El 20 de abril de 2026 no fue un día cualquiera. Fue el día en que los estudiantes salieron a las calles a manifestarse por la reducción millonaria del presupuesto operativo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la institución pública con mayor índice de estudiantes del país. Pero también fue el día en que uno de ellos perdió un ojo. La manifestación se llevó a cabo a las afueras del Congreso Nacional de Honduras, donde se realizaba la sesión para discutir el presupuesto general de la República, y mientras adentro se debatían cifras, afuera se enfrentaba la realidad. La Policía Nacional de Honduras, bajo órdenes, inició el desalojo utilizando escudos, gas lacrimógeno y armas con balas de goma, y fue una de estas la que impactó en el ojo izquierdo de un estudiante. Con ese hecho, Honduras volvió a enfrentarse a una pregunta incómoda: ¿qué tan caro puede salir alzar la voz?
La lucha estudiantil nunca ha sido silenciosa. Siempre ha incomodado, siempre ha exigido. Pero lo ocurrido ese día no puede reducirse a un simple “enfrentamiento”. Aquí hay algo más profundo, más grave: el uso de la fuerza. Y no cualquier fuerza: una fuerza desproporcionada e irreversible.
Ese estudiante tiene nombre: Axel Josué Medina, estudiante y presidente de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), es el rostro de la defensa de la educación pública. Perdió su ojo izquierdo, sí. Pero no perdió su causa. Su lucha sigue, y con ella, la de muchos otros jóvenes que se niegan a callar.

Entonces, hay que preguntar sin rodeos: ¿Era necesario usar ese nivel de fuerza para dispersar estudiantes? ¿En qué momento una manifestación se convierte en una amenaza que justifica dejar a un joven sin un ojo? ¿Quién define los límites de la intervención policial, y por qué esos límites parecen romperse siempre del mismo lado?
Más aún, hay algo que no puede omitirse: esto no fue un hecho aislado, sino una acción bajo responsabilidad del Estado. Si existieron órdenes para desalojar a los estudiantes, entonces la pregunta es inevitable: ¿Se midieron las consecuencias de esas decisiones antes de ejecutarlas? ¿O simplemente se priorizó el control por encima de la vida y la integridad?
Porque perder un ojo no es un exceso menor. No es un “daño colateral” que pueda explicarse con comunicados porque Es una marca permanente. Es la prueba de que algo se salió de control… o peor aún, de que nunca hubo control. Y aquí aparece otra interrogante que incomoda aún más: ¿Se está gobernando con diálogo o con represión? ¿Se está escuchando a la juventud o se le está silenciando a la fuerza? ¿Hasta dónde se está dispuesto a llegar para imponer orden?
La lucha estudiantil no es el enemigo. Es el reflejo de un país que no termina de responderle a su propia gente. Pero cuando la respuesta del poder es la violencia, el mensaje es claro: manifestarse puede costarte el cuerpo.
El 20 de abril no es pasado: es advertencia. Porque cuando un estudiante pierde un ojo por exigir educación, lo que se pierde no es solo una parte de su vida: se pierde un límite como sociedad. Y cuando un país permite que eso ocurra sin consecuencias claras, ya no se trata de hechos aislados. Se trata de cuánto abuso estamos dispuestos a normalizar.
Alex Izán Hernández
Coordinador del Observatorio de Violencia Social y de Género
Red Lésbica Cattrachas
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