Una más del combate a la corrupción que libra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Una más que esperemos llegue hasta sus últimas consecuencias y no se caiga en el camino por lo endeble de las pruebas presentadas. Una más que muchos mexicanos estábamos esperando: que la lucha contra la corrupción comience a llegar hasta lo más alto. Una más que nos recuerda lo que en las banquetas muchas personas afirman: Enrique Peña Nieto estaba enterado y, desde luego, estaba al frente de las grandes maniobras de corrupción durante su sexenio.
Lo anterior es lo mismo que la gente piensa y dice de Felipe Calderón, quien comenzó su administración robándose la presidencia.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Enrique Peña Nieto , expresidente de México, de los delitos de traición a la patria y cohecho en el caso Odebrecht, al utilizar como instrumentos para cometer diversos delitos a Luis Videgaray y a Emilio Lozoya Austin, exsecretario de Haciendo y exdirector de Pemex, respectivamente.
En el documento presentado por la FGR se afirma que “a instancias del mandatario, Videgaray distribuyó de manera espontánea y por interpósita personas 121 millones 500 mil pesos a los legisladores panistas Ernesto Cordero y Jorge Luis Lavalle; al dirigente partidista Ricardo Anaya y al legislador priista David Penchyna Grub”.
La información proviene de la petición de orden de aprehensión contra Luis Videgaray, la cual fue devuelta por un juez para que la FGR la fortaleciera. Enrique Peña Nieto, continúa la consideración de la Fiscalía, se apartó del Estado de Derecho y utilizó el cargo para el que fue electo con el fin de delinquir (Reforma, 12 de noviembre de 2020).
Como se ha mencionado desde las investigaciones llevadas a cabo en el caso Emilio Lozoya, las entregas de dinero en efectivo (denunciadas por el ex director de Pemex) a los legisladores panistas y priistas señalados tenían el propósito de obtener el voto de los aludidos para sacar a delante la reforma energética sin atender los intereses que representaban, sino únicamente actuando para su beneficio personal. Por otro lado, el delito de traición a la patria se habría cometido al impulsar las reformas estructurales que otorgaban beneficios a empresas extranjeras como Odebrecht en perjuicio de los mexicanos al permitir el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales que por mandato constitucional son propiedad de la nación.
Resulta fundamental que se fortalezca la voluntad política de la 4T para concluir con éxito las investigaciones sobre corrupción en los sexenios anteriores y también en los casos que se han presentado en esta administración. En todo caso, cerrar las investigaciones y llevar ante la justicia a los culpables tiene que ser solo cuestión de tiempo y calidad en la integración de los expedientes judiciales, y no, un asunto de intereses inconfesables.
No deja de llamar la atención que luego que la sociedad le exigía a la administración lopezobradorista y la FGR llegar hasta arriba en la cadena de corrupción, hoy que se acercan a Peña Nieto, muchos dicen que es una cortina de humo.
Va FGR por Peña Nieto: lo acusan de cohecho y traición a la patria
