Un sector importante de la población en México está muy enojado con la forma en que Andrés Manuel López Obrador está gobernando: grandes empresarios, medios de comunicación, periodistas, analistas políticos y algunos intelectuales. No son muchos, pero tienen una gran influencia. Se auto denominan el círculo rojo: el círculo pensante y crítico del lopezobradorismo.
Después de la elección de 2018, estos grupos quedaron pasmados, sorprendidos y desorganizados para responder a las primeras medidas de gobierno del nuevo presidente de México. Antes, los grandes empresarios de México, por ejemplo, tenían derecho de picaporte en las oficinas de los principales funcionarios públicos del gobierno federal, llegando hasta el presidente de México y pasando por secretarios de Estado. Ellos dictaban aspectos importantes de las políticas económicas, reformas en las leyes y, por supuesto, tenían privilegios para evadir el pago de impuestos ante la Hacienda Pública.
El gobierno de López Obrador ha ido rompiendo poco a poco el régimen de privilegios fiscales en que se desenvolvían las grandes empresas de México, y esto, por supuesto, que ha generado mucha irritación y duras declaraciones en contra del presidente. Sobre todo desde aquella conferencia mañanera del 8 de abril en que López Obrador acusó que grandes contribuyentes debían más de 50 mil millones de pesos al SAT.
Poco a poco, esos grandes contribuyentes han ido pagando los adeudos: Femsa,8 mil 790 millones de pesos; América Móvil, 8 mil 289; Walmart, 8 mil 079; Grupo Peñoles, 4 mil 500 e IBM, 669. Sin embargo, aun existen muchos más que se niegan pagar o ya se acercaron a las autoridades para buscar algún descuento de los adeudos que tienen ante el SAT. Cuando inició el actual gobierno, la Secretaría de Hacienda declaro que 108 grandes empresas debían al fisco más de 400 mil millones de pesos con pagos pendientes desde los años de 2007 a 2018.
Igualmente López Obrador declaró que grandes empresas mineras, entre ellas muchas de origen canadiense, debían también el pago de impuestos. Hace unos días se entrevistó con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, para pedirle su apoyo y gestione que sus empresas paguen impuestos en México.
También todos los empresarios ligados a la producción, distribución y venta de energía eléctrica manifestaron su molestia porque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les está obligando a pagar la transmisión de la energía, producida de forma “limpia”, a sus clientes. Más enojo causó que Manuel Bartlett, director de la CFE, los acusara de crear un mercado negro porque suman como accionistas a quienes en realidad son sus clientes y por esta vía pagan la electricidad a un precio muy bajo. Por ello, estas empresas presumen producir energía eléctrica de forma limpia y muchos más barata que la CFE, obvio, esto porque no pagan el uso de la red y no invierten en el mantenimiento de las redes eléctricas.
Empresarios como José Antonio Fernández (Femsa, Coca Cola), Claudio X. González (Kimberly Clack); Alberto Bailleres (Palacio de Hierro, Petrobal, ITAM); Germán Larrea (Grupo México); Alejandro Ramírez (Ciépolis); Gustavo de Hoyos (Coparmex), Carlos Salazar Lomelín (Consejo Coordinador Empresarial) y muchos otros están muy enojados con las políticas de López Obrador.
José Antonio Fernández (Femsa) después de que lo obligaron a pagar los adeudos al SAT declaró que con gusto va a poner el doble de dinero para financiar una campaña contra AMLO en la consulta de revocación de mandato de 2022.
López Obrador enfrenta la peor crisis sanitaria y económica de este siglo. Esto puede escalar a crisis política, dado que esos grandes evasores de impuestos, aliados con periodistas e intelectuales, que también perdieron muchos privilegios, se están organizando cada vez más para descarrilar al gobierno federal. Se observan desesperados, algunos ven muy lejana la consulta de 2022 y ya se organizan para derrocar al presidente este mismo año. Ellos son los que están financiando campañas como la de Felipe Calderón y Gilberto Lozano (FRENAA), y desde las campañas de 2006 y 2012 invirtieron grandes cantidades de dinero en campañas contra López Obrador, su activismo en contra del actual presidente no es nuevo.
Ellos son los que están animando a gobernadores de varios estados a organizarse y oponerse a las políticas de López Obrador. Por ello ven con buenos ojos los desplantes y declaraciones del Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Para ellos, el emecista puede ser un buen candidato para la presidencia de la república en 2024. Todos estos grupos, se perciben variopintos y desarticulados por el momento; están al acecho de los errores de López Obrador, que son muy frecuentes, para atacarlo y con ello construir una narrativa de un presidente autoritario, que sus políticas están acabando con la libertad de expresión, la democracia, que está destruyendo todos los organismos autónomos y por supuesto que está destruyendo la economía de México.
Este discurso, a fuerza de repetirlo hasta el infinito y de raudales de dinero para difundirlo en redes sociales, poco a poco va aglutinando a una oposición que aún no encuentra un discurso propio y menos propuestas válidas que no hubiesen ensayado antes.
López Obrador ha tenido la firmeza y valentía para enfrentarse a estos grupos poderosos. Sin embargo, las declaraciones, regaños y acusaciones que hace el presidente en sus conferencias mañaneras no ayudan a despresurizar el ambiente tenso que se percibe entre el gobierno federal y los grandes inversionistas de México. Bien haría el presidente en serenarse y mejor usar todos los mecanismos legales para enfrentar a este grupo de grandes empresarios que se creían los dueños de México.
