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A 12 años del atentado en Morelia: Calderón debe explicar la impunidad

A 12 años del atentado en Morelia: Calderón debe explicar la impunidad

Morelia, Michoacán.-Septiembre negro para México y los michoacanos. Hoy se cumplen 12 años del atentado terrorista en Morelia y la fecha no hay un sólo culpable real de los granadazos ─uno frente a la Plaza Ocampo (Palacio de Gobierno) y otra en Madero, frente al templo de la Merced─ que dejaron nueve muertos y más de 150 heridos.

“Cada cambio de sexenio es un suplicio, para que se no ayude”, coinciden afectados del hecho entrevistados por Partidero, y también señalan que parece que están pidiendo limosna y que aún no se les ha declarado como víctimas.

“El expresidente Felipe Calderón es el principal responsable de que siga en la impunidad el atentado terrorista aquella noche del 15 de septiembre de 2008, en pleno Grito de Independencia, cuando detonaron unas granadas de fragmentación en la plaza Melchor Ocampo”, agregan.

El ataque, perpetrado con granadas hace 12 años en contra de las personas que festejaban el Grito de Independencia en pleno zócalo de Morelia, Michoacán ─hecho inédito en nuestro país─, fue calificado oficialmente como terrorismo. A pesar del saldo fatal, la impunidad a perdurado.

Esto luego de la sentencia final emitida por un Tribunal Colegiado Federal,  cuyos magistrados resolvieron, en definitiva, la absolución de cuatro sujetos a los que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) acusó de pertenecer a Los Zetas, y de ser los responsables del ataque, pero que a la postre se descubrió que fueron detenidos ilegalmente y torturados para que se declararan culpables.

A María de Jesús Vázquez Silva la explosión le provocó quemaduras severas y la posterior amputación de la pierna izquierda. Actualmente se desplaza en silla de ruedas pues el gobierno estatal le dio una prótesis que no es la adecuada, siendo el único apoyo recibido. Sumado a ello no fue registrada en la investigación inicial como víctima de los hechos, debido al mal trabajo del Ministerio Público.

Omar Bernardo Navarrete Vázquez, hijo de María de Jesús, sufrió múltiples fracturas como consecuencia de la estampida que generó la explosión. Requirió cirugía de reconstrucción de los dedos de una mano y al día de hoy necesita de terapia constante. Además requiere una cirugía de cadera, y no se le ha podido practicar porque el gobierno estatal no tiene el equipo necesario. Tuvo que interrumpir sus estudios.

Rocío García Guerrero tuvl múltiples hemorragias internas provocadas por las esquirlas de una de las granadas. El tratamiento le permitió reponerse físicamente y al día de hoy padece secuelas físicas menores. Sin embargo como resultado de la explosión falleció su hijo de nombre Ángel Uriel (menor de edad), así como su madre Elisa Guerrero García. Y su hermano José García presentó herida de gravedad.

Margarita Castillo resultó ilesa pero su esposo Alfredo Sánchez falleció en el lugar del ataque a causa de una de las explosiones. Quedó en estado de indefensión económica a cargo de sus hijos, que en el día de los hechos aun dependían del padre.

José García Guerrero padeció fractura expuesta de tibia y peroné, así como la muerte de su madre Elia Guerrero y su sobrino Ángel Uriel, y lesiones graves de su esposa Aurora Bravo y su hermana Rocío García. A la fecha continua con esquirlas incrustadas en ambas piernas, que le generan molestia y requieren una cirugía.

Aurora Bravo Lucas, esposa de José García, también padeció múltiples heridas en las piernas y a la fecha continua con esquirlas que le generan dolores. Ello además de afectaciones emocionales por el ataque y por la revictimización de los últimos años.

La Federación atrajo las investigaciones, y no se descarta que hayan fabricado hechos, han dicho el exgobernador Leonel Godoy Rangel y el exsubprocurador Ignacio Mendoza Jiménez.

“Él (expresidente) tiene que dar una explicación de lo que en realidad ocurrió esa noche”. Merodea una de las hipótesis que señala a ese gobierno de estar detrás de esta tragedia.

Hace 12 años ocurrió este sangriento hecho que marcó para siempre al estado, cuna ideológica de la Independencia de México, esa misma que se perdió esa noche en la que se arengaba a quienes habían luchado por ella 198 años antes.

No ha llegado la justicia para las víctimas, ni para el estado. No hay nadie en la cárcel, y es probable que la investigación esté en el archivo.

