Guadalajara, Jalisco.-Intereses políticos y compadrazgos han impedido que 24 personas que adquirieron hace 14 años un departamento en el complejo de dos torres Oliva Residence, en la colonia Americana, puedan hacer uso de su patrimonio.
Los afectados ganaron un juicio para recuperar los departamentos del complejo que inicialmente se llamó Alarcón Vertical, ubicado en Juan Ruiz de Alarcón 221 y Lerdo de Tejada, pero el juez no condenó al fiduciario a hacer la entrega y escriturar.
“Si fuera una comparación en materia penal, equivale a que ellos tengan una orden de aprehensión, y que nunca los van agarrar, no nos sirve de nada”, lamentó Luis Macías, uno de los afectados.
Los quejosos apelaron, y en segunda instancia convencieron a los magistrados de la omisión del juez natural. Sin embargo, la contraparte interpuso un amparo directo, y lograron que se revirtiera todo el fallo en contra de los afectados.
“Hay mano negra, porque son juzgados federales que tienen compadrazgos y amistades con los hijos de los otros magistrados que son nuestra contraparte”, apuntó Luis Macías.
Agregó que “estamos tramitando un amparo directo para convencer a jueces federales, cuál es verdad jurídica y sobre todo justa y correcta, los elementos ahí están”.
El inicio
Eduardo de Lascurain Cortina vendió el 14 de junio de 2007 el terreno de mil 625 metros cuadrados de la calle Ruiz de Alarcón a Alberto Arrelle Sergent, administrador de A & A Desarrollos Residenciales, S.A. de C.V. ─uno de los socios es su hijo Alejandro Arelle Frankl─, para desarrollar el complejo que constaría de 44 departamentos. Parte del trato era la entrega de un penthouse valuado a en 3.3 millones de pesos.
Alberto Arelle vendió en noviembre de 2007 el inmueble a su empresa filial Proyectos Inmobiliarios Condac, S. de R.L., y ésta, para obtener financiamiento, obtuvo dos créditos por 71.7 millones de pesos con Hipotecaria su Casita, S.A. de C.V., la cual se encuentra en este momento en liquidación.
La constructora comenzó a retrasarse en el pago de la hipoteca y a proveedores, entre ellos Armasel, S.A. de C.V., la cual proporcionó el acero y materia prima para levantar las dos torres.
De acuerdo con el folio mercantil 16929, son ochos los socios de Armasel, destacan, Jorge Alberto Flores Mejorada, socio del gobernador Enrique Alfaro, en la empresa Ocean View, y su hermano, Juan Carlos quien recibió el Premio al Joven Empresario Tlajomulco 2013, bastión político del político emecista.
La hipotecaria y los proveedores demandaron el pago, se llevó un juicio, y se llegó al acuerdo de crear el 19 de diciembre de 2014, el fideicomiso de garantía número F/00136, integrado por Proyectos Inmobiliarios Condac, Metrotorre, S.A. de C.V., Armaplan y Prestomatic, sin tomar en cuenta a las 24 personas que adquirieron un departamento, entre ellos, la alcaldesa con licencia de San Pedro Tlaquepaque, María Elena Limón y Eduardo de Lascurain.
Los afectados interpusieron un juicio mercantil para pedir la nulidad de diversas escrituras puesto que ahora no les quieren entregar los departamentos y pretenden regresar la cantidad en que se adquirieron en ese tiempo los inmuebles.
En el caso de Eduardo de Lascurain solicitó ─Juzgado Quinto de lo Mercantil, expediente 538/2018- se le reconozca su derecho como propietario del penthouse.
El fideicomiso fue creado por el despacho Ramos y Hermosillo Abogados, representado por Carlos Daniel Hermosillo Reséndiz y José Pablo Ramos Castillo, hijo del magistrado federal retirado, Hugo Ricardo Ramos Carrión.
Carlos Hermosillo y Pablo Ramos son socios de Prestomatic, una de las beneficiadas con el fideicomiso.
Además, los quejosos señalaron que a Carlos Hermosillo le habrían congelado sus cuentas bancarias por orden de la Unidad de Inteligencia Financiera, durante la Operación Agave Azul.
En el enredo del juicio mercantil, el representante de Hipotecaria su Casita aseveró que se pasó a CI Banco los créditos. Este último declaró ante la autoridad que cedió los créditos a Armaplan.
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