Gudalajara, Jalisco.-El presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro Castro, buscó la protección de la justicia para evitar actos que reclama la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa (TAE) del Estado de Jalisco y otras autoridades.

El amparo le fue concedido el 19 de marzo del año en curso por el juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa Civil y de Trabajo, Juan Manuel Villanueva Gómez, y está firmado por la secretaria del mismo juzgado, Silvia Núñez Viveros.

En el documento en poder de Partidero se lee: “Se concede a Ismael del Toro Castro, por su propio derecho y en su carácter de presidente municipal de Guadalajara, Jalisco, la suspensión provisional que solicita para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, y en su caso no se ejecute el arresto administrativo ordenado del ocho de marzo de dos mil diecinueve, en los autos del juicio administrativo 1383/2016 del índice de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva”.

El antecedente para que el funcionario público se amparara es que el magistrado Armando García Estrada, de la Cuarta Sala del TAE, “emite una orden de arresto administrativo por 36 horas a la autoridad que fue demandada, en este caso directamente al presidente municipal”, informa el abogado Christian Manuel Gudiño.

Cuando el juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa Civil y de Trabajo libera el amparo a favor de Ismael del Toro, se le notifica al magistrado y “se le pregunta que si es verdad, el propio magistrado responde que es cierto, que dieron la orden para el arresto del alcalde”.

Los antecedentes

El abogado Gudiño asesora legalmente a Salvador Martín Alba Suárez, vecino de la calle Otranto de la colonia Providencia, y que es afectado debido a la construcción de un edificio de departamentos de lujo a un costado de su vivienda; su inmueble presenta pérdida total.

Finca dañada por la construcción: pérdida total.

En la actualidad, la torre de departamentos en la calle Otranto esquina con Alberta se encuentra suspendida; la orden la dio la Quinta Sala del Tribunal de lo Administrativo por encontrar inconsistencias.

Sin embargo, el magistrado Armando García Estrada tenía otro juicio en su poder, “en donde la constructora alegaba una supuesta orden verbal para clausurar la obra del entonces presidente municipal, Enrique Alfaro Ramírez; ese juicio fue acumulado al de la Quinta Sala que promovió el mismo ayuntamiento para paralizar la obra y el magistrado jurídicamente ya no tenía elementos para actuar”.

Empero, el magistrado insiste en que se cumpla su suspensión, la cual consiste en que se permita continuar con la obra de los desarrolladores Juan Manuel y Pablo Gandoulf Castellanos, expropietarios del almacén Fábricas de Francia.

El magistrado García Estrada advirtió a las autoridades del ayuntamiento de Guadalajara que si no dejaban terminar el edificio “iban a sufrir medidas de apremio”. Le explicaron al magistrado que no pueden cumplir porque hay otra orden de la Quinta Sala que dice que no debe continuar la obra; ante ello, el magistrado emitió una orden de arresto administrativo para el presidente municipal y éste se amparó.

“¿Quién gobierna Guadalajara? Para mí es evidente que no es Ismael del Toro, y sí los constructores y algunos magistrados aliados a ellos”, expresa el abogado Gudiño.

Por su parte, el afectado, Salvador Martín Alba Suárez, también lanza la pregunta: ¿quién gobierna en Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez o los constructores?

Alba Suárez paga renta en un departamento ante la inhabitabilidad de su casa. Manifiesta que lo que más le extraña es que los magistrados del TAE sigan a favor de los constructores.

Se le pregunta si el magistrado está engañando a los desarrolladores Gandoulf.

El afectado responde: “Yo creo que no, yo advierto que se trata de una complicidad”.

El juicio inició en el 2015 y no ha habido ni una sentencia. Considera que “lo han mantenido vivo con el único ánimo de que la suspensión surja efecto y la obra sea reabierta”.

Ante hechos inconstitucionales advertidos por el abogado Gudiño, considera que el juicio puede llevar uno o dos años más, mientras que su cliente Alba Suárez afirma que su exigencia es la reparación en un 100 por ciento del daño moral y económico que ha sufrido.

El asesor legal asegura que Juan Manuel y Pablo Gandoulf Castellanos únicamente buscan los beneficios de la obra sin que importe el daño que le hacen a un vecino, a través de compadrazgos y corrupción para que la obra siga. “Aquí lo más preocupante es qué está pasando entre los poderes ejecutivo y judicial”, finaliza.