Morelia, Michoacán; Sábado 14 de septiembre de 2024.- El 15 de septiembre del 2008 México vivió uno de los peores atentados terroristas que ha dejado el narco a lo largo de su historia de violencia y sangre en el país: dos granadas de fragmentación fueron detonadas entre la población que celebraba las festividades patrias en la plaza principal de Morelia, en el estado de Michoacán, durante el gobierno del perredista Leonel Godoy Rangel.
A 15 años de los que fue considerado por el gobierno como un “acto terrorista”, no hay responsables ni culpables del hecho que marco la vida de los Morelianos y Michoacanos, que ya no acuden con confianza al Grito de Independencia, en Palacio de Gobierno, Monumentos, flores, homenajes y ofrendas son el triste recuerdo de la masacre, las víctimas, vivas, cada sexenio se acercan al gobierno en turno, como si fueran limosneros y no afectados de los granadazos.
El atentado, que se atribuyó oficialmente al cartel de la Familia Michoacana, dejó un saldo de siete personas fallecidas y al menos 132 hombres, mujeres y niños que resultaron con lesiones graves. Algunos de los lesionados perdieron una o hasta dos de sus extremidades.
A 15 años de sucedidos los hechos todavía no se sabe a ciencia cierta quienes fueron los autores de ese atentado, las victimas de esa agresión no han recibido justicia ni reparación del daño.
Ni los que fueron encarcelados inocentemente por ese hecho han recibido justicia: Julio César Mondragón Mendoza, El Tierra Caliente; Juan Carlos Castro Galeana, El Grande, y Alfredo Rosas Elicea, El Socio o El Valiente, quienes fueron torturados por la Familia Michoacana y declararse culpables del atentado y el General Mario Arturo Acosta Chaparro, causado de tener nexos con Amado Carrillo Fuentes, “El señor de los cielos”, según expediente de Inteligencia Militar.
El pasado miércoles 11 de septiembre, el secretario del Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, recordó que de las 60 víctimas del 15 de septiembre de 2008, cuando estallaron granadas en el Centro Histórico de la ciudad, 46 personas están siendo atendidas con apoyos temporales y 14 con ayuda vitalicia.
Torres Piña informó que la semana antepasada se reunió en un desayuno con los involucrados, donde se le dio seguimiento a las inquietudes que se tienen y se “ha tratado de dignificar un poquito más los planteamientos y atenciones que se venían generando”.
¿QUÉ HAY DE NUEVO AL RESPECTO?
El encargado de la política interna del estado reveló que se gestiona la instalación de un Memorial cerca del templo de La Merced, sin embargo, no se ha podido localizar al dueño del inmueble para su autorización, “pero se están haciendo las gestiones”, recalcó.
Por otra parte, el funcionario estatal dio a conocer que la Comisión de Víctimas Estatal del S-15 ha logrado que el padrón, tanto de vitalicios como de temporales, sea vinculado al padrón de víctimas a nivel federal.
Finalmente, expuso que hay un acercamiento constante con ellos para darle seguimiento a los tres decretos que se emitieron por parte del Congreso local.
En el 2009, entonces caso en secrecía, se pidió a la entonces PGR una entrevista a través de su oficina de prensa, para conocer el avance de las investigaciones y su versión de las presuntas irregularidades que evidencia el expediente de la causa penal 254/2008.V, consultado en el Primer Tribunal Unitario, con sede en Jalisco, pero, no respondieron.
Aurora Bravo, familiar de una de las personas que pereció por el ataque con granadas lanzadas hace 15 años, señaló que aún las secuelas siguen latentes: “Lo más grave es que no ha habido justicia y no hay detenidos por ese acto de barbarie que fue calificado como terrorista”, indicó. Recientemente falleció una mujer que resultó lesionada por esquirlas por lo que suman nueve muertos y más de 100 lesionados.
La mañana de este 15 de septiembre, en la plaza Melchor Ocampo, a un costado de la catedral de Morelia, en el lugar del atentado de 2008, se develó una placa en memoria de los caídos, donde cada año se depositan ofrendas florales.
El sentimiento y el dolor de familiares y víctimas está a flor de piel: “Destruyeron a nuestras familias y nuestras vidas, hay mucho dolor por los que ya no están y por los que sobrevivieron con molestias permanentes que provocan las esquirlas dentro del cuerpo”, comentó Liliana Díaz.
