Varias son las estrategias puestas en marcha por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para impedir que los centroamericanos, la mayoría hondureños, que conforman la caravana migrante ingresen a su país. Sea que soliciten asilo, o bien se introduzcan por el desierto o las serranías, la Casa Blanca busca cerrarles el paso. Para ello, han echado mano de todo lo que consideran que pudiera ayudarles a cumplir su objetivo: la modificación de leyes y estatutos migratorios, dictar orden ejecutiva, desplegar cinco mil efectivos de la Guardia Nacional a su frontera sur, y recrudecer las detenciones por parte de la Patrulla Fronteriza en los lugares de ingreso a la Unión Americana.
De todas estas prácticas y discursos antimigrantes, esta semana la presidencia de Trump recibió un duro golpe judicial. Un juez federal de San Francisco, Jon Tigar, bloqueó temporalmente la ordenejecutiva, anunciada el 9 de noviembre pasado, que pretendía prohibir las solicitudes de asilo a los migrantes “indocumentados”. La razón del juez fue que “la orden del presidente vulnera la ley migratoria estadunidense, que permite pedir asilo a cualquier extranjero, independientemente de si entró o no legalmente al país”. Además, si fuera el caso de que la orden estuviera vigente, “la medida podría afectar a lascerca de 70 mil personas que cada año piden asilo en Estados Unidos” (El País, 20 de noviembre de 2018).En ese mismo sentido, se manifestó Omar Jadwat, portavoz de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), al decir que “la ley es clara: las personas pueden solicitar asilo, estén o no en un puerto de entrada, e independientemente de su estado migratorio” (La Opinión, 9 de noviembre de 2018).Desde luego, no es una resolución definitiva, pues la suspensión del juez tiene una vigencia de un mes, por lo que la Casa Blanca podría apelar la decisión.
La esencia de la orden ejecutiva es cancelar la protección a los migrantes que crucen la frontera de manera “ilegal”, endureciendo el sistema actual que permite revisar cada caso independientemente de cómo haya entrado en el país. Es decir, los hondureños en caso de no obtener el asilo en primera instancia, podrían tratar de entrar de forma “indocumentada” y solicitar su permanencia en la Unión Americana en caso de ser detenidos por la Patrulla Fronteriza, eso es precisamente, lo que pretende evitar Donald Trump. Por otro lado, la ordensuspende y limita la entrada de cualquier extranjero a Estados Unidos a través de su frontera durante 90 días, salvo aquellos que sean residentes permanentes y a los estadunidenses (La Opinión, 9 de noviembre de 2018).
Más allá de la caravana migrante, desde 2014, las solicitudes de asilo en la frontera se han cuadruplicado, lo que se suma a una acumulación de más de 750 mil casos pendientes en los tribunales de migración norteamericanos. Debido a la alta demanda, la cita para revisar los casos en los tribunales puede tardar hasta un año. Es una situación que ya vivieron los haitianos llegados a Tijuana hace dos años. En realidad, en 2018 las autoridades estadunidenses rechazan el doble de las peticiones con respecto a 2017, y están aceptando alrededor del 15 por ciento de ellas, lo cual nos indica que del universo de 15 mil centroamericanos quienes eventualmente solicitarían asilo, solamente lo obtendrán dos mil 250 (El País, 9 de noviembre de 2018).
Frente a esta situación, la pregunta es inevitable: ¿Qué sigue? En caso de que los hondureños y centroamericanos en general no obtengan el asilo estadunidense tendrán dos opciones: o regresar a su país o avecindarse en el nuestro. En cualquiera de las dos alternativas, el gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, deberá poner en marcha las medidas necesarias para llevar a buen puerto la opción que tomen las personas migrantes.
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