Académicos, colegios de abogados y organizaciones civiles llaman a retomar reforma judicial

Martes 2 de diciembre.- Un grupo integrado por instituciones académicas, organizaciones civiles y colegios de profesionistas hizo un llamado al Congreso de Jalisco para retomar y priorizar la reforma al Poder Judicial del estado, cuyo avance legislativo consideran insuficiente pese a los plazos establecidos a nivel federal.

El colectivo está conformado por el ITESO, la Universidad Panamericana, la Universidad del Valle de Atemajac, la Barra Mexicana Colegio de Abogados (capítulo Jalisco), el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados (capítulo Occidente), Coparmex Jalisco, especialistas en derecho, la organización Juicio Justo y el observatorio ciudadano Jalisco Cómo Vamos. Desde septiembre de 2024 han trabajado en una propuesta de reforma local derivada de la modificación constitucional al Poder Judicial de la Federación publicada el 15 de ese mes.

En su posicionamiento, señalaron que la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso integró en un solo dictamen las siete iniciativas presentadas —incluida la elaborada por este grupo— después de un periodo “excesivamente prolongado”. Recordaron que, conforme a la Constitución Federal, la reforma en Jalisco debió haberse aprobado desde el 14 de marzo de 2025, y que el plazo para concluir la adecuación constitucional y las leyes complementarias vence en abril de 2026.

El dictamen presentado en octubre pasado reavivó el debate, pero no logró generar los consensos necesarios para su votación. “No es lo mismo carecer de acuerdo, debatir y avanzar, que tener desacuerdos sin deliberación legislativa”, señalaron.

El grupo advirtió que el contenido final de la reforma marcará el rumbo de la justicia, el desarrollo económico y el capital social en el estado. Por ello, propusieron retomar la discusión en enero de 2026, bajo un esquema de debate amplio y plural como el que sustentó su iniciativa original.

Asimismo, anunciaron que en enero abrirán la discusión pública sobre su propuesta, la cual —afirman— garantiza independencia y autonomía para las personas juzgadoras, seleccionadas entre perfiles con honestidad, experiencia probada y prestigio, sin recurrir al azar como método de designación. Sostienen que únicamente bajo esos criterios el Poder Judicial podrá funcionar como un contrapeso republicano eficaz y orientado al beneficio de la ciudadanía.