Una granada fue lanzada, en medio de la oscuridad de la plaza Ocampo y otra en la calle Quintana Roo, esquina con avenida Madero. “No sabía a quién ayudar primero, había muchos heridos en medio de tanta sangre, y creo que las ambulancias tardaron mucho en ayudar a los heridos”, comentó Aurora Bravo.
Relató que todos los lesionados siguen con tratamientos de por vida porque las esquirlas de la granada tienden a moverse. “Los tratamientos y estudios especiales son caros y se necesita más apoyo, pues muchos reciben ayuda pero es temporal e insuficiente”.
En la plaza Ocampo donde fue el primer atentado fallecieron cinco personas y en la calle Quintana Roo falleció una más. Uriel de 14 años de edad, sobrevivió cinco días en el hospital, pero eran tan graves la lesiones que murió el día 20 de septiembre. Años después murió una mujer por las complicaciones en las lesiones, y recientemente murió Rita N.
Los deudos de la maestra Leticia Tapia llevaron una fotografía al lugar de la ofrenda donde murió después del ataque. Ese día iba toda la familia, con su esposo y tres hijos que ahora tienen 28, 31 y 33 años de edad, pero que entonces dos eran adolescentes y joven de 18 años. También fueron lesionados, y el padre de familia fue operado de la tibia y el peroné en un hospital particular.
Familiares piden se reabra la investigación
Como cada sexenio piden al Presidente en turno, los parientes de las víctimas han pedido que se reabra la investigación, porque después del atentado fueron detenidas tres personas que posteriormente fueron liberadas al comprobarse que eran inocentes.
“Nos dijeron en la Fiscalía del Estado iban a ver eso, “pero si no encontraron a los culpables en los primeros años ahora es mucho más difícil”, detalló la señora Bravo.
El secretario de gobierno Carlos Torres Piña declaró que el gobierno de Michoacán, está a la espera de que la Fiscalía General de la República (FGR) de una respuesta sobre si es factible que se reabra la carpeta de investigación, acción solicitada por las propias víctimas.
El ataque perpetrado con granadas hace 15 años en contra de las personas que festejaban el Grito de Independencia en pleno zócalo de Morelia, Michoacán, hecho inédito en nuestro país y calificado oficialmente como terrorismo con un saldo de 8 muertos y más de 130 lesionados, ha quedado impune hasta ahora.
Esto luego de la sentencia final emitida por un Tribunal Colegiado Federal cuyos magistrados resolvieron, en definitiva, la absolución de cuatro sujetos a los que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) acusó de pertenecer a Los Zetas, y de ser los responsables del ataque, pero que a la postre se descubrió que fueron detenidos ilegalmente y torturados para que se declararan culpables.
EL informe de esa dependencia indicaba que los tres detenidos fueron capturados en Antúnez, Michoacán en un operativo de la SIEDO, este que escribe acudió al lugar y donde se dijo que los habían capturado era un cuarto vacío, semi destruido, de una antena de telefonía celular, enfrente, un sitio de taxis y a un costado, una escuela secundaria.
Los Vecinos y taxistas del sitio donde supuestamente fueron detenidos los presuntos “Zetas”: Julio César Mondragón Mendoza, Juan Carlos Castro Galeana y Alfredo Rosas, señalaron: “Esos de la PGR tienen años que no realizan un operativo en esta región”.
Se conoció por medio del expediente de la CNDH, que los tres detenidos fueron llevados a un balneario “El Pedregal”, propiedad de El Becerro Líder de la Familia Michoacana en esa región, donde ellos golpearon y torturaron para declararse culpables según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y luego entregados a las autoridades, para cobrar la recompensa de un millón de pesos que daba la PGR, por la captura de los responsables.
El 17 de julio del 2009, la CNDH le informó a las esposas de los detenidos que por esa razón “se actualiza una causal de no competencia” del organismo “para seguir conociendo de sus quejas”.
Las esposas de Juan Carlos Castro Galeana, Julio César Mondragón Mendoza y Alfredo Rosas Elicea habían acudido a la CNDH para denunciar el secuestro y tortura a que éstos fueron sometidos por un comando armado para inculparse de los atentados ocurridos en dos puntos del centro histórico de Morelia y presentarse como miembros de Los Zetas, el brazo armado del cártel del Golfo, situación que fue negada por el juez, pues nunca se comprobó el hecho.