Fue un acto bárbaro, en donde masacraron a inocentes. El gobierno actual debe retomarlo y que haya justicia”, reclamó  el exgobernador, Leonel Godoy, quien en ese momento apenas tenía siete meses de haber asumido el encargo de gobernar la entidad.

La historia real de lo que ocurrió no se conoce a profundidad, pues la única investigación que se tenía se cayó y los detenidos fueron puestos en libertad.

A los supuestos autores se les torturó, e incluso, ellos denunciaron que Servando Gómez Martínez, la Tuta, fue quien los entregó en Apatzingán a dos altos funcionarios de la extinta Seido, dijo Ignacio Mendoza, tras retomar textos que revelan que Mario Arturo Chaparro, uno de los hombres fuertes del gobierno, se reunió con cabecillas de la entonces Familia Michoacana y ahí surgió la versión de que el responsable del ataque había sido un grupo delincuencial ajeno al estado.

Las primeras actuaciones corrieron a cargo de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, sin embargo, horas después del ataque el Gobierno de la República atrajo las investigaciones. Se encargaron de levantar declaraciones y de realizar las actuaciones correspondientes.

“Seguramente entonces el presidente de México tiene información que será útil para conocer qué fue lo que en realidad ocurrió. Las granadas de fragmentación correspondían a un lote de la Sedena que se robaron un mes antes en Iguala.

“El secretario García Luna y el procurador Medina Mora deben saber qué pasó”, dijeron ambos personajes, quienes por su investidura en esos momentos tuvieron información de primera mano minutos después de la tragedia.

Al abordar el tema, el exgobernador Godoy ha pedido al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que revise con puntualidad el expediente y que la Fiscalía General de la República informe qué es lo que existe detrás de este ataque a la sociedad.

“Sobre ese gobierno se deja ver un manto de la sospecha y de la corrupción. No se sabe del exprocurador Medina Mora y de García Luna se tiene una investigación en Estados Unidos. Debe haber justicia para las víctimas de este artero ataque y aunque no tenemos elementos para sostenerlas, había varias hipótesis sobre el origen del atentado, entre los que destaca la necesidad de desestabilizar a Michoacán y darle ‘la bienvenida’ al gobierno”, señaló el diario estatal La Voz de Michoacán.

Mendoza Jiménez encabezó las primeras diligencias en la zona cero. Fue uno de los primeros servidores que arribó a lugar del ataque. La información que le dio el Ejército Mexicano en ese momento era que la persona que lanzó la granada era experta en el manejo de ese tipo de artefactos.

El exsubprocurador de justicia de Morelia reconoce que la investigación no ha concluido. Pero también es cierto que no hay nadie sujeto a proceso y “mucho menos una versión que llegue o se aproxime a la verdad”.

Se abrió fuego contra el gobierno federal de ese tiempo, puesto que no quiso llegar a la verdad de los hechos, por lo que espera que la actual Fiscalía actúe y no deje en la impunidad esa tragedia que ha sido un fantasma que ha perseguido al estado cada 15 de septiembre.

Mendoza Jiménez reconstruyó los hechos, y ha dado seguimiento puntual a este tema, sin embargo, admite que quien debe dar una explicación es Calderón Hinojosa.

Mendoza Jiménez acusó que el presidente Calderón solapó que funcionarios públicos de su gobierno pactaran con el crimen organizado y “les compraran la versión y siguieran esa pista falsa” que derivó en la detención de tres personas que más tarde fueron liberadas.

Por lo pronto, el gobierno federal ha actuado de manera negligente y omitió generar las condiciones para hacer una investigación, afirmó el abogado.

En tanto que el exgobernador destacó que nunca se le pidió colaboración a su gobierno, por lo que por culpa del expresidente expanista “hay impunidad”.

El abogado recuerda que el principal testigo, quien vio al autor material, fue amedrentado y su declaración no está consignada en el expediente.

Mendoza asistió a reuniones de gabinete que tenían como fin reconstruir esa historia. En aquel entonces los equipos de inteligencia tenían como principal línea de investigación que habría un atentado en el desfile del 16 de septiembre con una agresión directa al Ejército.

Sin embargo, rcuerda que de un momento a otro se dio la indicación de retirar a la Policía Ministerial del comando que se encargaría de vigilar los festejos patrios del 15.

Se echaron en saco roto los rumores que cada momento avanzaban más. El ambiente era tenso. La orden era que todos se mantuvieran en alerta. Se creía que el ataque sería a oficinas de gobierno.

