Guadalajara, Jalisco.-Este lunes, integrantes de la Coordinadora Jalisciense de Asuntos Ambientales y Derechos Humanos solicitaron al Gobierno de Jalisco la suspensión inmediata del programa de verificación vehicular obligatoria. La exigencia fue entregada de manera directa en el Palacio de Gobierno, tras ser recibidos por personal de la Oficina de Asuntos del Interior y del área de Información y Documentación del Ejecutivo estatal.
Durante su posicionamiento público, los colectivos señalaron que el programa, implementado durante la administración de Enrique Alfaro y continuado por el actual gobierno estatal, ha demostrado fallas operativas y no ha mostrado mejoras verificables en la calidad del aire.
“Es por el nulo interés que le está poniendo el gobierno del Estado de Pablo Lemus al tema del rediseño de la verificación vehicular”, declaró Jaime David Aldrete Medina, vocero de la Coordinadora. Agregó que “tuvimos una reunión hace más de un mes donde se iban a integrar mesas de trabajo para ver las fallas y suspender el programa hasta implementar medidas que no sean recaudatorias, sin embargo, vemos que no tienen la voluntad de hacerlo”.
Los colectivos denunciaron que, a pesar de los compromisos asumidos por el gobierno estatal en una reunión previa, como la instalación de mesas técnicas y la organización de un foro ambiental con académicos y especialistas, ninguno de estos acuerdos ha sido cumplido.
En protesta, colocaron una imagen simbólica que retrata al programa como un “Frankenstein recaudatorio”, construido —según indicaron— con elementos como corrupción, opacidad y complicidad institucional.
Como parte de su visita al Palacio de Gobierno, los representantes de la Coordinadora sostuvieron una reunión informal con funcionarios estatales, en la que, afirmaron, se evidenció la falta de coordinación entre las dependencias involucradas, incluyendo la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), la Secretaría de Hacienda, la Agencia Integral del Aire y Asuntos del Interior.
La Coordinadora reiteró su exigencia de que el programa se suspenda hasta que se rediseñe con base en criterios técnicos, de salud pública y con participación ciudadana.
