Por: Eduardo Esquivel Torres
Viernes 27 de junio de 2025.- Con la justificación contribuir al derecho a la memoria de las víctimas de violación a derechos humanos y aportar al derecho a la información de la ciudadanía del Estado de Jalisco, las diputadas, María Candelaria Ochoa Ávalos, de Morena y Mariana Casillas Guerrero, Futuro, piden la reinstalación del Antimonumento 5J en la Plaza Imelda Virgen en un plazo no más de 60 días naturales
El Antimonumento surgió a raíz de los eventos del 4 de mayo de 2020, cuando Giovanni López fue arrestado por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos por supuestamente no usar cubrebocas.
Al día siguiente, su familia fue informada de su muerte, y se encontraron signos de tortura y un disparo en la pierna en su cuerpo.
Un mes después, el 5 de junio de 2020, jóvenes que protestaban por el fallecimiento de Giovanni López fueron agredidos por policías estatales con gases lacrimógenos, resultando en 28 detenciones arbitrarias.
El día 5 de mayo entre 80 y 100 jóvenes fueron víctimas de desaparición forzada por parte de elementos de la Fiscalía de Jalisco y policías municipales, siendo liberados horas después en las afueras de la ciudad.
Las legisladoras de Morena y Futuro señalaron en el acuerdo que, a pesar de las evidencias y testimonios, las autoridades obstruyeron la investigación.
Se alegaron fallas técnicas en las cámaras de vigilancia del C5 en los lugares clave donde ocurrieron las desapariciones.
Un amparo interpuesto por un ciudadano anónimo en representación de las víctimas fue sobreseído en marzo de 2025, bajo el argumento de que las autoridades finalmente proporcionaron información sobre el paradero de los desaparecidos.
Agregaron que el proceso judicial ignoró las irregularidades, como la incomunicación forzada y la falta de transparencia en las investigaciones que realizó la Fiscalía que en ese momento era encabezada por Gerardo Octavio Solís y el Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro.
Fue hasta 2023 cuando diversos colectivos instalaron el Antimonumento 5J en memoria de las víctimas, sin embargo, fue retirado por el Gobierno estatal y el Ayuntamiento de Guadalajara, por lo que diversas organizaciones y colectivos promovieron un amparo ante un Juez de Distrito que determinó negar la medida cautelar. No obstante, el Tribunal Colegiado revocó la decisión del juez y ordenó a las autoridades estatales y municipales reinstalar el Antimonumento, lo que a la fecha no se ha cumplido.