15 de septiembre 2008

En punto de las 11 de la noche, Godoy Rangel salió al balcón principal a arengar a los héroes de la Independencia.

El badajo le dio problemas. No se escucharon los primeros repiques de las campanas y fue evidente.

Eso causó gracia entre los espectadores, y quizá fue lo que evitó que la tragedia fuera mayor. Se escuchó un estruendo y de inmediato supusieron que se trataba de cohetones.

Fausto Vallejo, el alcalde de Morelia, estaba preocupado porque los juegos artificiales eran responsabilidad del ayuntamiento, y la primera información que tenía es que había heridos.

Arriba, en el Palacio de Gobierno, había nerviosismo; abajo, ya había charcos de sangre y decenas de personas tenían “heridas de guerra” en sus cuerpos.

La granada fue lanzada con el propósito de que cayera en la plancha de la avenida Madero, sin embargo, encontró un obstáculo: un joven de más de 1.80 metros de altura. Con su cabeza chocó el artefacto y detuvo su marcha.

El sujeto robusto, de barba de candado y con calvicie, estaba a unos metros de uno de los puestos de control del Ejército Mexicano, según la reconstrucción de hechos que narró Mendoza Jiménez.

Mario Bautista Ramírez, entonces director de Seguridad Pública, fue el primero en llegar. Ya estaban ahí un par de paramédicos; nadie se daba abasto.

Eran decenas de personas a las que les habían destrozado sus pies y manos. El comandante Romero se encargó de coordinar los primeros auxilios. Llegaron ambulancias de diversos municipios. El Centro Histórico era un caos. Sobre las calles de Morelia se escuchaban insistentemente las sirenas.

El Ejército se hizo cargo de la escena del crimen. Rescatistas y paramédicos ayudaron a trasladar a las personas heridas a los hospitales de la ciudad.

Para el colmo, había un paro de trabajadores de la Secretaría de Salud, y el titular, Armando Luna Escalante, dialogaba con ellos para tratar de destrabar la movilización. Cuando comenzó a propagarse la noticia, los médicos por su cuenta se reincorporaron a sus labores y dieron atención.

Las camillas eran insuficientes. Fueron trasladados también al Seguro Social y al ISSSTE. Fue una noche trágica, que no se olvida. Sus víctimas reclaman justicia, esa que parece no llegará.

El 25 de septiembre de 2008 se anunció la detención de cuatro personas, supuestamente implicadas en los hechos, en Apatzingán, Michoacán.

La entonces titular de la Subsecretaría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (hoy SEIDO), Marisela Morales, dijo que los detenidos habían sido localizados gracias a una llamada anónima, y que habían confesado ser parte del mencionado grupo delictivo y responsables del ataque; una persona más sería detenida después.

Pero el proceso penal en contra de todos ellos se estancó casi desde el inicio. Pocos días después de la captura, los detenidos señalaron ante el juez que su “confesión” era falsa y que habían sido torturados para declararse culpables, una práctica que ya había empleado la PGR en otros casos. Por esa situación interpusieron demandas de amparo en contra del auto de formal prisión.

En mayo de 2015, un juez federal concedió finalmente el amparo a los detenidos, que para ese momento llevaban siete años encarcelados, y ordenó su libertad.

Entre otras cosas, el juez destacó que diversos  exámenes periciales confirmaban que los detenidos habían sido torturados, y que no se respetaron sus derechos, pues se les recabó la declaración en un video sin contar con un abogado. Declaración que además fue difundida en medios.

Lo cierto es que las víctimas siguen sin justicia, al no haber ni un solo responsable de este hecho, a 12 años de ocurridos.

Ahí, en esa plancha que se tiñó de sangre, frente a ese monumento donde están grabados los nombres de quienes murieron, también están las víctimas que aún presentan las secuelas de aquella noche.

Ofrendas florales posan sobre la placa conmemorativa de aquellos a quienes les fue arrebatada la vida en un día de fiesta.

Ahí también están las que aún libran la batalla de no ser reconocidas como víctimas generales ante el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) y por lo tanto no han recibido la ayuda necesaria.

“A las autoridades que están en este momento les pedimos que nos hagan el favor de apoyarnos para que seamos registrados en el Renavi de México.

Somos víctimas generales  que estamos en el estado luchando, a 12 años todavía no somos víctimas generales”, dijo una de las víctimas.

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