Ricardo Anaya Cortés pegó la carrera. El mal logrado candidato panista a la presidencia en 2018, ni tardo ni perezoso se peló a Estados Unidos. Bien pudo haber reflexionado: más vale que digan aquí corrí, que aquí me agarraron, me juzgaron y me encerraron. Mejor poner tierra de por medio y comenzar a construir el martirio de la persecución política. Seguramente muchas personas en México le comprarán su historia. Una historia de cartón apuntalada por millones de pesos de presunto origen dudoso, según las investigaciones.
Aunque el queretano alegue que existe una persecución política en su contra por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para encarcelarlo y evitar que vuelva a buscar la presidencia de la República en 2024, en realidad lo que pesa sobre él es una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por las denuncias realizadas en su contra por Ernesto Cordero, Javier Lozano y Emilio Lozoya.
La acusación de la FGR sobre Anaya es por haber recibido recursos cuando era diputado federal para aprobar la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Además, en la investigación están mencionados, según las declaraciones del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, Francisco Domínguez Servién (gobernador de Querétaro), José Luis Lavalle Maury (actualmente preso y sometido a proceso) Miguel Barbosa Huerta (gobernador de Puebla), Ernesto Cordero Arroyo y David Penchyna Grub, todos ellos habrían recibido sumas millonarias por órdenes de Luis Videgaray Caso, ex secretario de Hacienda, para que votaran a favor de la aprobación de dicha reforma. También recordemos que desde agosto de 2020 la FGR investiga a Ricardo Anaya por enriquecimiento ilícito y probables operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Aunque Anaya Cortés afirme que perdería sus derechos políticos si acude este jueves al Reclusorio Norte para rendir su declaración, es evidente que eso no sucedería, en todo caso seguirían las investigaciones para determinar si efectivamente es culpable o no. Pero antes de eso no perdería sus derechos políticos.
Lo que me parece que debe hacer Ricardo Anaya es poner cara. Si es inocente debe dejarlo en claro, debe presentar las pruebas necesarias y demostrarlo, eso le daría, sin lugar a dudas, una fortaleza moral frente a las autoridades y la ciudadanía, lo que eventualmente podría apuntalar sus intenciones de ser nuevamente candidato presidencial, algo que, por otro lado, no tiene seguro en el PAN. De hecho, me parece que antes de él, el blanquiazul tiene otras opciones para intentar regresar a la presidencia. Si contrario a eso, realiza la graciosa huida las sospechas de su culpabilidad se incrementan.
A no dudar, lo mejor es que la justicia no se use como arma política y quienes son investigados demuestren, si así se consideran, su inocencia.
