Partidiario

Criterios

Dos grandes retos por resolver tiene por delante el gobernador Enrique Alfaro Ramírez a la brevedad posible: terminar con tres décadas de predominio totalitarista o cacicazgo de Raúl Padilla López en la Universidad de Guadalajara, y con la caricatura de justicia en que está convertido el Poder Judicial del Estado.

En el fondo ambas instituciones, la UdeG-Padilla López –o a la inversa– y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), para vergüenza del estado y de sus habitantes –ojalá lo fuera también para las autoridades– llevan desde hace años en sus entrañas, por desgracia, el germen de la corrupción como pocas veces había ocurrido.

La UdeG –lo sabe todo mundo, aunque son pocos quienes se atreven a cuestionarla y son mucho menos los que se atreverían a enderezarla y ponerle un hasta aquí– ha estado secuestrada por el Grupo Universidad que desde hace cerca de 30 años comanda, a su gusto y conveniencia, Raúl Padilla López, desde que asumió la rectoría en abril de 1989.

Desde entonces convirtió a la UdeG en una entidad cuasi privada, para él y sus amigos, con presupuesto oficial proveniente del gobierno jalisciense, en primer lugar y, en segundo, del gobierno federal.

Bien conocemos cómo es que sin la autorización del cacique nada se mueve ahí, y que utiliza al Consejo General Universitario y a la propia Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) para hacer y deshacer, y para aparentar una democracia que no existe, pues el único que quita y pone directivos y hasta maestros de tiempo completo es él.

No se diga como maneja el presupuesto a sus anchas y en nombre de la noble, venerable y bicentenaria institución educativa, con el cual hace grandes negocios particulares, enmascarados de cultura, cuando muchísimos universitarios –estudiantes y maestros– no tienen siquiera acceso a distintos eventos por el precio elevado del boletaje.

De ‘El Licenciado’ depende, además, el número de admitidos y rechazados, las becas y los becarios, los posgrados y los posgraduados. Él dice quién sí y quién no. Tanto más si alguien va a estudiar o no al extranjero.

Ante estas y otras realidades en la UdeG, en donde algunos pocos se han enriquecido, ¿cómo no va a ser prioritario que Alfaro y Andrés Manuel López Obrador frenen este cacicazgo que sólo beneficia a los suyos y poco a la comunidad universitaria y a la sociedad?

Por otro lado, está el caso del STJE, cada día más dramático y penoso. Esta situación se ha acentuado, sobre todo en lo que va del siglo. No  se diga en los periodos oscuros y corruptos de Celso Rodríguez y Luis Carlos Vega Pámanes. Ahí no sólo la justicia en sí tiene precio, sino los cargos; los puestos deben ir, al menos, apadrinados, y entre más elevados, más cuestan.

Como ya lo informó anteriormente Pedro Mellado en este mismo portal, el día de la toma de posesión de Alfaro varios colegios de abogados emitieron un desplegado en el que acusan al actual presidente del STJE, Ricardo Suro Esteves, de haber llegado “a través de la extorsión y el chantaje ejercidos por sus padrinos políticos”, el gobernador Aristóteles Sandoval y su secretario general de Gobierno, Roberto López Lara.

Así las cosas, ¿cómo puede haber justicia en lo que debería ser el santuario del Derecho, el  Poder Judicial de Jalisco, en donde sólo cuenta el poder, las influencias y el dinero?

Desde que tengo memoria –periodística al menos–, cada tres y seis años he visto en la gente de todas las condiciones sociales, de todos los niveles de preparación y, sobremanera, en la gente de buena fe en ciudades y el campo, un morir y un renacer de esperanzas ante tantas promesas.

Que ya no sean en vano.