De acuerdo con un informe de la Universidad de las América de Puebla, México es uno de los países con mayores índices de impunidad, el cual analiza aspectos como el porcentaje de policías por cada 100 mil habitantes, personas frente a tribunales, presos sin sentencia o encarcelados por homicidio entre el total de reclusos de 69 países.
Según los análisis de los investigadores, México se ubica en el décimo lugar en índice de impunidad por arriba de Tailandia, Honduras, Marruecos, Argelia, Azerbayán, Paraguay, Guyana, Nepal y Kirguistán.
“El caso mexicano se mantiene en niveles muy altos de impunidad y que la variación en su posición, en comparación con los reportes de 2015 y 2017, es resultado de cambios en la posición de otros países, más que de la implementación de acciones efectivas para fortalecer el Estado de derecho, garantizar el acceso a la justicia o proteger los derechos humanos”, detalla el informe.
En el índice del 2017, México estaba a la cabeza en la lista de impunidad en la región, pero este año lo superó Honduras. “Sin embargo, esto no significa que observemos una mejora o una transformación significativa en el funcionamiento de los sistemas de seguridad y justicia, así como en el respeto a los derechos humanos en el caso mexicano”, se lee en el informe.
México ocupa el lugar 60 de 69 de los países estudiados en el Índice Global de Impunidad de este año. Hace tres años, estaba en el 66, y hace cinco en el 58 de 59. Pero, el país es uno de los más castigados debido a la impunidad. Solo Honduras y Paraguay le superan, mientras que por detrás tiene a Guatemala, Perú, Ecuador, Chile y Colombia.
Sobre el ámbito estructural, el informe demuestra un alto número de personas que esperan sentencia y sobrepoblación en las cárceles, así como ausencia de jueces. Por ejemplo, el documento establece como promedio 17.83 jueces por cada 100 mil habitantes, mientras que México apenas cuenta con 2.17 jueces por cada cien mil habitantes, muy lejos de Eslovenia, una república europea que cuenta con 42.77 jueces por cada cien mil habitantes y que es el país con menos impunidad de los analizados.
Acerca del sistema de seguridad, el documento expresa que hay 347.76 policías por cada 100 mil habitantes; cifra mayor a la media en los 69 países estudiados.
“Esto no se traduce en capacidades efectivas de la policía. Además, al compararse con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se muestra que el estatus actual del estado de fuerza mínimo de la policía en México se encuentra casi un policía por debajo del estándar mínimo internacional (1.05 frente a 1.8 policías por cada mil habitantes)”, apunta la universidad.
“A pesar de que el problema de la impunidad está lejos de politizarse, se observa un aumento en las estadísticas delictivas. Esto podría afectar en futuras mediciones de la impunidad”, dice el informe.
Uno de los puntos preocupantes para los investigadores es “la precaria situación en materia de derechos humanos”, que “representa un factor crítico para entender los altos grados de impunidad que caracterizan al caso mexicano”.
La universidad plantea tomar medidas urgentes como “dotar de mayores presupuestos a los sistemas de seguridad y justicia”. “Estos recursos deben reflejarse en un aumento de sus capacidades humanas, infraestructura y profesionalización. Resulta indispensable contar con sistemas de evaluación más efectivos e independientes de los órganos de gobierno para garantizar información verídica y de calidad sobre el funcionamiento de los sistemas de justicia y seguridad”, asegura.
El nuevo sistema de justicia penal puede generar una percepción errónea sobre un aumento de la impunidad, según el informe, puesto que “si bien este sistema ha traído una mejoría en los procesos judiciales (sobre todo en materia de transparencia), esto no ha significado una mejoría para México debido a los resultados de los juicios”.
Mejorar las capacidades del sistema de justicia es una de las recomendaciones importantes. “Un sistema de justicia deficiente implica, en primer lugar, acceso desigual a la justicia y permitir procesos de doble victimización, pero significa también la imposibilidad de enfrentar la inseguridad pública a través de las instituciones del sistema de justicia”, explica.
También pide no ignorar “la existencia de sistemas de seguridad locales y federales mal preparados, con capacidades desiguales y con deficiente funcionamiento, así como sistemas de justicia colapsados y sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas externos”.
Para finalizar, el informe observa con preocupacion “la tendencia a un populismo punitivo que reivindica penas más fuertes y prisión preventiva oficiosa como el camino para reducir la impunidad”.
“Enfrentar los muy altos 15 niveles de impunidad para el caso mexicano pasa, necesariamente, por mejorar las capacidades y el funcionamiento de las instituciones de los sistemas de justicia y seguridad, así como brindar una protección más efectiva a los derechos humanos. Apostar por aumentar las penas y permitir prisión preventiva para más delitos supone, por el contrario, reproducir ciclos de impunidad que tendrán un efecto negativo en la población socioeconómicamente más vulnerable”, comunica el informe.
Con información de Animal Político
