Puntos y Contrapuntos

Criterios

Hay representaciones dramáticas, en la vida cotidiana, que en su escenificación reflejan la cruel y cruda realidad que los mexicanos han enfrentado los más recientes 18 años. Los hechos violentos se han exacerbado, como capítulos traumáticos de una interminable novela, dolorosa y sangrienta, sobre una guerra a la que ya es obligado poner fin.

Con la promulgación del decreto que dio formalmente origen a la Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el reciente martes 26 de marzo del 2019, la elaboración de la Ley Orgánica que regule las tareas de esa nueva corporación, así como el diseño del reglamenten para el uso de la fuerza legítima del Estado y del reglamento para el registro de detenciones aplicable en todo el país, algunas circunstancias dolorosas de los recientes años tendrían que resolverse y cambiar.

Las reformas constitucionales que entraron en vigor el pasado miércoles 27 de marzo del 2019 establecen regulaciones para la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, lo que no ocurrió durante los gobiernos del panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (2006-2012) y del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018), cuando se inició y profundizó en México la militarización indiscriminada del combate a la inseguridad y al crimen organizado, sin reglas ni contrapesos jurídicos que moderaran o evitaran los abusos y garantizaran respeto a los más elementales derechos humanos de los ciudadanos.

La secuela de horror, violencia y dolor será imborrable, aunque la justicia cumpla su cometido de concluir investigaciones sobre hechos dolorosos que han marcado el alma de los mexicanos en la cíclica representación del drama. La justicia puede inspirar el perdón, terminar con la zozobra, ser un bálsamo para el alma, pero jamás dejará espacio para el olvido. Hay casos que son emblemáticos.

DRAMAS

Primer acto. “Las dos víctimas del enfrentamiento entre Zetas y soldados la madrugada del viernes (19 de marzo del 2010) en la Avenida Eugenio Garza Sada no eran sicarios, como trascendió inicialmente, sino estudiantes de posgrado del Tec que salían del campus, lamentó ayer el Rector Rafael Rangel Sostmann”, publicó el domingo 21 de marzo del 2010 el periódico El Norte, de Monterrey.

Los alumnos, que presuntamente quedaron en medio del fuego cruzado, fueron identificados por sus familiares como Jorge Antonio Mercado Alonso, originario de Saltillo y estudiante de maestría, y Javier Francisco Arredondo Verdugo, de Baja California y estudiante de doctorado, ambos becados por excelencia académica en la Escuela de Ingenieros.

Al calor de la batalla, esa madrugada, los mandos militares que estuvieron en la balacera dijeron a los periodistas que los cuerpos correspondían a sicarios y que, incluso, portaban armas, aunque el comunicado oficial emitido más tarde por la Defensa Nacional señaló que no estaban identificados, explicó El Norte.

Nueve años después, el martes 19 de marzo del 2019, el gobierno de México ofreció una disculpa pública a los padres de los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey que perdieron la vida a manos de elementos del Ejército, en la sultana del norte.

A nombre del Estado mexicano, la secretaria de Gobernación, Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, expresó la disculpa por la violación a sus derechos en el marco del uso excesivo de la fuerza, por el que fueron privados de la vida los jóvenes, dice la nota publicada ese día por el periódico El Financiero.

“Jorge Antonio Mercado Alonso y Francisco Arredondo eran estudiantes de excelencia, no sicarios. Por mi conducto el Estado hace el compromiso de garantizar la reparación integral del daño desde el 19 de marzo de 2010 (…), así como implementar las medidas de no repetición para que los hechos que violentaron sus derechos no vuelvan a suceder a ninguna otra persona en nuestro país”, prometió la titular de Gobernación.

“Les ofrezco una disculpa pública por el daño a la imagen, el honor y la buena fama de Jorge Antonio y Javier Francisco, derivadas de las falsas imputaciones por diversas autoridades del Estado mexicano y por la alteración de la escena de los hechos”, reiteró Sánchez Cordero Dávila, según añadió El Financiero.

Segundo acto. Según dictamen oficial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), militares ejecutaron a 15 de los 22 muertos hallados en el suelo de una bodega en Tlatlaya, Estado de México, el lunes 30 de junio de 2014. Desde ese día, los gobiernos estatal y federal manejaron la versión de que los 22 “presuntos criminales” habían muerto durante un enfrentamiento con elementos del Ejército, publicó la plataforma digital Animal Político el miércoles 22 de octubre del 2014.

