3% de probabilidad de esclarecer un delito; los estados que actualmente tiene los peores niveles de homicidios, están en la parte más baja del ranking, Jalisco, 0.6%; Tamaulipas, 0.4% y Guerrero, 0.2% de probabilidades de esclarecer un delito.
Por tanto, el gobierno de López Obrador está enfocando mal el problema de la inseguridad, como puede desprenderse de la información aquí presentada. Resolver este flagelo requiere mucho más que discursos, para disminuir los altos niveles de inseguridad y la violencia es urgente una transformación radical de todo el aparato de impartición de justicia en México. Esto implica impulsar, en colaboración con los gobiernos de los estados, una reforma del Poder Judicial, que abarque desde el fortalecimiento de las policías municipales hasta los ministerios públicos.
Nada o muy poco ha impulsado el actual gobierno para reformar todo este sistema, que por décadas se ha ido deteriorando y por ello su obsolescencia es parte del problema y no de la solución para disminuir los enormes niveles de delincuencia que vive hoy nuestro país.