Según esas confesiones, el ataque tuvo como finalidad “calentar” la plaza de Michoacán y desatar una ofensiva del gobierno federal hacia La Familia michoacana. A las pocas horas del doble atentado, esa organización criminal se deslindó y advirtió que daría con los responsables para entregarlos al gobierno de Felipe Calderón.
Así ocurrió En noviembre del año pasado Proceso documentó en su edición 1670 que el propio comando que secuestró y torturó a los acusados los entregó a la PGR.
Por medio de la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Marisela Morales Ibáñez, la procuraduría admitió que dio con los detenidos gracias a una llamada anónima en la que le indicaron que los supuestos responsables estaban en una casa de la población de Antúnez, del municipio de Parácuaro
Los agentes que fueron por ellos reconocieron que los acusados estaban vendados, amarrados de los pies y esposados Cuando presentó a los detenidos, la PGR difundió un video en el que ellos “explicaban” la manera en que supuestamente aventaron las granadas La versión fue ampliamente difundida por la televisión.
Las esposas de Cabrera, Mondragón y Rosas Elicea: Esperanza Fajardo Ortiz, Judith Medina Ayala y Julia Sánchez Vázquez, respectivamente, acudieron a la CNDH desde septiembre de 2008, a los pocos días de que sus cónyuges fueron presentados por la procuraduría como presuntos responsables.
En respuesta, el organismo que preside José Luis Soberanes les aseguró que será el juez de la causa el que se pronuncie “en relación con la culpabilidad o no de sus familiares”, quienes desde noviembre pasado fueron enviados al penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco.
El deslinde quedó asentado en el oficio 32411, fechado el 17 de julio de 2009 y firmado por el primer visitador general de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, quien es mencionado como uno de los aspirantes a suceder a Soberanes en la CNDH en noviembre próximo
Respecto a las quejas contra los agentes del Ministerio Público y un defensor de oficio, en el sentido de que no sólo avalaron la declaración bajo tortura, sino que permitieron que rindieran su declaración con los ojos vendados, la Comisión remitió a las mujeres al Órgano Interno de Control de la PGR y a la Dirección General del Instituto Federal de Defensoría Pública.
Como resultado el caso no está esclarecido, pero eso no es todo. Al no haber sentencia no se conoce la verdad de los hechos, y tampoco hay responsables que reparen el daño que más de ocho familias reclaman entre los que se encuentran, por ejemplo, una mujer que perdió una de sus piernas, o menores de edad que aun padecen secuelas de la explosión.
La situación para ellos se ha agravado porque si bien la ley de víctimas contempla que tendrían derecho a un apoyo económico subsidiario, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no ha aceptado hasta ahora inscribirlos en el registro de víctimas hasta que finiquiten un trámite, que incluye que un juez ordene su reconocimiento legal, situación que también se les ha negado en las sentencias.
“Hemos sido olvidado por las comisiones de víctimas, actualmente nos encontramos en una situación de vulnerabilidad y a la fecha no hemos superado las consecuencias (…) es evidente que existieron fallas en la indagatoria y que la PGR vulneró los derechos humanos de los probables responsables, pero ello también conlleva a que el día de hoy se vulnere nuestro derecho a la verdad y a la justicia” indicaron las victimas en el escrito de queja que ya interpusieron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Reyna Velasco, la abogada que representa legalmente a ocho de las víctimas, consideró que este es un caso que ejemplifica tanto la incapacidad de la investigación que se padece en todos los niveles en México, así como la inoperancia de la CEAV para brindar apoyo alguno a víctimas obvias de un hecho de violencia tan paradigmático, como fue este ataque.
El caso comenzó a desmoronarse el 27 de mayo de 2015 cuando el juez a cargo del proceso determinó absolver y ordenar la libertad inmediata de los detenidos, al considerar que el proceso no podía continuar debido a la presunta tortura con la cual se obtuvieron las confesiones de los implicados.
Seis meses más tarde, en noviembre del mismo año, la PGR (hoy Fiscalía General) consiguió revivir temporalmente el caso luego de que un Tribunal unitario revocó la sentencia absolutoria y ordenó la reaprehensión de los implicados, para que se les practicara el denominado “Protocolo de Estambul”, que sirve para confirmar huellas de tortura.