El martes 21 de octubre del 2014 la CNDH emitió la recomendación 51/2014 dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, por el caso Tlatlaya.

En ella detalla cómo sucedieron los hechos la madrugada del lunes 30 de junio del 2014, después de haber reunido evidencias, documentos y entrevistado a víctimas y testigos. Aunque se comprobó que la escena del crimen fue alterada “con la intención, muy probablemente, de simular que las muertes habían ocurrido en un contexto de enfrentamiento”, no fue posible establecer “precisamente quiénes presenciaron, ordenaron y toleraron las violaciones a derechos humanos que fueron cometidas”, según concluyó la CNDH, refiere Animal Político.

Tercer acto. Los jóvenes estudiantes hicieron ese día lo mismo que varias generaciones antes de ellos: viajaron del pueblo de Ayotzinapa, ubicado en el estado de Guerrero y sede de una de las principales escuelas para formar a profesores rurales de México, a la ciudad de Iguala. Tenían la intención de tomar autobuses para viajar a la capital del país y participar en la marcha anual conmemorativa de la matanza estudiantil de 1968.

Pero terminaron siendo víctimas de otra matanza. En un episodio aún confuso, durante la noche del viernes 26 de septiembre y la madrugada del sábado 27 de septiembre del 2014, hubo fuego cruzado entre diversas fuerzas policiales y presuntos integrantes de una célula de narcotráfico local contra los autobuses en los que viajaban los estudiantes (e incluso otro más a bordo del cual iba un equipo de futbol), reseñó el miércoles 26 de septiembre de 2018 el periódico estadounidense The New York Times.

Cinco jóvenes de Ayotzinapa murieron, una veintena de ellos resultaron heridos y 43 jóvenes, cuyo último paradero conocido fueron los autos policiales a los que los subieron, están desaparecidos desde entonces, concluye el diario estadounidense.

En su informe final, el Mecanismo de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que se analizaron diversas irregularidades relacionadas con la operación del Centro de Control y Comando C4 de Iguala, en el que operaban de manera coordinada representantes de todas las instancias de seguridad, tanto locales, como federales, incluyendo al Ejército, publicó el 29 de noviembre de 2018 la plataforma digital Animal Político.

“De acuerdo con la declaración de la funcionaria del C4 (de Iguala) encargada de telecomunicaciones –señala el informe de la CIDH–, el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional se encargaba de monitorear las cámaras del C4 y de resguardar los videos. Y agregó que después de la desaparición de los estudiantes normalistas, el C4, incluidos los servidores y equipos de cómputo, quedaron bajo resguardo del personal militar”, agrega la información referida.

“La esperanza de los familiares de los normalistas se ha renovado. Tras más de cuatro años de incertidumbre y nulos resultados, hoy su perspectiva ha cambiado. El compromiso que les hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la campaña electoral, para resolver el caso, comienza a dar sus primeros pasos. Este mediodía se puso en marcha la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, que se reunirá por primera ocasión el miércoles 23 de enero”, dice una nota publicada el martes 15 de enero del 2019 en el periódico La Jornada.

En el acto, encabezado por Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, titular de la Secretaría de Gobernación, Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete González, uno de los 43 normalistas desaparecidos, agradeció la disposición del gobierno de López Obrador para llegar a la verdad de los crímenes suscitados entre a noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, que dejaron seis personas ejecutadas, entre ellos tres normalistas, varios lesionados y 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada.

CAMBIOS

El artículo primero transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado martes 26 de marzo del 2019, para entrar en vigor al día siguiente, que da origen a la Guardia nacional establece: “El Congreso de la Unión dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, expedirá la Ley de la Guardia Nacional y hará las adecuaciones legales conducentes. Asimismo, expedirá las leyes nacionales que reglamenten el uso de la fuerza y del registro de detenciones dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor de este Decreto”.

El segundo artículo transitorio explica: “La Guardia Nacional se constituirá a la entrada en vigor del presente Decreto con los elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval que determine en acuerdos de carácter general el Presidente de la República. En tanto se expide la ley respectiva, la Guardia Nacional asumirá los objetivos, atribuciones y obligaciones (…) de la Policía Federal, con la gradualidad que se requiera para asegurar la continuidad de operaciones y la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros que correspondan”.

