El fenómeno de trata de personas, en todas sus modalidades, va en aumento en Jalisco y desafortunadamente no hay compromisos claros y concretos en los tres poderes de gobierno para aminorar el problema, afirma la académica e investigadora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara, María Antonia Chávez Gutiérrez.

“El problema se ha ido agudizando”, asegura a Partidero. Incluso señala con un dejo de lamento que la sociedad jalisciense se “ha ido familiarizando” con ese tipo de delitos, y con otros que pudieran tener relación directa con el tema de la trata, como la desaparición de personas, la explotación laboral, adopciones ilegales y prostitución infantil.

Los problemas son reales y dolorosos, “sin embargo, no hemos avanzado en mostrar diagnósticos, y sobre todo cuando hablamos de procesos de judicialización, pues no aparecen ahí (en la Fiscalía General del Estado de Jalisco, FGEJ) casos evidenciados”.

Esos problemas van en aumento y no hay manera de saber qué se hace desde las regiones. “Es una contrariedad que está ahí, en alerta roja, y que considero no se le ha dado la importancia”.

–Obviamente, ese tipo de problemas se manejan de manera clandestina. Sin embargo, por las investigaciones que tiene desde la academia, ¿en qué color del semáforo se encuentra Jalisco?

–En foco rojo.

Agrega que quienes están en investigaciones de campo, sí identifican la relación del fenómeno de trata y el tráfico de personas con otros problemas asociados, por ejemplo, los procesos migratorios en calidad de expulsión, y lo delicado de las personas desaparecidas.

Las migraciones masivas, como la de centroamericanos que atraviesan México con la intención de llegar a Estados Unidos y que también llevan tintes politizados, tienen vínculo con tratantes de personas.

El compromiso de las autoridades

–La trata tiene muchas aristas, como ya lo señaló, entonces ¿qué tienen que hacer las autoridades de manera urgente?

–En primer lugar, entender de qué se trata el problema, cómo está relacionado con el tráfico ilegal; analizar que los procesos de migración les facilita las condiciones para que las personas sean de pronto captadas por las redes de trata. Saber y aceptar que el mayor riesgo es para mujeres, niñas y niños, y que muchos hombres son capturados para el crimen o para explotación laboral. Después de ese análisis, hacer un compromiso real para disminuir el fenómeno.

Esta reportera pidió a la FGEJ un reporte sobre el número de carpetas de investigación en lo que va del actual gobierno de Jalisco por el delito de trata de personas en las modalidades de explotación laboral, prostitución y reclutamiento para el crimen; asimismo, si hay carpeta de investigación por el delito de prostitución infantil.

La respuesta fue que desde el 6 de diciembre de 2018 al 6 de marzo de 2019 no existe ni una carpeta de investigación por los delitos de trata de personas ni por prostitución infantil.

–¿Son pocos meses de la actual administración para que actúen en consecuencia?

–Para ningún delito se justifica que tengan pocos meses, menos para delitos que tienen que ver con situaciones tan fuertes de daños a los derechos humanos, como es la privación de la libertad y tenerles bajo condiciones de explotación; yo creo que esa no es una justificación.

La académica exige a los poderes ejecutivo y legislativo estatales que se comprometan a conocer del grave problema que se vive en la entidad, y que asuman compromisos sobre las acciones a seguir. Lo más preocupante para ella es la desaparición de personas y la relación que pudiera tener con la trata.

“Esos cuerpos sin identidad que se tuvieron en los contenedores frigoríficos y que de pronto desaparecen las evidencias de esos cuerpos, seguramente muchas de esas personas estuvieron relacionados en situaciones de trata”, sospecha.

Reconocimiento rechazado

El 5 de marzo pasado, Chávez Gutiérrez hizo público su rechazo al reconocimiento “Hermila Galindo” que se le otorgaría desde el Congreso local.

Su determinación fue en solidaridad con las académicas y activistas Guadalupe Ramos Ponce y Candelaria Ochoa, quienes fueron rechazadas por legisladores del partido Movimiento Ciudadano a ser candidatas para tal distinción.

Guadalupe Ramos y Candelaria Ochoa han sido desde hace varias décadas defensoras de los derechos humanos de las mujeres, y su defensa aumentó, con apoyo de otras muchas más, desde que el gobernador de la entidad, Enrique Alfaro Ramírez, pidió al legislativo la extinción del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM).