Guadalajara, Jalisco.-A pesar de que la Contraloría encontró desfalcos cometidos por el exdirector general del extinto Patronato de las Fiestas de Octubre, Fernando Favela Camarena, uno por arriba de 81.7 millones de pesos, y otro de 1.8 millones de pesos atribuido a su sucesora, Martha Irene Venegas Trujillo, todo apunta que no se castigará a ninguno de los presuntos responsables por el mal manejo de los recursos.
Mediante diversas solicitudes de transparencia dirigidas al Congreso local, a la Contraloría y a la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, se pidió demostrar que se aplicaron las sanciones que debió imponer a Venegas Trujillo y a Favela Camarena, sin embargo, ambas dependencias se echaron la bolita entre sí para evitar responder.
El 21 de junio de 2018 el diputado emecista Salvador Caro Cabrera presentó un acuerdo legislativo –número 1863-LXI-18–, con carácter de dictamen, para que la Contraloría del estado informe los resultados de la investigación y seguimiento al presunto desfalco por 81.7 millones de pesos que se cometió durante la administración de Favela Camarena, entre 2015 y 2016, en perjuicio del Patronato Fiestas de Octubre.
Además, a la Auditoría Superior de Jalisco le pidió hacer una revisión a las cuentas del Patronato en los periodos 2015 al 2017, y al concluirla, debía enviar un informe al Congreso local e iniciar las denuncias que correspondan.
En una solicitud de transparencia al Congreso local, se le pidió copia del informe que requirió Caro en junio de 2018. El Poder Legislativo contestó –oficio LXII-2453/2019– el pasado 12 de diciembre que no se ha “remitido documento con relación a dichos procedimientos de responsabilidad”.
Incluso la Unidad de Transparencia del Congreso recomendó que se solicite la información a la Junta de Gobierno, con atención a la Dirección Administrativa del Patronato de las Fiestas de Octubre, cuando el organismo ya está extinto.
El Poder Legislativo sólo dio el oficio 1534/2018, con fecha 6 de septiembre de 2018, signado por el exsecretario general de gobierno, Roberto López Lara. Ese documento tenía anexada una copia del oficio 3253/DC/DAAICCMC/2018 que envió la Contraloría, del 17 agosto de 2018.
En este último escrito se menciona que Martha Venegas “emitió un acuerdo de incoación de procedimiento, dentro del cual se ordenó iniciar procedimiento sancionatorio en contra de diversos funcionarios y exfuncionarios, de acuerdo a las observaciones emitidas por esta Contraloría”.
Prosigue: “En consecuencia, el Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana, es quien se encuentra llevando a cabo los procedimientos sancionatorios correspondientes, por lo que deberá informar del resultado de los procedimientos de mérito”.
Se explica que cuando se tenga la información se haría llegar al Congreso local, por conducto de la Secretaría General de Gobierno.
El 4 de noviembre de este año, a Paul Orlando Santos Tapia, secretario particular del secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra, se le pidió, vía transparencia, entregar el informe de las sanciones contra funcionarios del Patronato de Fiestas de Octubre.
En su respuesta, aseveró que tras realizar una búsqueda exhaustiva se localizó el oficio de la Contraloría, del 17 de agosto del 2018, firmado por Arturo César Leyva González, director general jurídico, suplente de la contralora Teresa Brito Serrano.
Además, halló un memorandum del sistema de control interno que se envió para su atención y seguimiento al exdirector general de Estudios Legislativos y Acuerdos Gubernamentales, Juan Ignacio Toribio de la Cruz.
La reportera se comunicó a la Contraloría del estado para conocer el por qué aún no se han sancionado las irregularidades cometidas en el periodo de Favela Camarena. Su respuesta fue que esa labor ahora está en manos de la Secretaría de Administración, en específico en la dirección general de Liquidación de Entidades.
Debido a que no contestaron en la extensión telefónica de Liquidación de Entidades, se optó por pedir información al área Jurídica; no obstante, en esa área argumentaron que la vía para dar respuesta es mediante transparencia.
Auditoría
En su informe sobre la cuenta del Patronato de las Fiestas de Octubre del periodo 2017, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) encontró anomalías financieras por la cantidad de 1 millón 825 mil 642 pesos, por lo que propuso al Congreso local imponer un crédito fiscal ante la “probable afectación” al patrimonio.
Entre las 12 observaciones que hizo la ASEJ al ejercicio fiscal del Patronato, destacan que no se entregaron comprobantes del pago de la concesión del Palenque por la cantidad de 856 mil pesos, además, que existe un adeudo añejo en la cuenta de “clientes y subcuenta Venta al público” por 354 mil 576 pesos.
El Patronato tampoco proporcionó un comprobante de pago de un “contrato de concesión” por la cantidad de 202 mil 924 pesos, y un cobro pendiente por la “concesión del auditorio” por 101 mil 713 pesos.
Otro contrato que tampoco se cobró es la “concesión para terraza”, por 116 mil pesos, ni uno de un patrocinio por 80 mil pesos, y no se entregó un comprobante de los ingresos obtenidos por la venta de boletos a través de un tercero por casi 91 mil pesos.
Sin embargo, el Congreso local en lugar de fincar responsabilidad a Martha Venegas, decidió regresar la cuenta a la ASEJ para una segunda revisión.
Simulación de castigo
En septiembre de 2017, la contralora Teresa Brito declaró que Martha Venegas, quien asumió el cargo del Patronato de Fiestas de Octubre en abril de ese mismo año, tenía que iniciar los procedimientos administrativos contra su antecesor, y la Contraloría “hará lo propio”.
En esa misma fecha, el exgobernador Aristóteles Sandoval también aseveró que si al final del proceso de auditoría se detectaban irregularidades, se presentaría una denuncia penal. Mientras que su sucesor, Enrique Alfaro, coincidió el pasado 20 de agosto en que se castigaría a los exfuncionarios de la pasada administración por malos manejos en Fiestas de Octubre, pero hasta ahora no ha pasado nada.
El 1 de febrero de 2018, Teresa Brito mandó un oficio a Martha Venegas para que iniciara los procedimientos administrativos en contra de los posibles responsables, y tenía que “enviar la resolución obtenida” a la Contraloría, pero nunca lo hizo.
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