En el contexto del año electoral y con el mandatario de Argentina, Alberto Fernández de testigo, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a los gobernadores un acuerdo nacional en favor de la democracia con el que se garantice la no intervención de las autoridades –federal y estatales– en las elecciones de este año. Aunque el llamado es simple y no hay margen a la negativa, no deja de ser profundo, y políticamente muy audaz. Les pidió a los Ejecutivos estatales que se comprometan a no apoyar a ningún candidato, a no utilizar recursos del presupuesto con fines electorales, a denunciar la presencia de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco en las campañas, impedir la compra de lealtades o conciencias, no traficar electoralmente con la pobreza, ni realizar actos de mapachería el día de la elección. “Por mi parte, les manifiesto que actuaré, como siempre, con absoluta rectitud y en defensa de la soberanía popular. Y a esto mismo los convoco a ustedes”, remató.
En ningún momento señaló a los mandatarios estatales como hacedores de las acciones que llama a evitar, por el contrario, la petición fue a cancelar la posibilidad de que eso suceda. En ningún momento afirmó que esté pasando algo así en las entidades federativas. Frente a esta primara parte del mensaje, es difícil que algún gobernador se pueda llamaragredido.
Lo que sí va implícito es un señalamiento al Instituto Nacional Electoral, pues si bien reconoce que esas prácticas de alquimia electoral forman parte de nuestro pasado, no podemos afirmar (el presidente no lo hace) que en la actualidad no existan. Pero va más allá, al llamar a los gobernadores a evitar las prácticas fraudulentas deja implícito que el INE ha sido incapaz de garantizarnos una democracia electoral sin las trapacerías de antaño, las cuales también reconocerían implícitamente las autoridades estatales al tomarle a palabra al presidente.
Sin duda, el INE tiene pocos elementos para contradecir la indirecta afirmación del presidente de la República, a pesar de que, el ramillete de prácticasenunciadas por López Obrador se encuentre tipificado como delitos electorales y sean objeto de sanciones administrativas o penales. De hecho, el Instituto no ha expresado comentario alguno al acuerdo lanzado por el inquilino de Palacio Nacional. En la misma situación se encuentran los partidos políticos quienes se vieron sorprendidos por la misiva lopezobradorista y no han decidido qué contestar.
Queda claro que, a pesar de la legislación electoral, es necesaria la voluntad política para hacer valer la ley y dejar de tener acciones ilegales que oscurezcan los procesos electorales.
A dos días del llamado del presidente, seguimos esperando la respuesta de los gobernadores que debe ser profundamente inteligente, aunque no tienen mucho margen de maniobra: si aceptan, reconocen que al menos existieron las anomalías a las que se refiere López Obrador y deberán sacar las manos de las elecciones o al menos no meterlas; de no aceptar, quedarán como reacios a la mano que tiende AMLO, y eso querría decir que van a cometer delitos electorales, o cuando menos que no los van a evitar.
El acuerdo para la democracia “de manera horizontal y respetuosa” que lanzó el presidente, puso contra las cuerdas a los gobernadores que apenas se estaban subiendo al cuadrilátero. No hay duda que los tomó por sorpresa.
@contodoytriques