Lisby Dayana Allen Bardales de 18 años fue acusada por homicidio y porte ilegal de arma de fuego luego de asesinar a un hombre que abusó sexualmente de ella en un motel en Olanchito, Yoro, en Honduras.
Ella misma llamó a la policía y les contó los acontecimientos de los que había sido víctima. Sin embargo, el aparato de justicia se volcó contra ella, una joven negra, sin recursos para llevar su propia defensa y la acusaron de homicidio. Ella sola contra el Estado.
Su historia, parecida a Yaikiri, mujer mexicana que logró acreditar la legítima defensa, se cruza también con la historia de Mary.
El 14 de octubre de 2015, María Guadalupe Pereda estaba en casa de unos compañeros de la escuela haciendo un trabajo. Tenía 19 años y estudiaba criminalística. Su pareja, Carlos Alberto Balderas Castañeda, de 38 años, llegó al lugar y empezó a insultarla. Estaba ebrio y drogado.
De acuerdo con reportes periodísticos, ese día, entre gritos se fueron del lugar rumbo a la casa que habitaban. Al llegar, ella empezó a hacer su maleta, quería irse, abandonarlo, en eso Carlos apareció con una pistola y le dijo que la iba a matar.
“Se salió a cerrar las puertas de la calle y me volvió a decir que me iba a matar. Cuando regresó a la recámara donde comenzamos a discutir, yo le comienzo a apuntar y me comenzó a gritar mátame y se empezó a acercar y es cuando yo le dije que no lo hiciera… no supe en qué momento se escuchó el disparo”, relató María ante los jueces el 21 octubre del 2015, en la audiencia donde fue acusada de matar a su pareja, consignan notas periodísticas.
Mary llamó a emergencias. Cuando la ambulancia llegó, ella quiso ayudar a subirlo al vehículo. Estaba todavía vivo. Carlos murió una hora después.
Ella quedó detenida. La Fiscalía General de Chihuahua la acusó de homicidio calificado, sus abogados argumentaron que se trata de una legítima defensa, por la serie de abusos que sufrió la víctima desde meses antes del homicidio.
Desde su detención la Fiscalía se dedicó a criminalizarla, en la etapa de ofrecimiento de pruebas, las autoridades “intentaron probar que hubo dolo en el homicidio, basándose en dichos de testigos que eran amigos y familiares de él y que declararon que Carlos (un abogado de 38 años) era quien sufría violencia por parte de María, entonces estudiante de 19 años.
Después de permanecer dos años nueve meses tras las rejas, los magistrados absolvieron a Mary del delito de homicidio, al acreditar legítima defensa en contra de su agresor. Un tribunal de casación absolvió a Mary al reevaluar su situación como legítima defensa y decretar la nulidad de la sentencia dictada en agosto del 201. En la audiencia, se destacó que la Fiscalía no actuó con perspectiva de género, una Fiscalía que también tuvo la insensibilidad para investigar desde una mirada no criminalizadora, si bien es una instancia persecutora del delito, había elementos muy claros que finalmente el tribunal y el colegio de magistrados, resolvieron sobre diversos elementos que no fueron considerados por el tribunal de primera instancia, ni por la Fiscalía. Estoy muy contenta porque en verdad se hizo justicia, se pudo… estoy muy feliz”, dijo Mary en el exterior del penal femenil, entre gritos de alegría, llanto y abrazos de un grupo de integrantes de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, asociación civil que acompañó la defensa de la joven.
“Fue algo muy difícil, ahora quiero estar con mis hijas y mi mamá”, dijo Mary al salir de la cárcel.
Esperamos que pronto que en Honduras, los tribunales actúen también con perspectiva de género y Lisby pueda decir lo mismo que Mary y regresar con su pequeña hija que apenas tiene 4 años 11 meses y que desde hace tres años fue privada de estar con su mamá.
El caso de Lisby es acompañado por la Red Lésbica Cattrachas y por las organizaciones mexicanas CLADEM y Justicia pro Persona, quien contribuyó con un Amicus Curie al caso de Mary para acreditar la legítima defensa.
Dra. María Guadalupe Ramos Ponce
Coordinadora de CLADEM en México
Profesora Investigadora de la UdeG.
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Canal de Youtoube Dra. Lupita Ramos.
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