La Fracción II del artículo cuarto transitorio define: “La Ley de la Guardia Nacional contendrá, al menos, los siguientes elementos: 1. Los supuestos para la coordinación y colaboración de la Guardia Nacional con las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y de los Municipios y 2. Las reglas para determinar las aportaciones de las entidades federativas y Municipios cuando soliciten la colaboración de la Guardia Nacional para la atención de tareas de seguridad pública de competencia local”.

En tanto que la Fracción III del mismo transitorio señala: “La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza establecerá, por lo menos, las siguientes previsiones: 1. La finalidad, alcance y definición del uso de la fuerza pública; 2. Los sujetos obligados al cumplimiento del ordenamiento y los derechos y obligaciones de los integrantes de instituciones con atribuciones para llevar a cabo el ejercicio de la fuerza pública, y 3. La sujeción del uso de la fuerza a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y oportunidad”.

El artículo quinto transitorio define el tiempo que las fuerzas armadas estarán presentes en las tareas de seguridad pública: “Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.

A su vez, el artículo séptimo transitorio establece obligaciones a los gobernadores de las 32 entidades del país: “Los Ejecutivos de las entidades federativas presentarán ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en un plazo que no podrá exceder de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales estatales y municipales”.

LA FUERZA

¿Cuánta fuerza se necesita para enfrentar a los demonios que han sembrado de cruces el país y han profundizado la angustia y la zozobra, en la desencantada vida de millones de mexicanos?

En su libro “Diálogo en torno a la República”, en coautoría con Maurizio Viroli (Tusquets Editores, España, 2002), el filósofo y jurista italiano Norberto Bobbio explica: “una de las grandes funciones de la ley es establecer de qué modo debe utilizarse el monopolio de la fuerza legítima del Estado” (página 59).

“En toda sociedad, y por tanto también en una sociedad democrática, la función fundamental del derecho es establecer las reglas sobre el uso de la fuerza, lo cual significa: quién debe ejercerla (no cualquiera, sino sólo aquellos que estén debidamente autorizados); cómo (con un juicio regulado); cuándo (no en todo momento, sino cuando se hayan cumplido los procedimientos definidos por la ley), y cuánto (no se puede castigar un pequeño hurto del mismo modo que un homicidio)”, explica el jurista italiano Norberto Bobbio (1909-2004).

Con respecto a la violencia, Viroli argumenta que “el miedo produce una falta de ánimo y de valor que alimenta conductas serviles, induce a mantener la mirada baja, así como a callar o a hablar sólo para adular a los poderosos”. Cita al filósofo griego Cicerón, quien advierte que “la ley nos hace libres porque nos defiende de la voluntad arbitraria de los otros individuos” (página 31), dentro o fuera de las instituciones del Estado.

¿Cuánto tiempo tendremos que esperar para observar los resultados de los nuevos planes de combate al crimen organizado y para la recuperación de la seguridad, la tranquilidad y la paz de los mexicanos?

La promesa del gobierno de López Obrador está en el decreto antes citado, que da origen a la Guardia Nacional: “Un año después de haberse emitido el programa referido, el Ejecutivo local (los gobernadores) enviará anualmente a la Legislatura de la entidad federativa correspondiente y al Consejo Nacional de Seguridad Pública, la evaluación integral del mismo con el informe sobre los avances en los objetivos señalados y su cumplimiento en un horizonte de seis años. Los resultados de la evaluación serán considerados para el ajuste del programa y su calendario de ejecución, por los órganos correspondientes”.

Los mexicanos quieren vivir con dignidad y decoro, en una sociedad democrática y armoniosa, inspirada por la legalidad, en la plenitud de un Estado de derecho. Esto no será posible mientras la sociedad siga agobiada por los miedos, por la corrupción, por la inseguridad y la violencia.

La pacificación del país, que alimente la esperanza, es una condición sine qua non para que los gobiernos, el federal, con Andrés Manuel López Obrador, y el de Jalisco, con Enrique Alfaro Ramírez, puedan aspirar a legitimar su “cuarta transformación” de la República, el primero, y la “refundación” de Jalisco, el segundo, respectivamente. Porque todo lo demás que hagan no consuela.