Guadalajara, Jalisco.-Luis Armando Córdova Díaz, exdiputado federal y local del PRI, quien fue asesinado este lunes 6 de mayo en una plaza comercial del municipio de Zapopan, había documentado y denunciado, al menos desde 2018, presuntos casos de corrupción en administraciones de Movimiento Ciudadano (MC), señalando directamente a la exalcaldesa de Tlaquepaque y exdiputada federal, María Elena Limón García.
El ataque ocurrió a plena luz del día. De acuerdo con los primeros reportes, dos sujetos a bordo de una motocicleta ingresaron al establecimiento y dispararon en repetidas ocasiones contra Córdova, quien se encontraba acompañado por una mujer. La Policía de Zapopan localizó al menos 15 casquillos percutidos en la escena.
Córdova presidía el Centro de Estudios Pila Seca A.C., desde donde impulsó denuncias públicas y legales sobre presunto enriquecimiento inexplicable de Limón García y varios de sus familiares. En 2020 y 2019 se integraron las carpetas de investigación 117/2020 y 305/2019 en la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Jalisco, sin que hasta ahora se hubieran reportado avances.
“Imponen su voluntad por encima de la ley y benefician intereses particulares y no los de la comunidad”, declaró Córdova en 2024, luego de denunciar la falta de acción de la Fiscalía. Reiteró que, aunque se habían aportado pruebas y testimonios, no se desahogaban los procedimientos legales.
El 6 de mayo de 2024 —un año antes de su asesinato— presentó una demanda penal contra Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y contra Marcos Huerta Sánchez, agente del Ministerio Público número 05, por omisión e inacción.
La investigación de Córdova también incluía a familiares de Limón García —hijos, un hermano y dos sobrinos— acusados de realizar compras de inmuebles, vehículos de lujo, joyas, y de mantener un estilo de vida que, según los señalamientos, no correspondía a sus ingresos como servidores públicos.
También, presentó en su momento una solicitud de juicio político contra el fiscal De la Cruz Tovar y una denuncia contra la alcaldesa con licencia de Tlaquepaque, Citlalli Amaya, por apología del delito, al no separar de sus cargos a los funcionarios involucrados en señalamientos previos.
Hasta el momento, las autoridades no han relacionado de manera oficial el homicidio con las denuncias encabezadas por el exdiputado.