Sin embargo los implicados – ya liberados – promovieron y ganaron un juicio de amparo que nuevamente frenó el caso. La Procuraduría intentó apelar dicha determinación y el expediente llegó este año al Primer Tribunal Colegiado cuyos magistrados resolvieron, en junio pasado, confirmar el amparo y absolución de los implicados,
Alfredo Rosas Elicea, El Socio o El Valiente; Juan Carlos Castro, El Grande, y Julio César Mondragón Mendoza, El Tierra Caliente, presuntos autores materiales de los atentados del pasado 15 de septiembre en Morelia.
Además, tuvo a cuatro personas sujetas a arraigo domiciliario y bajo investigación por estos mismos hechos, informó Marisela Morales Ibáñez, titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
Fuentes de la dependencia revelaron que en total son cinco los autores materiales del estallido de dos granadas de fragmentación en medio de la multitud que presenciaba la ceremonia del Grito de Independencia en la plaza Melchor Ocampo y el cruce de las calles Madero y Quintana Roo, en la capital michoacana.
Sin embargo todos fueron puestos en libertad después de que el juez resolvió que “no se respetaron sus derechos fundamentales, dado que fueron exhibidos” ante los medios y se publicó un video “donde son sometidos a una entrevista, sin presencia de defensor, en la que aceptaron su participación, lo que genera la nulidad de dicha confesión así como de las restantes pruebas que emanaron de la misma”, es decir, declaraciones de testigos protegidos.
La defensa de los procesados demostró que tres de ellos (los presuntos autores materiales) se encontraban en la ciudad de Lázaro Cárdenas el día de los hechos, sin que se aportara prueba en contrario” e incluso uno de ellos estuvo cenando con un familiar muy cercano de Leonel Godoy…
Atentado anunciado con tiempo ignoraron el llamado
“El lunes 15 de septiembre estén atentos porque va a haber un desastre el día del Grito”.
Eso decía uno de los mensajes que el Centro de Comunicaciones, Comando, Cómputo y Control, del gobierno de Michoacán recibió días antes del cruento atentado cometido el 15 de septiembre de 2008 en el centro de Morelia.
Del asunto estuvieron enteradas autoridades civiles y militares, pero no se le dio mucha importancia, reportó Inteligencia Militar y las copias de los audios fueron proporcionados al reportero.
Las gobiernos del presidente Felipe Calderón y del gobernador Leonel Godoy ignoraron en 2008 la información que alertaba sobre el ataque con granadas contra la población civil durante la conmemoración del Grito de la Independencia en Morelia.
Un documento oficial del Centro de Comunicaciones, Comando, Cómputo y Control, del gobierno de Michoacán, detalla cinco amenazas de atentado que fueron recibidas entre el primero y el 12 de septiembre a través del Servicio Telefónico de Emergencias “066”.
El documento detalla que las cinco advertencias fueron notificadas vía telefónica y escrita –en sobre cerrado- a altos funcionarios de la PGR, PFP, CISEN, SEDENA, SEMAR y de Protección Civil que estaban comisionados en Michoacán.
Una de las cinco amenazas fue recibida vía telefónica en el C-4 a las 11:37 horas del viernes 12 de septiembre de ese año, y en ella un hombre advirtió de forma textual: “El lunes 15 de septiembre estén atentos porque va a haber un desastre el día del Grito”.
Esta información fue compartida de inmediato por personal del C-4 a Citlalli Fernández González, ex-secretaria de Seguridad Pública de Michoacán y ex consejera del Poder Judicial estatal; Fidel Calderón Torreblanca, ex-secretario de Gobierno y ex diputado local; así como a Miguel García Hurtado, ex procurador de Justicia de Michoacán.
La amenaza fue notifica vía telefónica en sobre cerrado a Mario Bautista Ramírez, ex director de la Policía Estatal; así como a las oficinas del general de la XXI Zona Militar con sede en Morelia y del vicealmirante de la X Zona Naval con sede en el Puerto de Lázaro Cárdenas.
El sobre cerrado con esta información también fue entregado en las oficinas de los delegados de la PGR y del CISEN en Michoacán, así como en la comandancia regional de la Policía Federal.
Ninguna de las cinco amenazas fue tomada en serio, por lo que presuntos sicarios del cártel de La Familia Michoacana detonaron una granada de fragmentación en la Plaza Melchor Ocampo de Morelia, frente al Palacio de Gobierno, en los instantes en que Leonel Godoy arengaba la bandera para conmemorar el Grito de la Independencia. Otra granada fue detonada a cinco calles del Palacio.
Como dijo el secretario de Gobierno Torres Piña: Aquí no hay novedad, todo sigue igual”.
