Partidiario

Criterios

Desbordada por la corrupción en el Poder Judicial de Jalisco, la justicia tiene precio ─¡y cada vez más alto!─, alguien, ante la impunidad y la “justicia” negociada y,  obviamente, selectiva, se hizo “justicia” por propia mano.

Así fue que la noche del domingo 24 de noviembre fueron ejecutados, en una colonia popular de Guadalajara, un juez de lo Civil, su secretario y el también secretario de un juzgado de lo Familiar, a quien hace diez días se le venció su nombramiento.

Ellos son, o fueron: el juez segundo civil de Primera Instancia de Tlajomulco, Mario Zúñiga Luján, de menos de 50 años de edad; su secretario, Cristian Diego Gómez Mercado, y Sergio Israel Paredes Beltrán, quien fuera secretario del Juzgado XI en Materia Familiar.

Tras el triple homicidio ─dos murieron instantáneamente en lugar de los hechos y sólo uno, Cristian Diego, falleció poco después en el hospital─, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y, a la vez, del Consejo de la Judicatura, Ricardo Suro Esteves, condenó “enérgicamente este crimen perpetrado no sólo a tres seres humanos, sino al Estado de Derecho. Mi mayor pésame y solidaridad a los familiares”, escribió en su cuenta de tuiter.

Los fallecidos habían estado ligados a los panistas de tiempo atrás y estaban considerados, entre otros, como parte de la cuota de poder que el partido azul tiene en el Judicial a través, principalmente, del exsubsecretario de Gobernación, Abraham González Uyeda, como también lo tienen los demás partidos políticos y el Grupo Universidad de Guadalajara, liderado por su factótum Raúl Padilla.

El juez Mario Zúñiga Luján tenía en su haber diferentes denuncias que van desde la violencia intrafamiliar hasta por abusar de juicios para despojar de viviendas de derechohabientes del Infonavit, pasando por acusaciones de corrupción y más recientemente por hostigamiento y acoso laboral en contra de empleados contrarios a la compraventa de justicia al mejor postor.

De acuerdo con Jesús Muñoz Dueñas, líder del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial, el juez tenía en su contra una solicitud de juicio político por una serie de anomalías y corruptelas, y que en cuatro ocasiones ya había sido removido –entre otros lugares de Chapala– debido a su proceder y por situaciones nunca aclaradas.

La verdad del problema de la deshonestidad en el Poder Judicial viene desde lo alto, y no de ahora, sino de al menos de los tres últimos presidentes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado:

Celso Rodríguez González (2006-2012), pese a tener señalamientos de enriquecimiento ilícito y de diversos actos de corrupción, mediante artimañas se reeligió en dos ocasiones y luego, para perpetuarse como magistrado, se amparó e impidió que asumiera, en septiembre de 2017, María del Carmen López Ortiz, elegida por el Congreso estatal. No fue sino hasta hace dos semanas que perdió el amparo y dejó su puesto. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció  que el exmagistrado obtuvo dinero de procedencia ilícita y le congeló sus cuentas bancarias.

Luis Carlos Vega Pámanes (2013-2016). Tras asumir como presidente del STJEJ, trascendió que en su favor maniobraron Celso Rodríguez y Leonel Sandoval, Papá Leonel (padre del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval) para que se le eligiera, pese a la escasez de sus méritos, honestidad en particular. El 10 de noviembre de 2016 fue obligado a renunciar al confirmarse que en 1984 fue sentenciado por homicidio imprudencial.

Ricardo Suro Esteves asumió en 2017 y fue reelecto para un período más de dos años.  Su desempeño no sólo deja mucho que desear, sino que, por acusaciones de afectados directos y abogados, se sabe que va de mal en peor y que, incluso, convenia “moches” con jueces.

El más escandaloso caso denunciado en esta columna a principios de este año y ratificado a mediados de mayo, sucedió en 2018. Lo resumo:

El 24 de diciembre fue apresado el padre Francisco de Asís de la Rosa Patrón, director de Cáritas Diocesana por presunto fraude específico. Su acusador, el progenitor del Suro Esteves, Ricardo Suro Campos. En 2016, el clérigo había recibido en donación para el organismo cuatro terrenos de Ernesto Fernández López, escriturados legalmente. Éste, a su vez, los había comprado a su hermano Jaime –de mismos apellidos– antes de que fueran embargados en beneficio del abogado Suro Campos por una suma de 3.6 millones de dólares, demandados como pago de honorarios por litigios de dichos terrenos y que la parte beneficiada (Cáritas) desconocía.

Ante esta situación, el Arzobispado demandó la nulidad de las donaciones y actos colaterales (expediente 73/2008) en el Juzgado Primero de lo Civil. La familia Suro acusó a Cáritas de incumplir con el contrato de donación “por así convenir a su mezquino interés”. La mitra argumentó falsedad.

Para acelerar el caso, los Suro maniobraron para que al presbítero De Asís de la Rosa, un sabadazo –el 24 de diciembre– y lo aprehendieran. Lo dejaron en libertad el día 28, aparentemente mediante un desistimiento del abogado, pero en realidad el demandante, con el apoyo de su hijo magistrado presidente, exigió, y obtuvo, la entrega de dos millones de pesos, confirmaron a esta columna voces ligadas al Arzobispado.

Esa ha sido la norma a seguir en el máximo tribunal de justicia jalisciense, se quejan víctimas y abogados.

Desde hace rato, juzgadores de lo penal, civil, mercantil o familiar que, motu proprio, y también por sugerencia o manga ancha, venden sus juicios a sobornadores y las ganancias fluyen hacia arriba, en mayor medida que hacia abajo. Vox pópuli dixit.

Entonces, si se quiere saber cuál es el origen de las muertes de estos funcionarios públicos (ya se contabilizan 35 en lo que va del año), bastaría que investigara el Consejo de la Judicatura, que para eso está  y en realidad hace casi nada pese a que, al menos en el caso de Zúñiga Luján, había en su contra alrededor de una veintena de denuncias, y lo que habían hecho era cambiarlo de asignación hasta que encontró la muerte junto, aparentemente, con incondicionales suyos mientras bebían en la vía pública.

Alguien pudo hacerse justicia por propia mano; sin descartar que pueda haber otras motivaciones, cosa difícil de saber  si no se averigua. La impunidad rebasa el 98%…

Desafortunado buen estímulo para malhechores, corruptos y corruptores.